Niños sordos serán reubicados

Aunque los padres de 350 estudiantes sordos protestaron por la decisión de la Alcaldía de Bogotá de cancelar el convenio que tenía con su institución educativa, y enviarlos a otras públicos, El Espectador verificó que se trata de centros especializados en esta población.

En la mañana de este lunes, los padres de 350 estudiantes sordos del Instituto Nuestra Señora de la Sabiduría de Bogotá salieron a protestar. Bloquearon la Avenida Caracas con Primera de Mayo y se encargaron de que todo el que pasara conociera la situación: sus hijos, que desde pequeños recibieron educación especializada, han sido reubicados por la Secretaría de Educación en otros colegios.

La decisión fue tomada en el marco del plan que tiene el Distrito de fortalecer la educación oficial e ir reduciendo gradualmente el número de niños que tiene estudiando en colegios privados con dineros públicos. En esta ocasión, el convenio entre la institución y el Gobierno local no fue renovado por incumplimiento de requisitos: había confusión sobre quiénes eran los propietarios de las instalaciones, ya que años atrás se habían vendido dos predios a dos empresas. Aunque las hermanas de la comunidad Nuestra Señora de la Sabiduría intentaron aclarar lo que sucedía (se declararon como las únicas dueñas del plantel), lo hicieron el 30 de noviembre, por fuera del plazo límite para inscribirse, mientras la situación sobre la propiedad del lugar sigue sin resolverse.

Sin los 483´000.000 que recibía el colegio de la Secretaría de Educación, equivalente al 40% de su presupuesto, Ruth Dary Palacio, representante legal del colegio, dice que no es posible sobrevivir.
Los padres insisten en que en otros colegios sus hijos no recibirán la misma formación: personal indicado para enseñar con el lenguaje de señas, dos aulas especiales para sordos con problemas cognitivos, servicio de fonoaudiología, audiología, atención médica y sicológica. 

De hecho, Andrea Corredor, quien hace unos años fue docente en la institución expresa que esto va a obstaculizar el proceso de aprendizaje de los estudiantes y hará que se pierda la identidad que ya han conseguido.

Como muchas otras, María Elsa Quete, madre de una niña de 13 años con discapacidad auditiva, se opone a la medida por temor a la discriminación que podría recibir su hija en otra institución y recuerda que hace seis años fue rechazada en un colegio de “niños oyentes”: “la profesora me dijo que ella no iba a alzar la voz por un niño, sabiendo que los otros 39 la oían perfectamente”.

Pese a las dudas de padres y estudiantes, El Espectador pudo constatar que al menos tres de los diez colegios en los que serán reubicados los 350 estudiantes (Pablo de Tarso, San Carlos e Isabel Segunda) hacen parte de un convenio que tiene el Distrito con la Federación Nacional de Sordos de Colombia (Fenascol), que brinda educación especializada a niños sordos de primaria e intérpretes y mediadores a los de secundaria. Incluso, según Henry Mejía, director general de Fenascol, si llegase a haber algunos que se queden por fuera del programa, el Distrito se encargaría de reubicarlos en colegios privados con formación especial para la población sorda.

La institución Pablo de Tarso, ubicado en la localidad de Bosa, tiene por ejemplo un aula especializada para los niños sordos de la básica primaria y desarrolla con éxito la instrucción para 48 estudiantes de secundaria que según la rectora, Erika Lozano, se han acoplado bien al sistema.
Manuel Ome, funcionario de la Dirección de Cobertura de la Secretaría de Educación, dice que aunque “al comienzo va a haber lagunas dificultades porque no estamos perfectamente preparados para asumir a esa población”, a mediados de febrero la entidad va a comenzar la búsqueda de una planta docente especializada para estos niños y “si bien, no en las mismas condiciones del colegio donde estaban, vamos a darles educación de calidad”.

Pese a que el subsecretario de Educación, Óscar Sánchez, y el personero distrital, Ricardo Cañón, instalaron una mesa de concertación con los padres y directivos del colegio, Ome dice que la decisión no tiene marcha atrás: “sería gravísimo que la Secretaría procediera a modificar condiciones de contratación porque se trata de una población en condiciones especiales, estaríamos actuando de manera irregular”.

El cumplimiento tan riguroso de las normas relacionadas con los contratos entre colegio privados, como el Instituto Nuestra Señora de la Sabiduría, y el Distrito, obedece a las medidas que tomó el gobierno local después de que en 2012 se denunciaran una serie de irregularidades en la contratación con instituciones privadas, como asignaciones de cupos de forma arbitraria.