"Ni enfermos, ni delincuentes"

Despenalizar al consumidor y reivindicar la planta de marihuana es la propuesta. Oposición de los cristianos aviva el debate.

 Junto a la planta, el grupo promotor de la movilización en Bogotá.  / Luis Ángel - El Espectador
Junto a la planta, el grupo promotor de la movilización en Bogotá. / Luis Ángel - El Espectador

Luego de que el gobierno de Estados Unidos anunciara un giro trascendental en su política antidrogas y la Alcaldía de Bogotá se animara a darle un uso terapéutico a la marihuana en un tratamiento contra el bazuco, el debate de la regulación del consumo de sustancias ilícitas, sobre todo el de cannabis, está abierto. Una oportunidad que miles de ciudadanos del mundo, consumidores o no, aprovecharán saliendo a las calles a decirle al Estado y a la sociedad que la marihuana no es una mata que mate, que fumarla no es un delito y que el ‘marihuanero’ no está destinado a ser habitante de calle.

Cigarrillos de marihuana disponibles en supermercados, publicidad con mujeres semidesnudas meneándose en una playa paradisíaca promoviendo el consumo de cannabis o médicos recetando hachís de tal o cual farmacéutica, son escenarios que no caben en la cabeza de quienes consideran que el consumo de esta sustancia debe ser penalizado. Pero tampoco es la obsesión de quienes marcharán.

“Legalizar no es la bandera de la movilización. Tampoco lo es reivindicar el consumo de marihuana. Lo que queremos hacer es decirles a las instituciones que tenemos el derecho a hacerlo y que no queremos ser los falsos positivos de la lucha antidrogas”, dice Johana Arévalo, socióloga y activista de los derechos de los usuarios de cannabis.

Steve Méndez, un joven de Ciudad Bolívar que se une a la marcha, dice que él es uno de esos ‘falsos positivos’. Según cuenta, hace dos meses sufrió una detención por parte del Grupo de Operaciones Especiales del Ejército en un parque de su localidad. Dice que no estaba consumiendo, pero que sus manos olían a hierba. Motivo suficiente para que fuera conducido a una estación de Policía donde, presuntamente, el soldado habría entregado un paquete de 20 gramos de marihuana alegando que se trataba de un distribuidor. De acuerdo con su versión, el testimonio de su novia frente al comandante de la estación hizo que el incidente no pasara de una retención de menos de doce horas. Aunque quedó registrado en los récords oficiales como la captura de un ‘jíbaro’.

“Defendemos nuestro derecho al consumo, pero no el enriquecimiento de las mafias. Incluso, estamos planteando que se regule el autocultivo para que los ciudadanos se alejen de los mercados ilegales”, dice Álix Lesmes, abogada y activista. Una propuesta que viene haciendo eco desde que en 1999 se inició la marcha mundial en Canadá y que ya fue acogida por países como Uruguay, donde ligas de consumidores han acordado con el Estado la promoción entre los usuarios de métodos de cultivo que no impliquen una producción masiva ni la industrialización de la planta.

Y es que, de acuerdo con cifras de la corporación Genecca, que trabaja con jóvenes del sur de la ciudad, doce muchachos han muerto en Ciudad Bolívar por causa del microtráfico. “Consumidores han sido instrumentalizados por las mafias y se convierten en carne de cañón en sus guerras. No avalamos el microtráfico y le decimos al Estado, que viene avanzando en términos de nuevas ciudadanías con programas como los de la Alcaldía de Bogotá: pagamos impuestos, trabajamos, aportamos a la sociedad; si nos reconoce como ciudadanos, hay que apostarle al autocultivo”, dice Daniel Delgado, miembro de Genecca.

Para el concejal cristiano Marco Fidel Ramírez, “es imposible evitar que el consumo no termine en criminalidad. No es correcto separar la marihuana del resto de drogas. Al fin y al cabo todas tienen el potencial de generar delicados daños en la salud humana”.

Esta es la cuarta marcha que ocurre en Bogotá y la quinta en Medellín, dos ciudades donde han tenido auge movimientos como Dosis de Personalidad, un ‘combo’ ciudadano que, a raíz de la propuesta del gobierno de Álvaro Uribe de penalizar la dosis mínima y el porte de drogas en 2009, decidió promover las libertades individuales y su reivindicación, entre ellas el consumo de sustancias psicoactivas. Marcela Tovar, fundadora de esa organización, afirma: “Somos consecuentes. Hablamos de nuevas ciudadanías, de uso responsable y consciente. Por eso acordamos con la Policía y la Secretaría de Gobierno del Distrito que los menores de edad no están invitados a la manifestación. También, que nadie podrá vender marihuana ni llevar más de la dosis mínima. Es nuestro compromiso”.

El lema de esta convocatoria es “No más UPJ por fumar marihuana”. Un eslogan acorde con las realidades de gran parte de los asistentes, que vendrán de sectores populares donde, según este grupo de jóvenes, es una práctica extendida que el consumidor sea trasladado por la Policía a la Unidad Permanente de Justicia (UPJ). Procedimiento que es legal, pues desde el gobierno de César Gaviria, un agente está capacitado para definir cuando alguien está “en un alto grado de excitación” producto del uso de una sustancia prohibida.

Una realidad que choca con otras políticas como el uso terapéutico y la dosis personal. Es hora de que el Estado, de una vez por todas, decida si los usuarios de marihuana son sujetos de derecho o si, por el contrario, les seguirá tratando como criminales o enfermos. Una percepción que es muy difícil de aplicar a los cerca de 450 mil colombianos que consumen cannabis, y de los que, según cifras del mismo Estado, 50 mil son consumidores abusivos y solo el 2% representa un problema para la sociedad.

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@CamiloSeguraA

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