“No robé ni dejé que robaran”: dice la exalcaldesa de Usaquén

El 20 de junio, un juez declaró culpable a la exalcaldesa de Usaquén Julieta Naranjo, acusada por la Fiscalía de suscribir tres convenios de asociación sin cumplir los requisitos legales y elegir contratistas que no eran idóneos para ejecutar las tareas asignadas. Naranjo, quien ejerció como mandataria en la administración del exalcalde Gustavo Petro, insiste en la legalidad de los contratos y en la experiencia de los contratistas. “No se perdió un solo peso y no hubo dolo”, reitera. Le parece extraño que, mientras la Personería la absolvió, la justicia penal la condene. (LEA: Condenan a exalcaldesa de Usaquén por irregularidades en contratación)

Se refiere a las relaciones tensas que tuvo con la Junta Administradora Local y con quienes se opusieron al Plan de Desarrollo y a los intereses que, según dice, hubo detrás de los contratos de la localidad. “Por eso me hicieron la vida imposible”, dice. Pero considera que las obras que se realizaron durante su período son muestra de su ejecución entre abril de 2012 y mayo de 2016. (LEA: A juicio cinco alcaldes locales de la administración de Gustavo Petro)

Para hoy está previsto que el juzgado fije el monto de la pena, la cual puede estar entre cuatro y 12 años de prisión. La exalcaldesa, quien apelará la decisión, espera que la condena no sea privativa de la libertad o que al menos pueda tener prisión domiciliaria para hacerse cargo de sus hijos.

¿Cómo se define?

Una mujer con principios éticos, responsable, preocupada por los temas sociales. Una madre de dos mellizos de 10 años, abogada de la Universidad de los Andes, que no milita en ningún partido. Tengo más de 10 años de experiencia en el servicio público y puntualmente en asuntos de contratación. Mi primer trabajo fue en el IDU, cuando el director fue Andrés Camargo. A él le aprendí esa pasión por los temas de ciudad, la construcción. De allí pasé al Banco Agrario y luego a Transmilenio, en donde trabajé en temas de contratación y operativos del sistema. Pasé a la empresa de servicios públicos domiciliarios a manejar contratación. Es decir, los temas de contratación para mí no eran ajenos. En lo político nunca había tenido ningún cargo. Siempre había sido contratista, por mérito propio. Llegué después de haber estado cinco años con mis hijos, que nacieron sietemesinos, con muchos problemas de salud. Entonces mi prioridad fue hasta que estuvieran bien de salud.

¿Cómo llegó a la Alcaldía de Usaquén?

Cuando mis hijos entraron al colegio y vi que podían hacerlo, me enteré por el periódico de la convocatoria de alcaldes locales. Y cuando vi que la iba a hacer la Universidad Nacional, me presenté y lo pasé. De todas las personas que se presentaron, pasamos el 10 %, y ahí empezó el concurso por localidad. Quedamos dos mujeres. La otra tenía una hoja de vida muy buena en términos académicos, pero no tenía experiencia. Los alcaldes ganan según la experiencia y los estudios. Quedé en la terna que fue enviada al entonces alcalde Gustavo Petro y él me escogió. Terminé el proceso y no hice ningún proceso político, lo hice muy limpiamente. Acepté el cargo de alcaldesa con el ánimo de servirle a mi localidad, sin imaginarme que los cargos públicos sean un riesgo hasta que lo priven a uno de la libertad, creyendo ingenuamente que es posible hacer las cosas bien, tiene todas las justificaciones, se asesora y no va a haber ningún inconveniente. Infortunadamente, pareciera que por hacer cosas muy importantes para la localidad, el precio que estoy pagando es mi propia libertad.

¿Ya conocía al exalcalde Gustavo Petro?

No conocía a nadie de la política. No soy petrista, nunca he pertenecido a ningún partido político.

Hoy se conoce el monto de su condena. ¿Cómo se siente?

Angustiada y triste. Cada vez son más los funcionarios corruptos que manejan los caminos del país. El mensaje que puede mandar la justicia es: no vale la pena servir honestamente, pues por no jugar con los hilos de la política, de la burocracia, de las coimas, usted termina mal. O juega políticamente o lo sacan para que no vuelva a aparecerse por esos escenarios.

¿Cuánto debía ejecutar anualmente?

Casi $100.000 millones en cuatro años. Me condenan por el 0,01 %, pero no hubo mala fe de lucrarme o lucrar a otros.

¿Por qué el juez le cree a la Fiscalía?

