“No es correcto un juicio sumario de opinión pública”

Moisés Wasserman, exrector de la Universidad Nacional./ Cristian Garavito.

Foto: Cristian Garavito / El Espectador

Entiendo la molestia que puede causarles a quienes han estado vinculados a la Universidad Nacional que se la mencione con relación a los capturados por el atentado al centro Andino, pero, de otro lado, no veo por qué ocultar que varios detenidos son o fueron estudiantes y egresados de ese centro. Si ese número perteneciera a otra universidad, también llamaría la atención. En vez de la estigmatización que usted ha criticado, ¿no será, más bien, que la Nacional vive prevenida?

Molestia es una palabra adecuada. Me he cuidado de no llamarla estigmatización, aunque sé que denominarla así gana aplausos. Incluso, en un trino reciente comentaba que se le hace un pobre favor a la Universidad Nacional reclamando que algunos personajes corruptos han salido de las privadas. Las dos cosas me molestan igualmente. No porque crea que es información que deba ocultarse sino porque es irrelevante. Esa irrelevancia no es inocua: está en la base de un diálogo nacional perverso que piensa que señalando la vinculación de alguien a un grupo, a un partido o incluso a un apellido, termina la discusión, recibe una dispensa que le permite no presentar sus argumentos.

Me gustaría que me aclarara ese último punto…

Quiero decir que parecería que bastara con llamar a alguien mamerto o paraco para no tener que argumentar nada más, como si con eso se zanjara la discusión.

A su juicio, ¿por qué ha impactado tanto —dudando de las autoridades— la captura de los nueve jóvenes, unos de ellos graduados de la Nacional, por su presunta responsabilidad en el atentado al Andino? ¿Tiene que ver con una discriminación positiva, porque los ven como personas imposibles de ser delincuentes en un país en donde sólo una pequeña minoría accede a esos niveles educativos?

El hecho del Andino fue de gran gravedad y sería insólito que no llamara la atención de la prensa. Infortunadamente, a veces en forma ligera, prensa y personajes públicos confunden imputación de cargos, incluso sospechas, con condena. Eso está muy mal, pero no es el único caso. Puede ser que usted tenga la razón y que hay algo de reclamo especial a quienes han tenido buenas oportunidades. Recuerde el caso de Uribe Noguera, en el cual también la prensa insistió obsesivamente en definirlo como arquitecto de la Universidad de los Andes.

Así es. En todo caso, llama la atención la falta de credibilidad que se les concede a las autoridades en este caso. ¿Piensa que esas dudas son coyunturales y se deben a los errores cometidos en el pasado con personas consideradas sospechosas por ser de izquierda o defensoras de derechos humanos, o son sistémicas?

Son más bien sistémicas. Si revisamos los índices de credibilidad de la Rama Judicial, de la Policía y de otras autoridades, son cada vez peores. Recordemos el caso del joven Colmenares: la investigación, el juicio y la sentencia, así como los fiscales y los jueces que intervinieron, no contaron con la confianza pública. Y ese es sólo un ejemplo.

¿Usted está entre quienes piensan que los investigadores de la Fiscalía y de la Policía han violado el debido proceso por dejar conocer las identidades de los capturados y porque se hayan publicado en la prensa supuestas evidencias contra ellos?

No. Creo en la libertad de información y en la presentación abierta de los hechos que sean verídicos y comprobados. Lo que no me parece correcto, de ninguna forma, es que se lleve a cabo un juicio sumario de opinión pública y que se condene desde la prensa y las redes sociales. No tienen las atribuciones legales, ni la capacidad para hacerlo.

No es la primera vez que, en este tipo de casos, se procede de la misma manera. Por el contrario, siempre se exhibe a quienes se acaba de detener, aunque en otros países está prohibido hacerlo. ¿Por qué nadie pide respeto ni protesta contra las autoridades cuando estas capturas afectan a uno o varios muchachos de un barrio popular? ¿Subyace un acto de discriminación negativa hacia quienes se consideran más pobres y del común?

Desconozco en detalle las leyes en otros países. Todos hemos visto cómo en Estados Unidos no fotografían en el juicio, pero hacen dibujos, que para el caso es lo mismo. Imagino que si en Colombia eso no fuera legal, lo habrían demandado y prohibido. Mientras sea legal, no creo que deba haber discriminación entre acusados de un tipo o de otro. Por cierto, como el ejemplo que mencioné antes, hay una amplia difusión con fotos, videos y lo que quiera, de casos como el de Uribe Noguera y sus hermanos, que no provienen de un barrio popular.

