No hay casa para tanta gente

Para evitar asentamientos ilegales, el próximo alcalde deberá construir 560.000 viviendas. La presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) analiza sus propuestas.

La vivienda y el ordenamiento territorial trascienden el ámbito municipal y deben mirarse con un enfoque regional que sea el marco para analizar las propuestas de los diferentes candidatos en el actual proceso electoral.

Bogotá y su región inmediata vienen de un proceso de informalidad en la vivienda porque la gente se suple de cualquier forma su necesidad habitacional. Esto lo demuestran las cifras: entre 1993 y 2005 hubo un crecimiento de 754.000 viviendas, mientras que la producción legal de éstas fue de 345.000, es decir, el 54% suplió su necesidad de manera no formal.

Por otro lado, en este momento el déficit habitacional estimado es de 321.000 y el crecimiento de hogares que se espera entre 2011 y 2015 será de algo más de 58.000 al año. Lo que implica que Bogotá necesita una propuesta que tenga como marco 556.000 viviendas que recogen el déficit y la creación de hogares a 2015. De éstas, 389.538 requieren soluciones de vivienda de interés social (VIS). Con estos cálculos se requerirán 6.600 hectáreas de suelo, pero es clave recordar que en Bogotá quedan sólo 3.300 hectáreas para desarrollar.

En este marco, vale la pena hacer un repaso de las propuestas que en vivienda hacen los candidatos más opcionados, al menos según las encuestas.

El candidato Gustavo Petro establece una meta de 160 mil viviendas de interés social en el cuatrienio, a implementarse en 1.000 hectáreas de desarrollo prioritario y en 2.000 hectáreas de revitalización urbana (renovación urbana) y además propone congelar el desarrollo del suelo de expansión y frenar la continuidad de los proyectos legales en los municipios aledaños eliminando la posibilidad de prestar el servicio público de agua potable.

Al respecto no se puede olvidar que sólo existen aproximadamente 200 hectáreas de desarrollo prioritario, según información oficial de la administración distrital. Entonces, ¿dónde se ubicarían el resto de viviendas si no se podrá desarrollar suelo de expansión?

Para usar el suelo de revitalización urbana se deben asociar 100 mil familias o, de lo contrario, expropiarles sus predios y además garantizar inversiones de seiscientos mil millones de pesos por parte de la Empresa de Acueducto. De ninguna manera dan las cifras para hacer VIS en estas condiciones.

Por último, bajo el plan de Petro, cerca de 200 mil viviendas legales que están en curso en la región no podrían contar con la prestación del servicio del agua potable por parte de la EAAB.

La propuesta de la candidata Gina Parody plantea la construcción de 30 mil viviendas nuevas en predios de desarrollo que quedan en la ciudad y la generación de otras 25 mil viviendas de interés social mediante la rehabilitación de edificaciones abandonadas del centro, así como un gran programa de mejoramiento. Refiriendo sólo a la meta de viviendas nueva, lo primero que hay que decir es que le meta es absolutamente insuficiente si se compara con las necesidades que ya se mencionaron. Además, la ejecución de las 25 mil VIS es improbable, pues la inversión que se requeriría en los inmuebles abandonados para que cumplan la norma sismorresistente y la inversión de 600 mil millones para renovación de redes harían inviable hacer cualquier vivienda de interés social.

Por último, Enrique Peñalosa propone recuperar el rumbo de Metrovivienda, desarrollar proyectos de renovación urbana a manera de “acupuntura urbana”, es decir, con proyectos puntuales y estratégicos que impacten el menor número de moradores y no destruyan tejido social, y plantea una meta de 120 mil viviendas anuales (480 mil en el cuatrienio), que se ejecutarán en suelo por desarrollar y recogerán las iniciativas actuales y futuras que se den en la región de manera organizada con altísima calidad de urbanismo y disminuyendo el déficit.

Es necesario que las propuestas sean ambiciosas y realistas, pues en la medida en que esto no se logre, mantendremos nuestra historia de desarrollo ilegal de la ciudad, lo que trae consigo consecuencias económicas, sociales y ambientales que no sólo afectan a la población de ingresos bajos, sino acarrean perjuicios para la sociedad en conjunto.