Me imputan celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales. Se celebraron tres convenios con entidades sin ánimo de lucro, expertas en la tarea para las cuales se contrataron.

¿Cuáles fueron los contratos?

Uno por $62 millones con la fundación Torca-Guaymaral, para la recuperación de ese humedal. Para entonces, el Acueducto le había entregado a la fundación la administración del humedal. Entonces, ¿quién mejor que ellos para realizar esas labores?

Otro era para una carrera atlética…

Sí, por el cumpleaños de Usaquén. Fue por $34 millones, para realizar una carrera de alta montaña., muy diferente a las carreras 10K que se corren en Bogotá, porque la seguridad, la logística y los planes de contingencia son diferentes. En ese momento, esas carreras no se corrían por cuestiones de seguridad y porque había muy pocas empresas. El contrato se firmó con la Asociación de Alta Montaña, que entre sus socios fundadores tenía profesores de colegios distritales de educación física. Ellos se constituyeron como asociación para realizar carreras de aventura extrema. Tienen la experiencia.

¿Y el tercer contrato?

Se suscribió por $59 millones con la Asociación de Juntas de Usaquén, para capacitar a 60 líderes comunales. Usaquén tiene más de 80 JAC y la localidad tiene todos los estratos. Los de estratos 4, 5 y 6 son los que menos participan, porque tienen sus necesidades básicas satisfechas. En los estratos populares la gente tiene que lucharla más. La ley entonces obliga a contratar con ellos para fortalecerlos. Acá, por lo tanto, mal sería sacar una licitación para competirle a Asojuntas si lo que se necesita es fortalecer la mía. Si saco una licitación, probablemente queden Kennedy y Bosa, que son muy fuertes. Lo que la ley dice que debo contratar con los líderes de la localidad para fortalecer los procesos de participación.

¿Se ejecutaron los contratos?

El de Torca-Guaymaral no. Los otros dos se cumplieron a cabalidad. No se perdió un peso.

¿Qué pasó con el del humedal?

Hubo reparos de un ciudadano diciendo que hubo doble contratación. Aunque los contratos son diferentes, porque uno es de administración y el otro de sensibilización del humedal, para evitar suspicacias lo frenamos. Si hubiese tenido mala intención, lo ejecuto.

La Fiscalía cuestiona los convenios…

La interpretación que se le está dando a esa figura es de delito, cuando no hubo lesión al Estado, ni desviación de recursos. Sólo se benefició la localidad.

El juez dice que la iniciativa debía surgir de los interesados...

Si uno tiene un Plan de Desarrollo, se debe mirar con el comité de contratación cómo se van a desarrollar esos convenios. Es injusto que por un tema de interpretación —cuando la ley penal dice que se tiene que tener mala fe al realizarlo— se me condene por esto.

Pero se dice que se eludió la selección objetiva y la transparencia…

En convenios no se necesita de pluralidad de oferentes. Miro quién es el experto que puede aunar esfuerzos para lograr los cometidos del Estado. En esa medida, el principio de transparencia se convierte en la idoneidad que tiene ese ente para cumplir las obligaciones y el objeto para el cual fue contratado. Lo que vemos es una malinterpretación y una confusión en las normas. En todas las entidades hay este tipo de convenios, porque es una figura amparada por la ley y la Constitución.

¿Cuáles fueron los argumentos del juzgado para condenarla?

Que las personas no eran idóneas. Pero ellos cumplían con todo lo establecido en la norma. El juzgado dice que no seguí una directiva, pero estamos hablando de que hay una norma constitucional y otra legal que permite utilizar esta figura para contratar.

Para usted, ¿no hubo fallas?

Ninguna. Felipe de Vivero, director de la maestría en derecho público, con más de 20 años en contratación pública, revisó los convenios y dijo que se cumplieron los requisitos. Ese concepto no fue tenido en cuenta en el proceso.

¿Cómo era su relación con la JAL?

No conocía a ningún edil, ni sabía sus manejos políticos. Llegué a ejercer mis funciones de forma técnica. Ellos no esperaban que yo quedara en el puesto. De hecho, dijeron que tenía alianzas con (el exconcejal) Andrés Camacho Casado (condenado por el carrusel de contratos), porque el único voto que obtuve fue el de la edilesa Patricia Jerez. También hicieron como una tutelatón, pero con derechos de petición, para desbordar la capacidad de la Alcaldía, que de por sí no cuenta con personal de planta, tienen más de 300 funciones. Un día alguien puso 100 derechos de petición. Todo para llenarme de investigaciones. No contestar un derecho de petición era falta gravísima y daba suspensión inmediata.