También es cierto que la sociedad tiende a declarar como culpables o inocentes a los involucrados dependiendo del delito cometido y de los personajes, sin esperar el resultado de las investigaciones ni, menos, el de los juicios. ¿Cree que la prensa prejuzga y que por eso debería ser sancionada?

Hay prensa buena y prensa mala, hay morbo acá y en todas partes. La declaración de culpabilidad, previa a la de los jueces, por parte de la prensa y la gente en general es condenable. La prensa, además de su papel informativo, tiene una obligación educativa que a veces no cumple. Pero yo creo que de sanciones estamos saturados. Quedémonos con las que hay, que muchas veces no se cumplen, y en vez de nuevas sanciones iniciemos nuevos diálogos, abiertos y sin prevenciones. Creo que todos ganaríamos.

Es cierto que la Nacional ha figurado, con mayor asiduidad antes que ahora, como un centro de activistas anti-sistema por las manifestaciones. Y entiendo que no se rechaza la protesta sino que ésta se exprese con violencia. Los encapuchados y tira-piedras que vemos en las imágenes, ¿sí han sido estudiantes o no, según las averiguaciones internas de la universidad?

Estudié en la Nacional en los años sesenta y he sido profesor por casi cuarenta años. La violencia en las manifestaciones ha tenido altibajos, pero no recuerdo que haya desaparecido en algún momento. Entre los encapuchados, hasta donde he podido saber, hay estudiantes de la Nacional, estudiantes de otras universidades y no estudiantes. Rechazo la violencia como gran parte de los ciudadanos, porque no creo que conduzca a resolver los problemas y porque siento que están usando a la universidad para adelantar sus intereses políticos aunque su discurso sea —muchas veces— que la están defendiendo.

Los líos de alteración del orden público producidos por estudiantes vándalos o por vándalos que se hacen pasar por estudiantes, ¿pueden interpretarse como una manifestación de resentimientos sociales y de clase?

Me parece muy simplista plantear que los corruptos lo son por niños ricos consentidos o que los rebeldes lo son por pobres resentidos. Es claro que una persona como la que describí arriba, que no acepta el ordenamiento legal, que sufre personalmente la inequidad y que siente que entiende mejor que los otros, puede pasar la frontera de la protesta civil a la protesta violenta. Claro que, si usted mira, digamos, a los jefes del M-19, ya con una perspectiva de más tiempo, no eran precisamente pobres, ni en su mayoría venían de la universidad pública.

Usted fue rector de la Nacional y sigue en contacto con ella. Con relación a la protesta estudiantil y los canales y métodos que utiliza para manifestarse, ¿hay algún mea culpa personal que usted admita por omisiones en que hayan incurrido usted o su equipo?

El cargo de rector de la Nacional es muy difícil. Para ejercerlo, uno tiene que tener claro a dónde quiere llegar, idealmente, y hasta dónde puede. Mi posición fue la de tratar de resolver los problemas uno por uno, con soluciones enmarcadas en algunos principios básicos: no dejarme llevar por indignaciones momentáneas, no acusar sin justificación, asumir que las responsabilidades siempre son individuales, nunca grupales, y que la gravedad de los hechos no la pueden imponer los titulares (de prensa). Tengo la tranquilidad de que en seis años, pese a serios conflictos, no murió ningún estudiante en sucesos relacionados con protestas. No hubo modificaciones importantes al calendario, a pesar de que se reformaron todos los planes de estudio y los dos estatutos estudiantiles.

¿Le siento un dejo de molestia, digamos un tono crítico, con la labor de los medios de comunicación?

No, los respeto. Creo que su labor es muy importante y jamás me he sentido molesto sino agradecido con la labor de los medios. No significa que no pueda tener algunas críticas puntuales.

¿Cuáles son las circunstancias que parecieran impedir que en Colombia existan movimientos estudiantiles fuertes y permanentes que intervengan en la discusión pública sobre los problemas que competen a todos?

Hay más de lo que se siente. Muchos de los activistas de la MANE, del año 2011, hoy están vinculados a movimientos políticos y sociales; incluso uno está en el Congreso. Ser estudiante es, por definición, una condición temporal. En un país en que algunos partidos políticos parecen cada vez más desechables y diseñados para durar uno o dos períodos, sería excesivo esperar movimientos estudiantiles que duren decenios.

