Menos de 24 horas después de que el contratista a cargo de la cuestionada modernización de semáforos en Bogotá rechazó la solicitud del Distrito de suspender por mutuo acuerdo el contrato, el alcalde Enrique Peñalosa salió en defensa del proceso y aseguró que “no hay ningún impedimento legal para que se lleve a cabo”.
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En declaraciones que recoge Caracol Radio, el mandatario insistió que actualmente no hay obstáculos jurídicos que lleven a paralizar el proceso. Sin embargo, declaró que el tema será consultado con la Procuraduría a la espera de recomendaciones.
“Nosotros hubiéramos preferido suspender el contrato mientras hay más claridad sobre quién es el responsable de la famosa carta falsa. Es algo que quisiéramos aclarar antes de seguir, pero por ahora legalmente no ha sido posible suspender el contrato”, aseguró el alcalde.
El puente festivo, como era de esperarse, el consorcio Movilidad Futura, ganador del cuestionado contrato de modernización de semáforos de Bogotá, no accedió a la petición que le hizo el Distrito de firmar de mutuo acuerdo la suspensión del contrato.
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A pesar de que la solicitud de la administración se hizo luego de conocer que el acta de inicio se firmó con base en un documento que resultó ser falso, simulando una comunicación oficial de la Procuraduría, según una carta conocida por El Tiempo, para el consorcio (integrado por Sutec y Siemens) este hecho no constituía un argumento suficiente para frenar la obra.
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Por el contrario, advierte en el documento que los riesgos de suspender el contrato, al señalar que se pondría en riesgo la adecuada ejecución de los recursos presupuestales destinados para el proyecto y se podría incurrir en posibles sobrecostos, que afectaría el equilibrio económico del contrato. Agrego que a la fecha no se ha comprobado ninguna irregularidad como para suspender el proceso.
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Como lo indicó El Espectador, el acta de inicio es el documento que da luz verde para arrancar los trabajos, luego de verificar que todos los papeles alrededor de un contrato están en regla. Este documento tiene un efecto vinculante y la administración no lo puede echar para atrás unilateralmente.
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Tras el rechazo del consorcio, ahora el único camino que tiene el Distrito es demandar su propia decisión ante la justicia administrativa, pidiéndole a un juez que la declare nula. Sin embargo, para llegar a este punto debe tener certeza de que el acta se firmó en contravía de la ley. Como este tipo de procesos son largos, en principio podría pedir una medida cautelar para que se suspenda el proceso.
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