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Una decisión del Consejo de Estado, que suspende provisionalmente la Resolución 2163 de 2016 del Ministerio de Transporte (que respalda el cambio de los taxímetros por tabletas), por ahora deja en vilo la modernización del servicio que se adelanta en la capital. La medida se mantendrá mientras los magistrados resuelven de fondo una demanda que busca anular dicha resolución, ya que supuestamente no se cumplieron los trámites que ordena la ley, al no contar de manera previa con un concepto de la Superintendencia de Industria y Comercio, que vela por la libre competencia.
El fallo puso a celebrar a los taxistas, que lo recibieron como un triunfo. Dicen que de ganar la demanda, se quedarían sin piso jurídico los decretos distritales que apuntan a la eliminación de los taxímetros. Sin embargo, la Secretaría de Movilidad aspira superar este traspié a más tardar la próxima semana, pues considera que se trata de un inconveniente “de forma y no de fondo”. Así lo dijo el secretario de la cartera, Juan Pablo Bocarejo, quien agregó que por ahora tendrán que esperar la evaluación que haga el Ministerio de Transporte para continuar con el proceso que terminaría su implementación el 31 de agosto.
Contrario a lo que señala la entidad distrital, para los taxistas sí hay un problema serio. Según Edison Perilla, miembro del sindicato Taxiplus Bogotá, el asunto va más allá de la ausencia de un concepto. “La Resolución 2163 se expidió para regular el servicio público de pasajeros, pero para el servicio de lujo y no para el servicio básico, como lo pretende hacer la administración. Es decir, si analizamos la resolución, no debería aplicarse para nosotros”.
Con la lupa puesta
La medida del máximo tribunal administrativo no es el único inconveniente. A menos de 10 días de que se cumpla el primer plazo para que los taxis con placas terminadas en cuatro, cinco y seis completen el cambio de taxímetros por tabletas, la Personería y la Procuraduría pusieron la lupa sobre este proceso.
Por un lado, el ente disciplinario nacional pidió a Movilidad los análisis técnicos y jurídicos que dieron la viabilidad al cambio, así como los resultados de las pruebas piloto en las que se comprobó “la efectividad del uso de aplicaciones digitales, con las evidencias de cobertura y conectividad”. Asimismo, pidieron información sobre el impacto económico para los usuarios; la reglamentación técnica para el uso de las tabletas y el informe con las medidas planeadas para evitar que la nueva tecnología afecte al gremio y el servicio.
Por el otro lado, la Personería hizo un llamado ante las quejas de los taxistas por el posible incremento de la inseguridad y los altos costos del servicio tecnológico, por lo que pidió al Distrito estudiar las medidas que implementará para garantizar la seguridad y hacer control a las empresas que venden las tabletas, ante los reportes de cobros excesivos.
Sumado a esto están las inquietudes de los taxistas frente al cobro de $50.000 mensuales que harían las empresas con la entrada en operación del nuevo servicio, y con la capacitación de los usuarios sobre el aumento en la tarifa y los nuevos procedimientos al tomar un taxi.
Con el proceso frenado, por ahora sólo le queda a la administración esperar la evaluación del Ministerio de Transporte, para tener claro si se retoma el proceso rápidamente o sigue en vilo. Mientras tanto, tendrá tiempo para responder las inquietudes de los entes de control y las solicitudes de los taxistas, que aún se niegan a cambiar la metodología de cobro.