Lo que no se ha dicho sobre el San Juan de Dios

Ayer, el alcalde Gustavo Petro visitó el centro médico con el presidente Juan Manuel Santos, quien respaldó la restauración. Distrito tomó en arriendo el hospital por $750 millones mensuales.

Ceremonia simbólica sobre la reapertura del hospital San Juan de Dios. / Cristian Garavito - El Espectador

“El hospital San Juan de Dios abrirá sus puertas después de 14 años de abandono”. Esta noticia apareció por primera vez en diciembre de 2012. En ese entonces, el alcalde Gustavo Petro anunció la “reapertura simbólica del San Juan de Dios”, con la puesta en marcha de un centro de salud que forma parte del complejo hospitalario. Dos años después, el alcalde repitió el mismo discurso en las instalaciones deterioradas del San Juan. Ayer lo dijo, acompañado por el presidente de la República, Juan Manuel Santos.

“Para la paz es necesario un buen sistema de salud y un hospital como este”, dijo Santos. Por su parte, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, señaló que el departamento apoya la reapertura y que seguirá aportando recursos para solventar la liquidación del complejo hospitalario. Se espera que en junio estén saldadas las acreencias laborales de los 3.640 trabajadores que sufrieron el cierre del hospital en 2001. Para que esto suceda, el liquidador del San Juan de Dios, Pablo Enrique Leal, necesita que se concrete la venta del hospital al Distrito, por $150.280 millones.

Los líos con los trabajadores y con la propiedad del complejo hospitalario despertaron dudas en algunos asistentes: ¿Por qué el centro de salud no fue restaurado y ha funcionado con intermitencia? ¿Por qué se anuncia la reapertura del hospital, si éste todavía no le pertenece al Distrito y todavía existe una deuda con los trabajadores? En teoría, la Empresa de Renovación Urbana (ERU) le compró el hospital al liquidador del centro médico. En teoría, el registrador de la Oficina de Instrumentos Públicos anotaría al Distrito como nuevo propietario antes del 1° de febrero. En teoría, la Alcaldía ya tendría la hoja de ruta para restaurar las 24 edificaciones del complejo hospitalario. Nada de esto ha sucedido, y se da por sentado lo contrario.

Como lo contó El Espectador en su edición del 17 de enero, la compra del hospital no ha estado exenta de cuestionamientos. La firma Armando Morales Benítez y Abogados Asociados, que ha estudiado la historia jurídica del centro médico, señaló que, de acuerdo con el certificado de tradición y libertad, el hospital San Juan de Dios es el dueño de los inmuebles desde 1924, no la Fundación San Juan de Dios en liquidación, encargada de sanear financieramente el hospital y que, según la firma, lo incorporó dentro su patrimonio sin documento de traspaso que soportara este traslado. Aunque el liquidador se ha defendido señalando que “saneó el predio” a través de la figura de “ratificación del título”, el registrador no ha legalizado la venta.

Lo que la Alcaldía no ha dicho es que para intervenir el San Juan de Dios: ingresar y trasladar equipos, firmó un contrato de arrendamiento con el liquidador del hospital, Pablo Enrique Leal, por un valor de $750 millones mensuales. Como el registrador no ha oficializado la venta, al Distrito no le quedó otro camino que conseguirlo vía arrendamiento. El Espectador intentó conocer el contrato, pero la ERU se negó a entregarlo. Es más, no aparece en la página de contratación pública del Secop ni en la página de contratación a la vista de la Alcaldía. Es decir, que si la venta no se hace efectiva, el Distrito estaría pagando cerca de $40.000 millones en el arriendo del hospital por los próximos 5 años.

Esta negociación no ha tenido el visto bueno de otras entidades de la administración. Según una alta fuente de la Alcaldía, “la ERU va por un lado, Patrimonio por otro y el alcalde exige metas que a corto plazo no se pueden cumplir. Con el contrato se aceleran las obras, pero es muy caro”.

Este diario conoció una acción preventiva que le envió el procurador general, Alejandro Ordóñez al registrador Édgar José Namen Ayub, quien debe adjudicarle el hospital al Distrito. En el documento, el procurador le recomienda al registrador: “Adoptar con la mayor celeridad” los análisis jurídicos sobre la adjudicación del predio. El registrador señaló que no ha sido “un estudio fácil” por la antigüedad del hospital, fundado en 1564 por Fray Juan de los Barrios y Toledo. En su discurso, el gobernador Álvaro Cruz dijo que “a mi juicio, el complejo le corresponde totalmente a la nación”.

Otro tema del que poco se ha hablado, y que es clave para la recuperación del San Juan, es la expedición del Plan Especial de Manejo y Protección (Pemp), elaborado por la Universidad Nacional, el que deberá ser aprobado por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC). Este estudio, que costó cerca de $1.600 millones, determinará la hoja de ruta para recuperar arquitectónica y financieramente el hospital, que fue declarado monumento nacional en 2002.

Aunque la Universidad Nacional ha publicado detalles sobre el Plan, como que el hospital sería recuperado por etapas en los próximos 10 años, lo cierto es que el PEMP no ha sido aprobado. Ya ha sido devuelto en dos ocasiones por el IDPC y se espera que la versión final sea expedida en marzo. Sin este documento, el Distrito difícilmente podría restaurar los edificios del San Juan de Dios. El IDPC indica que para recuperarlo serían necesarios cerca de $250 mil millones.

Sobre los recursos que podría aportarle Santos al hospital también hay dudas. La presencia del presidente y del gobernador Cruz no fue gratuita. En 2008, la Corte Constitucional expidió la Sentencia SU 484, que le ordenó a la nación pagar el 50% de la deuda a los trabajadores, el Distrito el 25% y el departamento el otro 25%. Es decir, es una obligación con el proceso de liquidación y no necesariamente implica inversión en la recuperación de la infraestructura del hospital, tarea que Petro decidió asumir solo.

Hubo una escena que pasó inadvertida ayer. No todos los trabajadores del hospital apoyaron al alcalde. En la torre central del hospital habitan más de 20 familias, algunas que desaprueban la compra que hizo el Distrito. No porque quieren que el hospital desaparezca, sino porque consideran ilícito que el Distrito le entregue $150.280 millones a un proceso de liquidación que comenzó en 2006 y que tuvo un detrimento patrimonial por $11.579 millones, como lo determinó la Contraloría en 2013.

 

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