Nada tuve que ver con “mafias de la educación”

Dice Édgar Páez, comerciante que aparecía en la junta de un colegio cuestionado en 2012 por sus contratos con el Distrito, precisó que se había retirado años antes del escándalo y que su nombre lo usaron sin su consentimiento.

Édgar Páez, comerciante. / Johnatan Ramos

En septiembre de 2012, en un informe especial de cuatro entregas, El Espectador puso en contexto una serie de amenazas recibidas por funcionarios de la Secretaría de Educación de Bogotá, en la localidad de Suba. La investigación hizo evidente las tensiones entre los colegios privados que reciben fondos del Distrito. En ese entonces, se encontró que una sola familia en Suba, de apellidos González Cifuentes, desarrolló una estrategia para recibir fondos del Distrito destinados a colegios privados en zonas donde la oferta educativa pública era deficitaria.

Con la revisión de documentos y los certificados de Cámara de Comercio, en que la familia González Cifuentes aparecía como dueña, se comprobó que sus 10 colegios recibieron $64.780 millones en cupos educativos de la Secretaría de Educación, entre 2008 y 2012. Lo paradójico es que en uno de los colegios aparecía como socio Édgar Páez, que nada tenía que ver en ese entonces con los negocios.

Tres años después de la publicación, el supuesto socio de las González, después de librar su propia pelea para aclarar la forma cómo su nombre fue usado, se acercó a El Espectador para demostrar que, en 2012, pese a que aparecía como miembro de la junta de uno de esos colegios, él había cedido sus acciones y no tenía vínculos con las empresarias. Eso sí, conoció detalles de su actividad. Esta es su versión.

¿Quién es Édgar Páez?

Soy un comerciante y me dedico a los carros.

¿Cómo terminó vinculado al sector educativo hace una década?

Inicié comprando un colegio que hoy se llama Liceo Mallerland. Lo pagué con trabajo propio en una estación de servicio de la Esso de Unicentro. Trabajaba como auxiliar de la estación y mi papá era el jefe de patios. Me vinculé porque mi exesposa estudiaba contaduría y trabajó con la dueña del colegio. Cuando la dueña se fue para España, quería dejarla a ella administrándolo, pero yo le dije que más bien lo compráramos. Y lo hicimos. Tenía 47 niños en esa época. Lo terminamos de pagar y, en 1998, mi exesposa terminó haciendo negocio con las señoras González. Después me propusieron que colaborara en la parte de convivencia social y así terminé participando.

¿Y qué pasó después?

Estuve apoyando esa convivencia unos siete años, pero nunca me dejaron entrar a la parte administrativa, a pesar de que les solicité que me dejaran ver cómo era el funcionamiento interno del colegio. Comenzó entonces el crecimiento de los cupos, hasta llegar a 1.200 estudiantes. Por esa época, ellas compraron el Liceo Empresarial del Campo y me incluyeron como socio. Como de nuevo no me dejaron entrar en la parte administrativa, finalmente, vendí el Mallerland y cedí las acciones del Liceo Empresarial del Campo. Luego, me separé de mi esposa y, en 2008, después de una demanda ante la Comisaría de Familia Novena para acceder a lo que me correspondía por mi trabajo, quedó disuelta la sociedad y cedí todas las acciones que tenía.

¿A quién cedió sus acciones?

A las señoras González y a mi exesposa. El registro quedó en actas internas porque es una sociedad anónima. Así fue que se vendió el Liceo Mallerland y se cedieron mis acciones en 2008.

¿Y por qué en 2016 seguía figurando como miembro de la junta directiva?

Le pregunté a mi exesposa y a las señoras González por qué seguía apareciendo como socio y contestaron que por un error involuntario no me habían sacado. Sin embargo, sé que firmaron contratos con mi nombre casi ocho años y no tengo nada que ver. Tengo registros que demuestran, con firma y huella, que dejé de pertenecer a esa sociedad en 2008 y que en el Liceo Empresarial del Campo no me sacaron de los papeles en la Cámara de Comercio.

Eso me ha perjudicado social, moral y económicamente. Por eso, ahora que ustedes me dan la oportunidad de resarcir y demostrar mi buen nombre, reitero que no tengo participación en “la familia de los 12 mil cupos” ni de las “mafias de la educación”, como ustedes concluyeron en el informe periodístico de 2012.

¿Qué contratos firmaron a su nombre?

Como no me sacaron de los documentos, me di cuenta en febrero que, según la Cámara de Comercio, todavía pertenecía a la junta administrativa del colegio referido. Pero nunca he tenido contratos con la Secretaría de Educación ni a mis cuentas bancarias ha entrado dinero alguno del Estado.

¿Cómo evalúa la gestión de sus exsocias en el sector de la educación?

No puedo dar una evaluación completa ni veraz porque ellas son las que se reunen con las personas de la Secretaría de Educación, supervisión y CADE. Sé que la educación en Suba va mejorando, pero evaluar la gestión de estas señoras no lo puedo hacer porque no tengo contacto con ellas.

¿Por qué cree que tuvo resistencia de sus exsocias para conocer cifras sobre la administración de los colegios?

Realmente, lo sigo pensando. Nunca me dejaron ver cómo se manejaba un convenio o un contrato con la Secretaría. Nunca me dejaron entrar en la parte administrativa. Yo sólo colaboré en la parte de convivencia. Siempre se me hizo muy raro y de ahí la decisión de separarme de ellas y disolver la sociedad. Hoy no sé si estarán en alguna investigación.

¿Hoy tiene alguna relación con ellas?

Cero. No hablo con ellas, ni siquiera por medio de abogado. Estuve en vano buscándolas en el colegio para que me dieran la cara y me explicaran por qué me tienen a mí como un negociante de la educación o que supuestamente pertenezco a la familia de ellos. Pero, repito, ni soy cercano a los González Cifuentes ni tampoco tengo relaciones con mi exesposa. Ni siquiera tengo contacto con mis hijos a raíz de este tema.

¿Emprenderá acciones legales?

Inicialmente estoy llevando una acción civil extracontractual en contra de la sociedad, pero pienso iniciar un proceso en la Fiscalía para demostrar mi buen nombre. Con las pruebas que tengo, que son reales, pues están firmadas por ellos mismos, se demuestra que a mis cuentas nunca ingresó un peso del Estado.

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