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Construir la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO), la que lleva años en el papel, la que pasará por la Reserva Van der Hammen y cuyo retraso ha beneficiado económicamente (de manera indirecta) a particulares como los Nule, es una de las prioridades para Enrique Peñalosa, quien la quiere empezar cuanto antes. Más allá de las gestiones ambientales que debe adelantar, la determinación ya tiene los primeros efectos en la administración misma: puso a correr a la Secretaría de Movilidad.
La razón: los predios donde desde hace 13 años funcionan los parqueaderos para vehículos inmovilizados son del IDU (los compró para la obra). Y como el proyecto parece un hecho, la Secretaría los tendría que devolver antes de 2018. De los lotes que se han comprado para la ALO, casi 200 (entre la calle 13 y la avenida Esperanza) los tiene Movilidad.
Por eso, esta cartera distrital busca alternativas. Lo que tienen claro es que comprar terrenos no parece una opción, ya que los pocos lotes que servirían cuestan mucho. Para hacerse a una idea: los terrenos donde funcionan los patios para particulares (Los Álamos) tienen casi 50.000 metros cuadrados y, según un reciente avalúo, cuestan casi $80.000 millones.
Para encontrar una solución, la Secretaría firmó un contrato de consultoría por $491 millones con la Unión Temporal AFH-Profit, que estructurará en ocho meses el proceso “técnico, financiero y jurídico” de la licitación para elegir al nuevo concesionario que en los próximos años prestará el servicio de grúas, parqueo y custodia de los carros inmovilizados.
La historia
Debido a la incertidumbre que ha rodeado la construcción de la ALO, la Secretaría de Movilidad le pidió en 2003 al IDU que le prestara algunos inmuebles, ya que no tenían dónde parquear carros inmovilizados. El Instituto accedió, pero aclaró que debían ser devueltos cuando se fuera a construir la avenida. En las cláusulas quedó que la restitución se debía hacerse seis meses antes.
Con los predios bajo su control, la Secretaría abrió dos licitaciones para adjudicar a privados sendas concesiones para prestar el servicio de grúas y patios. Una fue para la inmovilización de carros de servicio público (patio Fontibón) y otra para particulares (Los Álamos). La retribución de recursos planteada al comienzo fue de 80 % para el particular y 20 % para el Distrito, a pesar de que los terrenos los ponía la administración. Al IDU, dueño de los lotes, no lo incluyeron en ese esquema.
El patio Fontibón, que inicialmente se le adjudicó a Jaime Hernando Lafaurie, hoy es operado por la Secretaría de Movilidad. En el caso de Los Álamos, la concesión se la adjudicaron en 2003 y hasta 2015 a la sociedad Ponce de León (de los Nule). Como la empresa fue liquidada tras el escándalo del carrusel de la contratación, la concesión pasó en 2014 al grupo colombo-argentino Segrup.
Aunque esta concesión se venció a finales del año pasado, la administración Petro la prorrogó seis meses (tras fracasar la licitación para elegir nuevo operador). Bajo el mismo argumento de garantizar el servicio, la actual la extendió hasta junio del próximo año. Sin embargo, lo hizo bajo nuevas condiciones: aumentar el porcentaje de participación del Distrito (de 40 % a 43 %), mejorar las instalaciones para servicio al cliente y aumentar la flota de grúas (de 80 vehículos a 90). Las nuevas condiciones se lograron gracias a un estudio que señalaba que la remuneración al concesionario debía ser menor, ya que las utilidades alcanzaron 26 % el año pasado. Es decir, por cada $1.000 millones de ingresos ganaban casi $260 millones.
Licitación
Segrup estará al menos hasta mediados del próximo año, tiempo durante el cual tendrá que devolver a la administración todos los bienes adquiridos por la concesión. Mientras esto avanza, la estructuración de la nueva licitación tendrá que estar lista en el primer semestre del próximo año. A partir de ahí, la Secretaría de Movilidad podrá abrir la convocatoria para un nuevo operador del servicio. Eso sí, el nuevo esquema tendrá un elemento nuevo: quien quiera el negocio tendrá que tener sus propios terrenos e infraestructura.
El nuevo concesionario debe tener la capacidad para atender los 8.000 carros que se inmovilizan al mes en la ciudad. Además, custodiar los centenares de vehículos que cada año son abandonados, cifra que aumenta 3 % cada año.
“El futuro del proyecto se estructurará considerando la prestación del servicio con calidad, tecnología y la construcción de infraestructura para la atención al público, y todo esto desarrollado en uno o varios predios aportados por el concesionario, de manera que se brinde al ciudadano una atención integral”, dice Movilidad.
El reto que enfrenta la Secretaría es grande, pues la nueva exigencia implica un cambio en el esquema que se ha usado en los últimos 13 años, en el que el privado ha puesto las grúas y el Distrito los predios. Un esquema que ha sido cuestionado, pues le otorga un alto porcentaje de ganancias al particular, a pesar de estar explotando bienes oficiales. El proceso avanza y Movilidad sabe que por cuenta de la ALO debe acelerar el proceso.