Con su perdón, digo mi opinión: nuestro país tendría mejores y más eficientes controles sociales si los estudiantes y profesores universitarios fueran más políticos, en el sentido de interesarse por vigilar democráticamente el poder. ¿Falta educación ciudadana en los centros de estudios y, sobre todo, enseñar a reorientar las fuerzas violentas para convertirlas en fuerzas de opinión?

Tal vez la sorprenda pero, en mi opinión, se hace mejor política en el interior de las aulas universitarias que en esas manifestaciones visibles en el exterior. Seguramente pasa desapercibido el fenómeno porque siempre se ve lo que hace más ruido. Pero en la UN, y también en muchas otras universidades, incluidas privadas, se discute sensatamente y se contribuye a una verdadera formación política de los estudiantes. Esos 28.000 que en la sede de Bogotá están en sus pupitres mientras 45 individuos lanzan piedras, no son apáticos. Hay de todo.

Sin embargo, y siendo cierto que lo que hacen algunos de los 28.000 alumnos no se siente y en cambio se nota mucho la minoría violenta, ¿la responsabilidad de las falencias sociológicas que esta padece recae sobre las universidades o es el producto de una confluencia de errores de la sociedad?

Siento que nuestra sociedad vive un problema más serio y general del cual esta violencia es apenas un caso particular. Hace como unos diez años vi una investigación de los profesores Mockus y Corzo en la que al interrogar a estudiantes de colegio (décimo y undécimo), la mayoría de ellos manifestaron que no tendrían inconveniente en hacer trampa si eso los beneficiaba. Esos estudiantes debieron entrar a las universidades y ya deben ser profesionales. Lo que señala el hecho es que una gran parte de nuestra gente no se siente vinculada por las normas que organizan a la sociedad. Como alguien decía “esas leyes no pegaron acá”. Entonces, unos las incumplen para su beneficio, otros porque no les reconocen autoridad.

Lo que usted quiere decir, en el fondo, ¿es que la corrupción y la violencia tienen el mismo origen?

Sí, el mismo origen, que es el desconocimiento de las normas, pero con particularidades que conviene tratar de entender: los corruptos desconocen la ley para su beneficio personal; los violentos plantean que lo hacen por el beneficio general, es decir, en teoría son altruistas. A los primeros no les interesa lo que dice la ley, sólo les estorba. Los segundos quieren forzar un cambio y desconocen no sólo la ley sino el mecanismo institucional que la genera o la cambia. Ahora, su altruismo tiene matices. He conocido muchos revolucionarios y no recuerdo ninguno que no fuera vanidoso. Se creen más inteligentes, “entienden mejor y no tragan entero” y definitivamente se sienten más nobles. El reconocimiento que otros les hagan es muy importante. Tanto que a veces están dispuestos a llegar al martirio. Fíjese que en la plaza Santander, hoy, a la fuerza, plaza Che, los personajes en la pared son el Che, Camilo y Jaime Garzón.

También hay que recordar que en las escalas de calidad educativa comparada entre varios países, la Nacional y la de Antioquia que son públicas, quedan bien posicionadas ¿Por qué y sobre todo cómo pueden coexisten los dos fenómenos: la violenta conducta de unos y la excelencia de otros?

En la misma forma que en Colombia han convivido durante decenios manifestaciones de violencia con el arte, la literatura, la ciencia y la bondad de la gente. Las universidades que usted menciona y otras públicas más, tienen un cuerpo profesoral excepcionalmente bueno, investigación científica y creación artística y, sobre todo, un grupo de estudiantes extraordinarios, que pasaron una durísima selección. Ojalá pudiera el sistema público recibir muchos más y no ser tan duro.

“Lo público debería ser de todos y termina siendo de nadie”
 

“El hecho de que una opinión parezca ofensiva no la descalifica”

La libertad de información y la libertad de opinión están consagradas en la Constitución y en las leyes. Es un deber de todos los ciudadanos defenderlas, y no sólo las opiniones de izquierdistas -que no son necesariamente terroristas-, las de derechistas -que no son necesariamente paracos-, las de centro y hasta las de anarquistas, todas siempre y cuando no generen daño a las personas. El hecho de que una opinión le parezca a alguien ofensiva no la descalifica ni permite que se prohíba su expresión. Las universidades sí hacen esa tarea y, a veces, mejor que otras instituciones estatales. Hay institutos y centros de pensamiento que escriben y alimentan a la sociedad -me consta-, que son escuchados muchas veces por los gobiernos, los congresos y las cortes.