¿Por qué las relaciones fueron tensas?

No era conocida en el ámbito político. Los ediles tenían otros candidatos. Además, la JAL no tenía ediles progresistas.

¿La condena a la que se enfrenta es el resultado de intereses políticos?

No sé, porque no estoy inmersa en eso. Actué técnicamente.

¿Por qué cree que la condena se emitió tan rápidamente?

El fiscal del caso vive en el mismo edificio en el que yo vivo. Cuando estuve en entrevista con él, le llevé todos los expedientes, porque estoy segura de que no debo nada. Adicionalmente, es muy extraño, porque la esposa hacía unos meses había puesto una querella por obras en el edificio y yo me declaré impedida. Entonces la remitieron a la Alcaldía de Chapinero. Como yo no debo nada, lo habría podido recusar o él debió declararse impedido, porque en el edificio hay amistades o enemistades.

¿Por qué no lo recusó?

Acá no hay nada que ocultar, no hay ningún delito. Sin embargo, es muy extraño. Yo voy encabezando ese proceso contra alcaldes locales. ¿Por qué? Porque (el fiscal) decidió empezar con mi caso...

Su condena pone en una situación difícil a otros alcaldes investigados.

No me imagino un país en paz si no existe justicia. Espero que todos respondamos por nuestros actos, pero ante una justicia imparcial.

Por ese mismo caso, la Personería la había destituido hasta por 12 años…

En segunda instancia me absolvieron. Hay una contradicción: la justicia penal me condena y la disciplinaria me absuelve.

¿La ha apoyado el exalcalde Petro?

Sí. Lo demostró en Twitter cuando dijo que la Fiscalía se ensaña con funcionarios honestos como Julieta Naranjo. Eso evidencia el apoyo.

¿Cómo se prepara para la sentencia?

Me presentaré y le daré la cara a la justicia, como siempre. Tengo la conciencia tranquila y sé que lo hice con responsabilidad, que me rodeé con los mejores profesionales.

¿Irá a la cárcel?

Es una posibilidad. Eso lo decidirá el juez. Esperamos que no, porque soy madre cabeza de familia y el soporte emocional de mis hijos. He estado durante el proceso de las actividades escolares de ellos y yo soy quien ha estado presente. Ellos entienden mucho, pero necesitan la presencia de su madre: nada reemplaza el amor y la dedicación de una mamá.

¿Se arrepiente de ser alcaldesa?

Nunca imaginé que esto fuera a ocurrir, pero no me arrepiento de haber sido alcaldesa. Lo di todo y, por otro lado, se hicieron obras importantes. No soy una heroína, pero sí transparente.

¿Como cuáles obras?

La obras se hicieron. Por ejemplo, el muro de Villa Nidia, en la calle 165 con carrera Séptima, cuyo costo fue de $10.000 millones: no tuvo ningún sobrecosto, se cumplió dentro de los plazos y ayudó a que 5.000 personas permanecieran allí y no tuvieran el miedo de que, ante cualquier lluvia, sus casas se fueran abajo. Yo debo dejarlo claro: en mi administración no robé ni dejé que robaran. Por eso estoy pagando ese precio.

¿Con la condena, dice, le cobran que no haya dejado robar?

Así son los intereses políticos.

¿Qué lecciones le deja el proceso?

Que uno debe seguir luchando. Colombia se merece la mejor forma de vida, que la gente viva bien, que la justicia funcione con quienes se roban los recursos públicos, pero que no se ensañe con quienes trabajaron honradamente.

¿Qué espera de la condena?

Que con la apelación se reverse esta situación y salga limpio mi nombre. Espero que no se me prive de la libertad y, en caso de que esa sea la decisión, espero que pueda estar con mis hijos.

Actualización de la noticia. Con posterioridad a esta publicación, la señora Julieta Naranjo Luján remitió a El Espectador una copia de la sentencia de segunda instancia proferida en su caso por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal, M.P. Alberto Poveda Perdomo, de fecha 28 de noviembre de 2017, en la que se resuelve:

“1º. REVOCAR en todas sus partes la sentencia objeto de apelación y, en su lugar, ABSOLVER a Julieta Naranjo Luján por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales”.

La anterior sentencia quedó en firme, ante la inadmisión de la demanda de casación presentada por el Fiscal 222 Seccional Delegado ante los Juzgados Penales del Circuito de Bogotá, contra el fallo de segunda instancia proferido por el Tribunal Superior de Bogotá el 28 de noviembre de 2017.