Nada que llega el agua a zona rural de Útica

La Gobernación y el municipio empezaron a construir en 2007 un acueducto para las veredas de la zona. La obra no se ejecutó y la Contraloría departamental encontró un detrimento de $1.300 millones.

El agua no ha llegado a la zona rural de Útica. Por lo menos no a través de un acueducto regional como alguna vez prometieron. Hoy el alcalde del municipio, José Gabriel Hernández, dice que hay “2.000 personas afectadas que se dedican a la plantación de caña de azúcar para sacar panela y a la ganadería. En el sector urbano sí tenemos agua porque la producimos con una asociación de usuarios del municipio. El problema con las veredas es muy grave”.

En octubre de 2012 la Contraloría de Cundinamarca visitó el municipio de Útica por una serie de quejas presentadas por habitantes de la región. Para ellos no era coherente que la zona rural de Útica tuviera que pasar por temporadas de sequía cuando en 2006 la Alcaldía había prometido la construcción de un acueducto. En ese entonces la Gobernación departamental realizó un contrato con el Consorcio Acueplan para la “construcción de acueductos y alcantarillados en municipios de Cundinamarca”. El valor del contrato fue de $20.362’220.292 y estaba planeado que en 14 meses se ejecutara el proyecto.

Sin embargo, los investigadores de la Contraloría hallaron presuntas irregularidades en la construcción del “acueducto interveredal La Montaña, El Entable, La Chivasa y Terama” (veredas ubicadas en la zona rural de Útica). Para este acueducto habían destinado $1.317’424.855 y este contrato en particular había sido celebrado entre el municipio y el ingeniero Adenawer Mahecha Mahecha, según la Contraloría.

Cuando los funcionarios de esta entidad llegaron a la quebrada El Palmar (donde estaba almacenada el agua) sólo se “encontró un tubo de PVC de 8 pulgadas. La obra sólo cuenta con una red de conducción de cuatro kilómetros aproximadamente, el sistema no está en funcionamiento y la obra está inconclusa y en estado de abandono”, dice un informe técnico de la entidad de control. La Contraloría departamental concluyó que había “falta de planeación en esta obra, pues el sistema que debería surtir de agua potable a las veredas nunca funcionó debido a que no se contaba con la autorización de los propietarios por donde se tendió la red y tampoco se evidencia la autorización de la CAR (Corporación Autónoma Regional) en cuanto a concesión de cauces. Se estableció un presunto detrimento a los recursos del departamento en cuantía de $1.317’424.855”.

El destino del presupuesto es incierto. Cuando la Contraloría indagó por la tubería del acueducto encontró que los tubos estaban almacenados en una bodega ubicada en el municipio de Madrid y que, “como consta en el acta de la visita, no está la totalidad de la tubería que se había almacenado”. Dice la Controlaría que la empresa que los almacenó (Tubotec SAS) no entregó la certificación que soportaba que la totalidad de los tubos estaba en el lugar. Según el acta de la visita, hacían falta 185.
Aún no se ha establecido sobre qué entidad recae la responsabilidad de este presunto detrimento. Sin embargo, el caso ha sido tan complicado que tiene alcances penales, disciplinarios, fiscales y administrativos, según el informe de la Contraloría.

La Gobernación de Cundinamarca tiene su propia explicación para lo sucedido. Según Juana Laverde, gerente de Empresas Públicas de Cundinamarca (EPC), “en 2008 la empresa realizó diversas gestiones con los alcaldes de Útica y Vergara, quienes eran los encargados de obtener los permisos con los propietarios, que no dejaron seguir con la instalación de la tubería”. En ese entonces, según la información recopilada por EPC, la comunidad se negó a vender los terrenos y entonces se propuso “comprar los predios aledaños a la captación y nacimiento de la quebrada El Palmar, dado que esta fuente abastece a las zonas urbanas de Vergara y Nimaima”. Entonces, dice Laverde, “se presentó un proyecto ante la Secretaría de Ambiente del Departamento para comprar los predios contiguos a la captación”. Sobre el presunto detrimento, la entidad prefirió no pronunciarse.

Hoy, en todo caso, Empresas Públicas de Cundinamarca tiene un plan con la Inmobiliaria Cundinamarquesa para obtener los predios por donde pasaría la línea de conducción del acueducto: “La empresa cuenta con el diseño y los recursos necesarios para adelantar la instalación de la tubería faltante del proyecto. Como contraprestación, a los propietarios de los predios por donde pasará la red se les planteó la posibilidad de adelantar un proyecto de acueducto veredal para la población vecina a la fuente”.