“No es burocracia, es equilibrar las cargas”: personera de Bogotá

Con 898 empleados de planta y 500 contratistas, la Personería atiende a ocho millones de habitantes y vigila 50.000 empleados del Distrito. Para reforzar su tarea, la personera está a punto de que le autoricen aumentar el personal.

La personera distrital, Carmen Teresa Castañeda, terminará su período en febrero de 2020. / Gustavo Torrijos

A meses de terminar su período, la personera Carmen Teresa Castañeda impulsa su proyecto más importante: la reestructuración de la entidad, plan que ya fue aprobado en primer debate en el Concejo. Su idea es aumentar la planta de personal, distribuir mejor las cargas y reforzar un asunto que requiere especial atención: la salud. Actualmente, la Personería cuenta con 898 empleados de planta y casi 500 contratistas. La meta es que le autoricen la creación de 220 cargos.

¿De donde surge la iniciativa?

Cuando llegué, no sabía qué teníamos e iniciamos un diagnóstico. Había ausentismo y a los enfermos los trasladaban a personerías locales, que tienen mucho trabajo y poco personal. Contabilizamos cuántos incapacitaban al mes o tenían recomendación médica, por enfermedad común o profesional. Reunimos datos de desequilibrios en personal y en cargas laborales. Aunque hay 898 empleados, faltan mínimo 220 más.

¿Cómo se evidencia la sobrecarga?

En 2012 crearon 12 cargos directivos y 26 asesores, pero sin planta de funcionamiento. La gente la sacaron de una dependencia a otra, dejando menos gente con más trabajo. Por eso, la solicitud al Concejo no es para más burocracia, sino para nivelar las cargas. Para tener profesionales que puedan intervenir ante autoridades judiciales y administrativas. Esa función solo la puede cumplir un funcionario de planta y que sea abogado.

¿En dónde está el déficit?

Hay normas que nos han creado más tareas. Por ejemplo, el Código de Policía. Antes, Bogotá tenía 39 inspecciones, ahora hay 98 más. Allá terminan casos como el de la empanada, que debemos atender. En las 20 personerías locales falta gente para atenderlo todo. Lo que deben hacer cuatro personas, lo hace una. Eso afecta la salud.

¿Cómo han hecho, entonces?

Con contratistas. Con ellos hemos movimos casi 25.000 procesos, algunos con casi 20 años en una inspección de Policía, lo que se traducía en inoperancia de la justicia administrativa. Lo otro fue devolver a la gente a sus labores. Al principio, funcionarios contratados para atender casos de derechos humanos, víctimas o penales estaban en los puntos de atención de los centros comerciales. Teníamos 250.000 enteramientos de la Fiscalía sin atender.

También, nos adelantamos al Código General Disciplinario, que entró en vigor este año, pero fue suspendido por el Plan de Desarrollo. Hoy tenemos una sala para cada delegado, para los procesos verbales. ¿Cuántos contratos por prestación de servicios tiene la entidad?

Entre 400 y 500 contratistas, pero fue porque maxificamos los recursos. Antes había gente que ganaba hasta $20 millones. Lo que hicimos fue crear unas tablas de honorarios y el más alto es de $8,6 millones. Por eso tenemos esa cantidad, que nos ayuda a atender las múltiples tareas que tenemos.

¿Por qué dejaron el proyecto de reestructuración para el final?

El proyecto lo estructuramos en un año con la Comisión Distrital del Servicio Civil. Esto sirvió para tener el visto bueno de Hacienda, que nos autorizó 220 puestos. Pero se nos atravesó la Ley de Garantías. La propuesta está en el Concejo y, de aprobarla, me tocaría implementar la primera fase, que serán 105 empleados. La otra le quedará al nuevo personero.

¿Cómo los elegirá?

Reitero, no se trata de burocracia. Las nuevas plazas las ocuparán personas de la entidad. Entre los 385 funcionarios del nivel administrativo hay 200 que son profesionales, que conocen la entidad y podrán ascender. La Comisión del Servicio Civil dice que no podemos traer a nadie de afuera. Solo las vacantes que queden.

¿Cuánto costará la reestructuración?

Las dos fases costarían $27.000 millones, que corresponden al 17 % del presupuesto de la entidad, que es de $157.000 millones.

¿Qué dependencias creará?

La Oficina de Control Interno Disciplinario, que es de mandato legal; la delegada de Atención al Ciudadano, y una delegada para atender exclusivamente temas de salud. Los datos indican que son los que más atendemos y hoy son responsabilidad de la delegada del sector social. En 2018 atendimos 6.214 solicitudes y hasta octubre de este año iban 13.110.

Con los de planta, los nuevos cargos y contratistas, ¿la entidad quedará con casi 1.500 empleados?

Por el contrario, vamos a tener menos gente. Nos tocó renunciar a $9.000 millones de inversión para destinarlos a funcionamiento. La Secretaría de Hacienda no estuvo en todo esto. Es para equilibrar cargas. Se me parte el corazón ver el estado de salud de mis funcionarios. La entidad necesita de los contratistas para su misión.

¿Es complejo ese panorama?

Me pidieron trasladar a una funcionaria, que luego de una vida en la entidad terminó con esquizofrenia. ¿A dónde la enviamos? Las entidades no trabajan en el bienestar de los funcionarios. Hice una batería de riesgo psicosocial y nos arrojó que el 80 % del personal está en riesgo. Todos andamos locos como cabras: estresados, cansados, peleando en la casa. El riesgo en el servicio social es muy alto y sobre todo cuando se atiende comunidad.

¿Por qué son tan vulnerables?

Se enferman fácil. Hay funcionarios trabajando en las URI, en un ambiente pesado, y nunca los rotaron. En este momento hay 95 funcionarios (el 10 %) con alguna recomendación médica. El primer riesgo que tenemos es psicosocial y el segundo es el biomecánico (accidentes de trabajo).

Se viene cambio de administración. ¿Ya habló con la nueva alcaldesa?

Sí, y la alertamos sobre varios puntos. El tema de política pública de mujer, pues pese a que estamos impulsando desde 2016 que se construya, se acabó esta administración y no hubo un documento para implementarla. También el sistema de recolección de basuras, que tiene cosas preocupantes por las personas afectadas, como los recicladores, que fueron los más abandonados en el nuevo sistema, a pesar de que tienen protección especial por parte de la Corte.

¿Y qué más?

El tema de adultos mayores, el sistema de responsabilidad penal de menores, la implementación del Código de Policía y el hacinamiento en las URI y estaciones de Policía. Hicimos más de 15 recomendaciones sobre por qué no debía aprobarse el POT, la implementación del SITP, la Reserva Van der Hammen, el Sendero de las Mariposas, los comparendos electrónicos irregulares y los taxis. Fueron muchos temas claves.

¿Qué le quedó por hacer y cómo cierra esta administración?

Por más que hubiéramos querido, no alcanzamos a hacerle veeduría al ambicioso proyecto que esta administración se trazó en su plan de gobierno, pero estamos haciendo un trabajo para medir el porcentaje de cumplimiento de esas metas. Personalmente, tengo la satisfacción de haber hecho mucho en varios temas, pero también insatisfacciones, como que, por más denuncias que hicimos, el Distrito no las atendió y se vieron afectadas muchas poblaciones.

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Mónica Rivera - @Yomonriver ([email protected])

Bogotá

“No es burocracia, es equilibrar las cargas”: personera de Bogotá

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