Muerte bajo custodia

Imagen de referencia / AFP

Julián Balsero Páez, de 25 años, es el caso más reciente de la muerte de un civil en un CAI. El reporte oficial dice que el pasado 8 de septiembre se quitó la vida con los cordones de sus zapatos, en la unidad del barrio 20 de Julio, localidad de San Cristóbal. A pesar de que un amigo suyo corroboró esta versión en un video, su familia insiste en que él no tenía motivos para hacerlo y pide una investigación a fondo para conocer la verdad, porque sospechan que lo hizo la Policía.

Así, como Balcero, cada año se registran en el país hechos en centros de retención, con un factor común: la última vez que vieron con vida a las víctimas estaban bajo custodia policial. Según cifras del Instituto de Medicina Legal, entre enero de 2015 y junio de este año en el país se documentaron 180 homicidios, 46 suicidios, 1.417 abusos sexuales y 7.793 lesiones de ciudadanos que estaban bajo el cuidado de las autoridades.

Al revisar los reportes desde el interior de algún tipo de centro de detención (cárceles, unidades militares, UPJ, CAI o estaciones de Policía) los datos son igual de complejos: en este mismo período mataron a 164 ciudadanos, se quitaron la vida 146, fueron violados 226 y casi 5.000 sufrieron graves lesiones. Y la tendencia nacional revela más: en 707 homicidios, 251 violaciones, 44.437 lesiones el principal sospechoso es un miembro de la Fuerza Pública.

Al poner la lupa en Bogotá la situación no es menos preocupante: en la capital se registra al menos uno de cada 10 casos denunciados en el país, siendo Ciudad Bolívar, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe y Bosa las localidades con más incidentes. Desde enero de 2015 a junio de este año se han registrado en la ciudad 18 homicidios y cuatro suicidios de personas bajo custodia. Solo en el primer semestre, Medicina Legal reportó 1.844 casos en los que se causaron lesiones durante una retención legal.

El fenómeno ya ha sido analizado y denunciado por organizaciones de derechos humanos, que han alertado sobre las malas prácticas de algunos uniformados. Según un análisis del Observatorio de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia - Europa - Estados, al menos uno de cada cuatro homicidios, en los que el sospechoso es un agente estatal, ocurrió cuando la víctima estaba bajo su resguardo.

“Muchas de las personas que han muerto en estaciones de Policía ha sido a causa de golpizas o malos tratos, según han denunciado sus familiares. En la mayoría, la versión oficial fue que las muertes se habrían producido por suicidios o ‘problemas de salud’. De ser ciertas estas excusas, resulta incomprensible que estos sitios se hayan convertido en el lugar favorito para que los jóvenes se quiten la vida o para que personas moribundas prefieran pasar sus últimos momentos allí”, dice la organización.

“Somos responsables”

Si bien la Policía no oculta la situación y expresa preocupación por los casos en los que los uniformados actúan por fuera de las normas, destaca que no es una constante y que todos los días trabaja por contrarrestar estos hechos en el interior de la institución. No obstante, reconoce que, sin importar la situación, al final sí son responsables a nivel administrativo y de ahí el gran cúmulo de demandas contra la Policía.

“El hecho de tener un muchacho bajo custodia me hace garante de su vida y administrativamente somos responsables. Si al joven lo matan en una celda o se suicida, la pregunta es: ¿dónde estaba el policía? O si llega a una celda lesionado en vez de llevarlo a un centro asistencial y se muere, es una negligencia y una falla del servicio. Todo esto inevitablemente deriva en multimillonarias demandas. Por eso, todo al que traslademos es nuestra responsabilidad”, dice el coronel Hernán Meneses, jefe de la Oficina Jurídica de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Por eso, dice el oficial, como Policía existe la orden a todos sus efectivos: deben tomar ciertas medidas de protección como quitarle los cordones, la correa del pantalón y cualquier otro elemento con el que se puedan o puedan causar daño, algo en lo que pudieron haber fallado en el caso de Balsero. Es en ese tipo de omisiones, cuando “se puede configurar una negligencia policial por no estar pendientes, podría tener implicaciones hasta penales. Cada caso se debe analizar en detalle”.

Frente a otros casos, donde se ha señalado a la Policía por uso excesivo de la fuerza, al punto de atribuirles varios homicidios en la ciudad y el país, el oficial reconoce que, si bien la institución tiene la facultad para el uso de la fuerza, no todo se puede justificar. “Por eso hemos abierto muchos canales para que la ciudadanía pueda denunciar y hemos abierto muchas investigaciones disciplinarias”.

Esta afirmación está respaldada por cifras de la rendición de cuentas de la Inspección General de la Policía Nacional, que indican que el año pasado la institución recibió 37.000 quejas y reclamos en su contra en todo el país, de las cuales 8.400 fueron por abuso de autoridad. La que registra el mayor número de inconformidades reportadas por la comunidad es la Policía Metropolitana de Bogotá con 6.605 casos.

En cuanto a procesos disciplinarios, el mismo informe destaca que el año pasado se contabilizaron 6.231 investigaciones y se impusieron 4.138 sanciones, de las cuales 936 fueron de destitución y 1.407 de suspensión. Las conductas más sancionadas fueron negligencia en el servicio (440 casos), agresión física (229) y abuso de autoridad (211).

Fueron procesados penalmente 583 uniformados, 143 por concierto para delinquir y 49 por homicidios. En el caso puntual de Bogotá, desde 2014 a la fecha, solo 10 casos se han investigado disciplinariamente por lesiones o muertes, de los cuales tres fueron cerrados, uno archivado y en dos se tomaron decisiones de destitución o suspensión. Seis casos siguen activos.