Niegan apelación de demanda sobre vigencias futuras del metro de Bogotá

La sentencia, eventualmente, podrá ser revisada por la Corte Constitucional. / Empresa Metro de Bogotá.

La administración de Enrique Peñalosa esperaba que, a cuatro meses de finalizar su mandato, ya estuviera en marcha la construcción del metro elevado. Sin embargo, debido a múltiples retrasos en el cronograma del proceso, hoy ni siquiera se ha sorteado la etapa de adjudicación de licitación, por lo que la idea de tener una línea de metro en Bogotá es, de nuevo, uno de los puntos más intensos del debate en la campaña por la Alcaldía de Bogotá. Por esto mismo, los contradictores del proyecto, que además promueven el metro subterráneo, han buscado la forma de detenerlo mediante acciones judiciales. (LEA: Ni el metro subterráneo, ni el elevado, tienen estudios de ingeniería de detalle: Ricardo Cárdenas)

Una de esas demandas fue presentada por Hollman Morris, concejal del partido Progresistas y aspirante a la Alcaldía por el movimiento Colombia Humana. Según el cabildante, las vigencias futuras que el Concejo le autorizó a la Empresa Metro de Bogotá (EMB), no fueron ejecutadas antes de 2017, como dice la norma, lo que implicaría realizar un nuevo trámite ante la corporación. Así las cosas, Morris pretendía que dichas vigencias futuras por $6 billones fueran declaradas caducas por no haberse ejecutado ese año.

Dicha demanda fue rechazada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que confirmó la decisión de la jueza que, en primera instancia, negó las pretensiones de Morris sobre la caducidad de las vigencias futuras. De acuerdo con las magistradas que firmaron la sentencia de segunda instancia, “las accionadas (EMB y Secretaría de Hacienda) dieron cabal cumplimiento a los presupuestos normativos concernientes a la apropiación y ejecución de las vigencias futuras del proyecto”. 

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Asimismo, el Tribunal encontró que el Distrito sorteó todos los pasos necesarios para la consecución de las vigencias futuras, como la constitución de la EMB; la aprobación del Plan de Desarrollo de esta administración, en el que se prioriza el proyecto de metro elevado; la definición y aprobación de los aportes que debió hacer Bogotá (30 %) y la Nación (70 %), y la elaboración de los estudios y cronogramas para sacar el proyecto adelante. 

Y es que, aunque hay una normatividad que señala que en el año en que se autorizan las vigencias el Distrito debe apropiar el 15 % de los dineros o, de lo contrario, deberá adelantar un nuevo trámite, el Distrito aseguró que esos recursos sí se comprometieron a través de la suscripción del convenio de confinación el 9 de noviembre de 2017 entre Distrito y Nación, en el que se definió los aportes para la construcción de la obra. De acuerdo con la sentencia del Tribunal, el expediente del proceso ahora se remitirá a la Corte Constitucional para una eventual revisión.

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