No hubo ritos ni abuso sexual

La Fiscalía aseguró ayer que la versión de que los menores fueron sometidos a abuso sexual y a ritos satánicos resultó ser falsa. Ahora busca precluir el proceso.

Cristina Plazas, directora del ICBF, aseguró el pasado 16 de diciembre, que los menores estaban bajo custodia de esta entidad, después de comprobar que padecieron de maltratos físicos. / Cristian Garavito - El Espectador

Lo que en principio presentaron las autoridades como un caso de tortura, abuso sexual y ritos satánicos contra cuatro menores que vivían en una casa del barrio Meissen, en Ciudad Bolívar, resultó ser una farsa. Al menos así lo dio a entender la Fiscalía, que empezó trámites para precluir el proceso contra la pareja que cuidaba a los niños y la cual está detenida por señalamientos falsos.
La historia del maltrato se conoció en diciembre. En esa oportunidad el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) aseguró que era uno de los casos más aterradores que había tenido el país hasta ese momento.
El escándalo creció cuando dijeron que los posibles responsables eran familiares muy cercanos a los niños. Exaltados los vecinos intentaron linchar a los supuestos responsables, al punto de que la Policía tuvo que rescatar a uno de los sospechosos y sacarlo de su casa en tanqueta para proteger su vida. Luego vinieron las órdenes de captura contra la pareja. La mujer, quien en medio del escándalo dio a luz a su segundo hijo, sin haber salido del hospital le dictaron medida de aseguramiento.
Hoy, casi dos meses después del revuelo que generó este caso y de la investigación que adelantaron los detectives, la Fiscalía reveló que todo era mentira. “En ningún momento existió abuso sexual frente a estos menores y el relato que mantenía el denunciante, según el cual los niños eran sometidos a ritos satánicos, que implicaban crímenes como homicidio, parecen ser falsos”, dijo el fiscal Camilo Burbano, de la seccional Bogotá.


Esto le dio un giro de 180 grados al proceso. La hipótesis que ahora maneja la Fiscalía es que tanto los padres como los menores eran sometidos a un adoctrinamiento religioso por el hombre que, paradójicamente, denunció el caso ante las autoridades. “Los obligaba a decir que eran parte de una secta satánica, argumentando que era un enviado de Dios, que podía ver lo que ellos hacían o pensaban. Y que si no lo hacían, Dios los iba a castigar”, añadió el fiscal.


El ente acusador empezó a indagar, después de que uno de los menores se retractara de lo que había dicho en su primera versión. Fue el niño de 10 años, quien contó que el denunciante, que vivía con ellos, lo grababa con un celular y le preguntaba que si había sido abusado sexualmente o si participaba en ritos satánicos. Cuando el menor decía que eso no era cierto, el hombre le pegaba con cualquier objeto. Eso lo comprobó la Fiscalía con unos videos registrados en el celular del nuevo sospechoso.


Además, la pareja detenida (padres de uno de los niños y parientes de los otros tres) también se retractaron. Aseguraron que no abusaron de los pequeños y que tampoco los obligaban a participar en rituales satánicos. Esa última versión fue confirmada por los investigadores con el informe de Medicina Legal, que si bien decía que los niños fueron maltratados físicamente, no tenían rastro de penetración anal o vaginal.


La versión de uno de los procesados inicialmente, que hoy está preso, señalaba a dos profesores de un colegio en Ciudad Bolívar, como supuestos cómplices de la secta: “Uno es profesor de religión, que por fuera es cura y practica brujería, y otro de inglés”, dijo en su momento. La Fiscalía determinó que era otra mentira. Con estas nuevas pruebas, ésta busca cerrar la investigación en contra de la pareja que está detenida por este caso. Sin embargo, existe un problema: el juez al frente de este caso rechazó la petición y será otro funcionario judicial quien tendrá que decir si la acepta o no.


Mientras esto se define, el ente fiscalizador avanza en la investigación contra el que inicialmente denunció el caso y quien sería el verdadero responsable de causar las lesiones a los niños. Aunque ya se inició el trámite ante los jueces para formularle imputación y solicitar la medida de aseguramiento, hasta que se resuelva la situación de la pareja que hoy permanece detenida, no podrá avanzar este proceso. Mientras se va aclarando el que en su momento fue calificado por el ICBF como de “uno de los casos más aterradores que había tenido el país”, los menores seguirán bajo la custodia de esta institución.