"No hubo detrimento patrimonial": Peñalosa sobre contrato de semaforización

El secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo (izquierda), en compañía del alcalde Enrique Peñalosa. / Alcaldía de Bogotá.

El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, salió este lunes en defensa del proceso de contratación para renovar la red de semáforos de la capital, tras conocerse la decisión de la Procuraduría de formularle pliego de cargos a su secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, y a otras dos funcionarias, por las presuntas irregularidades en la licitación y la adjudicación del contrato, por más de $173.000 millones.

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Aunque el mandatario se declaró respetuoso de la decisión, sostuvo que el proceso “se llevó a cabo de manera óptima, sin haber incurrido en algún tipo de detrimento patrimonial para la ciudad". No obstante, vale aclarar que el llamado a juicio disciplinario, en principio, no es por detrimento (ya que el contrato no se ha empezado a ejecutar), sino por una presunta falta de planeación durante el proceso estructuración de la licitación y el trámite de selección. (Lea: Semáforos: los hechos que ponen en riesgo $173.000 millones de los bogotanos)

Según el expediente, durante el proceso se alertó a la Secretaría de Movilidad de no haber definido el sistema de comunicaciones sobre el que funcionaría la red de semáforos ni el futuro de los equipos que se desinstalarán tras la renovación. A pesar de esto, la administración hizo caso omiso y terminó adjudicando un contrato, que de empezar a ejecutarse tal como está planteado, pondría en riesgo las arcas de la ciudad, como lo explicó el ente de control.  

A través de un comunicado de prensa, divulgado por la Secretaría de Movilidad Distrital, se precisa que tanto el secretario como sus funcionarios han estado dispuestos a responder los requerimientos que les han sido hechos por los entes de control. “Los funcionarios (el secretario, la subsecretaria de servicios, Diana Lucía Vidal, y la directora de asuntos legales, Carolina Pombo) están en disposición de dar, ante esas instancias, las explicaciones técnicas, financieras y jurídicas que han sustentado las decisiones adoptadas en el marco del proceso de dicha licitación y del contrato suscrito”, indicó Movilidad.

Según el pliego de cargos, ni Bocarejo, ni Vidal, ni Pombo quisieron rendir versión libre, ni presentar memoriales ante el despacho. Tras la notificación del llamado a juicio, medida contra la que no procede ningún recurso, los funcionarios tendrán 10 días para presentar descargos y solicitar las pruebas que estimen necesarias para defenderse.

La investigación

(Lea: Investigan al secretario de Movilidad por licitación de semáforos para Bogotá)

Desde que se abrió la licitación la Procuraduría jugó un papel activo. Fueron tantos los reparos y las alertas, que incluso llegó al punto de sugerirle al Distrito que analizara la posibilidad de revocar el proceso, para corregir a tiempo las “inconsistencias y anomalías”. A pesar de esto, la Alcaldía siguió adelante, lo que llevó al ente disciplinario a abrir la investigación por la presunta violación de los principios de publicidad, transparencia, planeación y economía en la contratación.

Para contextualizar la decisión, la Procuraduría hizo un recuento en el que se remontó hasta 2010, cuando el Distrito firmó un convenio de cooperación con la ETB y la Universidad Distrital, para el manejo de la red de semáforos y el sistema de comunicación telefónica a través del que funcionan los dispositivos; también mencionó el contrato celebrado por Movilidad en 2016, para elaborar los estudios y la estructuración del proceso de licitación, y, finalmente, los pormenores de la selección del contratista para la renovación semafórica. 

(Lea: Las alertas sobre el ganador del contrato para modernizar los semáforos de Bogotá)

En medio de la cronología hay hechos que el ente de control califica como trascendental para entender el porqué de la investigación. Uno es el otrosí firmado en junio del año pasado, con el que la Secretaría de Movilidad modificó el convenio con la ETB, dejándole solo el manejo del sistema de comunicación y quitándole el del sistema de semáforos, para poder abrir la licitación de la modernización.

Otro fue que, pese a tener contratada a una empresa para estructurar la licitación, Movilidad abrió el proceso en julio sin que le hubieran entregado los estudios, los cuales recibió apenas el 24 de agosto. Por último, la modificación que hizo la Secretaría a los pliegos de condiciones de la mencionada licitación, en la que eliminó la obligación de que el ganador retomara como parte de pago los semáforos desinstalados en el proceso.

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A partir de ahí la Procuraduría señala tres conductas posiblemente irregulares, atribuibles a los funcionarios y que demostrarían la falta de planeación. Por ejemplo, en la eliminación de la retoma de los semáforos (que aún tienen vida útil y cuestan casi $13.000 millones) encontró que no se estableció el futuro de esos dispositivos. “Se debe aclarar que la competencia para decidir el destino de esos equipos es de la Secretaría. No obstante, sin importar la decisión, era su responsabilidad asegurar que el patrimonio público estuviera a salvo y evitar un detrimento patrimonial. En este caso no ha definido qué va a pasar con los controladores, algo que debieron evaluar con anterioridad”, señaló la Procuraduría.

Por otro lado, el escrito explica que la red de semáforos actual la integra un sistema de comunicación telefónica, propiedad de la Secretaría de Movilidad, compuesto por una extensa red de cables de cobre y tres centrales ubicadas en Chicó, Paloquemao y Muzú, desde donde se realiza su manejo y gestión. Sin embargo, en la licitación queda claro que, así como se renovarán los controladores de tráfico, también se tendrá que renovar el sistema de comunicaciones. Ante esto, la red de cobre dejará de funcionar y a pesar de que, tanto las centrales como el cobre son bienes públicos cuantificables que quedarán en desuso, la administración ni determinó su valor ni estableció su destino. “Era obligación evaluar esto. Ese cobre es un activo del Distrito y es obligación de los funcionarios investigados velar por el patrimonio de los bogotanos”.

Finalmente, puso en evidencia lo que sería otra improvisación. A pesar de que es indispensable contar con ese nuevo sistema de comunicación para poner a funcionar los nuevos semáforos, “no pasa inadvertido que Movilidad inició la licitación y adjudicó el contrato de semáforos sin siquiera tener diseñado dicho sistema”, señala. A criterio del ente de control, todas estas situaciones tendrían connotación de una falta disciplinaria atribuibles a los tres investigados, no sólo porque todas se advirtieron, sino que fuera de no corregirlas a tiempo, adjudicaron el contrato.

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