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Dos amotinamientos registrados en establecimientos de reclusión de Bogotá dejaron en evidencia una de las graves consecuencias de los problemas de hacinamiento que hay, no solo la capital, sino en todo el país. El pie de fuerza disponible en las estaciones de Policía y las Unidades de Reacción Inmediata (URI) es insuficiente para custodiar los aglomerados sitios de reclusión. No por nada en apenas 14 días de 2020 ya se presentaron cuatro intentos de fuga en estos sitios.
Los hechos más recientes ocurrieron entre la noche del lunes y la madrugada de este martes, con pocas horas de diferencia entre sí. El primero, en el que una persona perdió la vida, fue un motín en el que incluso se quemaron algunos enseres de la estación de Policía de Los Mártires, en el sur de la ciudad. En medio de la gresca ocurrió una riña entre dos hombres de apellidos Espejo Bautista, de 22 años, y Cachalla Guarín, de 25, quien murió de camino al hospital Santa Clara, donde sí reposa el otro joven herido. La situación se agravó a tal punto que fue necesaria la presencia de miembros del Esmad
En el lugar hay calabozos de unos 20 metros cuadrados en los que hay hasta 80 personas. Por eso es común que apliquen “técnicas” para agredir a los policías e intentar fugarse, como la que describió Armando Vergara, defensor de derechos humanos y veedor de Salud y Bienestar para la Policía, ante las cámaras de CM&. “Lo que siempre hacen es formar una pelea en el muro de atrás, por lo que los policías que custodian tiene que entrar a separarlos. Ahí ellos pasan a golpear a los policías”.
El otro fue un intento de fuga en la URI de Puente Aranda, que ocurrió luego de que los uniformados requisaron a los detenidos. Durante el registro, las autoridades hallaron armas blancas, estupefacientes, celulares y audífonos, por lo que los reclusos iniciaron una revuelta para intentar escapar del sitio. En este punto también fue necesaria la presencia del Esmad para disipar el motín.
Sobre esta forma de intentar la fuga, el veedor de la Policía explicó que es común que los reclusos intenten quemar cosas y generar confusión al interior de los centros de reclusión, y que en medio del caos intentan escapar de las hacinadas URI o estaciones de Policía.
La situación llamó la atención del secretario de Seguridad, Hugo Acero, que se refirió a los hechos aceptando en primer lugar que hay retos muy serios con este tipo de establecimientos, a la vez que confirmó que no es tan sencillo intervenir ya que para esto es necesario un trabajo conjunto con la Nación y la Fuerza Pública.
“La verdad es que tenemos problemas con una buena cantidad de estaciones de Policía y en las URI, pero es algo que viene desde las cárceles nacionales que tienen alto hacinamiento. Eso nos está provocando muchos problemas al interior de estos establecimientos. Con la alcaldesa hemos tratado este tema y la verdad es que toca llevarlo directamente con el presidente Duque, porque requiere decisiones importantes”, manifestó Acero.
El secretario adelantó que diseñó una propuesta, de la que no dio mayores detalles pues primero la discutirá en las próximas horas con la alcaldesa Claudia López. “La vamos a revisar y en los próximos días intentaremos presentársela al presidente Duque”, fue lo único que confirmó Acero, quien también resaltó que hay toda la disposición para trabajar de la manos con las cabezas del Ejército y la Policía, quienes de hecho ya participaron de el primer consejo de seguridad que lideró el Distrito.
El tema del hacinamiento en establecimientos de reclusión no es nuevo y de hecho está sobrediagnosticado. A finales del año pasado, la Personería de Bogotá evidenció su preocupación por los altos porcentajes de hacinamiento en las URI de la capital, en las que en términos generales hay un sobrecupo del 157,7 %.
La que más llamó la atención del Ministerio Público fue la de Kennedy, donde al momento de la visita de la entidad había 127 personas, en un lugar que tiene capacidad máxima de 70 personas.
La de Puente Aranda, donde ocurrió el amotinamiento, es otra con graves índices de hacinamiento: el lugar permite recibir a máximo 80 detenidos, y allí hay 116, de los cuales por lo menos 100 ya deberían estar en cárceles. Incluso, el joven que murió llevaba diez meses esperando ser trasladado a una cárcel, pues ya estaba condenado por homicidio.
Esta grave situación, según concluyó la Personería, “demuestra el retorno de las condiciones infrahumanas a estos centros de transitorios. Seguimos requiriendo a la Corte Constitucional que, así como hizo un auto para Medellín, haga lo mismo con Bogotá. No es justo que el Inpec desconozca las órdenes de la justicia y que tantas personas tengan que soportar estas condiciones tan infrahumanas en las URI”.