“No puedo amparar más curtiembres ilegales”: magistrada Nelly Villamizar

La togada que vela por el fallo sobre el río Bogotá explica su decisión de ordenar el cierre de más de 200 industrias del cuero en el barrio San Benito, que contaminan el río Tunjuelo. Debe prevalecer el interés público sobre el particular, argumenta.

“No puedo seguir amparando empresas ilegales que contaminan el río Tunjuelo y perjudican la salud de las personas que viven a sus alrededores, so pretexto de que van a quedar un poco de familias desamparadas o desempleadas. En este caso debe primar el bien colectivo y no el de unos particulares que tuvieron demasiado tiempo para legalizar sus industrias”. Estas duras palabras sobre las curtiembres del barrio San Benito son de la magistrada Nelly Villamizar, encargada de velar por el cumplimiento del fallo del Consejo de Estado que ordenó en 2014 la descontaminación del río Bogotá, que se nutre de las aguas del Tunjuelo.

Ella ordenó cerrar, desde el martes pasado, más de 200 curtiembres de esa zona que aún no se ponen al día con los requerimientos ambientales y, por lo tanto, vierten residuos peligrosos al afluente, como pelambres y químicos. Villamizar advierte que no se echará para atrás porque, a su juicio, las curtiembres han tenido doce años desde que se presentaron las primeras decisiones judiciales que los obligaban a cumplir las normas ambientales, “y hasta ahora no han hecho nada”.

La medida, sin embargo, tiene fuertes implicaciones sociales y económicas para los propietarios y empleados de las empresas de cuero, que ven en riesgo su fuente de sustento. Son cerca de 5.000 empleos que penden de un hilo.

Los tiempos para dar cumplimiento a las órdenes del Consejo de Estado se están agotando. Según la decisión del alto tribunal, la descontaminación debería quedar lista en agosto de 2017. Es una de las tantas razones que motivaron la decisión de la togada, ya que, recordó, de no hacerlo, las personas de la cuenca baja, afectadas por las sustancias vertidas en el río, pueden demandar al Estado.

Como lo informó ayer este diario, de las 300 curtiembres de San benito, solo 19 están al día; otras 65, que consideran que cumplen, hacen trámites ante la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) para que les avale su operación, y el resto (más de 200) funcionan por fuera de la ley. Un sector de los curtidores, específicamente del grupo de las 65, reconoce que años atrás fueron irresponsables con el cuidado del río, pero que eso cambió desde el 2010, cuando comenzaron a tramitar los permisos con la SDA. Sin embargo, se quejan de que no les hayan aprobado los documentos que presentaron para legalizar sus industrias, algo que, a su parecer, debe contemplar Villamizar.

“En San Benito hay muchas empresas que ya cumplen con las plantas de sedimentación que exige la ley para evitar la contaminación del río, pero aun así la SDA no ha otorgado los permisos. Por su falta de diligencia nos cerraron nuestras industrias”, asegura Jhon Parra, líder del sector y propietario de una de las curtiembres.

Y es que la magistrada, de hecho, también le achaca responsabilidad a la Secretaría de Ambiente, por considerar que “ha sido omisa ante la orden del Consejo de Estado. Debió haber acatado el fallo y buscar una solución, pero no lo ha hecho. Por eso le di un mes para que otorgue los permisos que tiene pendientes y así las curtiembres que cumplen con los parámetros establecidos vuelvan a funcionar”.

Óscar López, director de control ambiental de la SDA, explicó que sí están trabajando en las solicitudes de esas 65 curtiembres, pero admitió que se trata de procesos que se toman, como mínimo, 18 meses. Son trámites lentos en los que, resalta, no siempre les han entregado los documentos completos. Esa es la razón por la que todavía no han respondido.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que, más allá de lo que pueda pasar con ese grupo de industrias, en San Benito se ha discutido la posibilidad de construir una planta de tratamiento de agua colectiva que se encargue de separar los residuos sólidos para evitar la contaminación del Tunjuelo y legalizar su operación. Ya tienen un estudio de prefactibilidad y se calcula que costaría entre $10.000 millones y $12.000 millones, que el grupo de las 65 está dispuesto a costear. No obstante, la propuesta no se ha consolidado porque, primero, no todos los curtidores están de acuerdo, y segundo, el proyecto implica un cambio de las tuberías que debe asumir el Acueducto. Así las cosas, mientras los industriales no se pongan de acuerdo entre sí y con la empresa de agua, no habrá ningún avance. El funcionario de la Secretaría ratifica que, en efecto, el proyecto existe, pero se depende del Acueducto.

Con su mano dura, la magistrada intenta cambiar un panorama que, a pesar de lo crítico que ha sido por décadas, se ha mantenido igual, en medio de la contaminación y la falta de diligencia de las autoridades. Como ella dice: “en este país no se acatan las leyes a menos que un juez lo ordene”. Falta ver si con su orden logra que cada quien haga lo que le corresponde.