La nueva burocracia de Peñalosa

En su primer año de gobierno, el mandatario creará al menos cinco entidades nuevas. Las secretarías Jurídica y de Seguridad, la empresa Metro, la unidad logística para la salud y la Agencia Distrital de Infraestructura. A la par, viene haciendo recortes.

La creación de los nuevos despachos pasarán por el Concejo, donde Peñalosa tiene mayorías. / Cristian Garavito - El Espectador

Sólo falta una firma del alcalde Enrique Peñalosa para concretar la creación de las secretarías de Seguridad y la Jurídica, aprobadas el viernes por el Concejo. Esos nuevos despachos no sólo servirán para pensar la estrategia contra la criminalidad, en el primer caso, y para fortalecer la defensa judicial del Distrito, en el segundo, sino que se convierten en la primera muestra de una reforma administrativa que también incluye la creación de, al menos, otras tres entidades.

En el Concejo, además, se tramita la creación de la unidad logística para la salud, que permita hacer más eficiente la administración de los hospitales. Y, en los próximos meses, verán la luz la empresa Metro y la Agencia Distrital de Infraestructura (ADI).

Ser gestor de entidades es una faceta que la ciudad le conoció a Peñalosa en su primera administración (1998-2000), cuando creó la empresa Transmilenio, la Empresa de Renovación Urbana (ERU) y Metrovivienda (encargada de gestionar el suelo de proyectos habitacionales para los más pobres). Tres lustros después ve la necesidad de crear nuevas instituciones que asuman, de forma independiente, funciones que hoy ejecutan otros despachos.

Pero surgen varias preguntas: ¿qué tan pertinentes son? ¿Terminarán generando más gasto, desttpués de que Peñalosa ha dado a entender que encontró una Alcaldía derrochona? Es algo que, en buena medida, no está claro.

La empresa Metro será creada por petición del Banco Mundial, financiador de la obra. El propio alcalde, en entrevista con El Espectador, dijo en enero que no le gustaría crearla, pues el IDU podía asumir la contratación y Transmilenio, la operación. Finalmente se decidió a hacerlo en coordinación con la Nación y llevará la propuesta al Concejo. Sin embargo, Andrés Escobar Uribe, que será el gerente, le dijo a este diario que no sabe cuánto costará su operación ni de dónde saldrá la plata.

La Secretaría Jurídica servirá, en palabras de la administración, para mitigar los riesgos por pleitos judiciales, que hoy ascienden a $3,8 billones. Esa función la cumple actualmente una dependencia de la Secretaría General. Tampoco está claro cuánto costará.

La unidad logística de salud, que negociará la contratación de insumos y medicamentos para los hospitales, comenzará con una inyección inicial de $5.000 millones, pero más allá de darse por sentado que tendrá un director, aún no se definen aspectos como el número de trabajadores que tendrá.

De la ADI se sabe que su diseño estará a cargo de la Secretaría de Planeación y servirá para atraer inversión de particulares. Por allí pasará la estructuración de las Alianzas Público-Privadas (APP), instrumento con el que el Distrito busca apalancar $30 billones de los $88,7 billones que cuesta su Plan de Desarrollo.

La administración señala que a la par con la creación de estas entidades está haciendo recortes en todo el Distrito para liberar recursos y darles prioridad “a inversiones sociales y de infraestructura”. Prueba de ello, dice, es la circular que la Secretaría de Hacienda les envió en enero a las dependencias para que redujeran los gastos el 20% del presupuesto aprobado para este año. De cumplirse, se hablaría de un ahorro de $3,3 billones.

Hacienda pidió revisar el presupuesto asignado, tanto en gastos de funcionamiento como de inversión, especialmente la contratación, los convenios interadministrativos, la planta de personal, el rubro de honorarios, los gastos generales, los proyectos de inversión, entre otros. “Una vez identificados los procesos o contratos no indispensables, se les aplican los criterios de austeridad, respetando el principio de seguridad jurídica y, previo análisis, se debe evaluar su revocatoria o posible terminación, siempre y cuando no genere riesgo para el Distrito”, dice la circular.

Si a esto se suman las iniciativas de reorganizar la red de hospitales públicos y la liquidación del Fondo de Seguridad, seguramente saldrán de un gran número de contratistas, los que generarían ahorros para la administración. Para algunos funcionarios del Distrito, la meta del 20% es posibles debido a la cantidad de contratistas por prestación de servicios que dejó la anterior administración. Según datos del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, en los últimos cuatro años esta contratación aumentó casi el 70%, al pasar de 31.782 contratistas en 2012 a 50.490 a finales de 2015. Sólo con volver a la cantidad de contratos por prestación de servicios que existían hasta 2012, el ahorro de recursos sería considerable.

Antes de pensar que las nuevas entidades que pretende crear la administración Peñalosa son, simplemente, más burocracia, el profesor Pedro Nel Ospina, de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, pide tener en cuenta varios aspectos. Primero, que la creación de nuevas instituciones se justifica siempre y cuando se articulen con las que ya existen y terminen facilitándoles la vida a los ciudadanos. Esto es clave, anota, en el caso de la empresa Metro: “Debe pensarse como una parte del sistema integrado de transporte. No puede ser una isla”.

Agrega que al concebir estos despachos se deben tener en cuenta los conflictos que se puedan presentar con otras entidades que realicen labores similares, y tener claros los procedimientos para dirimirlos. “No se pueden terminar pisando las mangueras”.

Mientras se concretan y entran en operación los nuevos despachos que creará el alcalde Enrique Peñalosa, es prematuro concluir si se trata de burocracia inútil o si, por el contrario, serán despachos que realmente mejorarán la eficiencia de la administración.