La nueva fase del carrusel

Con el anuncio de la imputación de cargos al concejal José Juan Rodríguez comienza el sismo político en el Concejo de Bogotá.

José Juan Rodríguez es investigado por su presunta injerencia en contratos de infraestructura vial.  / Archivo  - El Espectador
José Juan Rodríguez es investigado por su presunta injerencia en contratos de infraestructura vial. / Archivo - El Espectador

Luego de un año y medio de incertidumbre en el Concejo de Bogotá, la noticia cayó ayer en el cabildo como un baldado de agua fría que nadie quiere, pero que todos esperaban: la Fiscalía General de la Nación anunció que imputará cargos al cabildante del Partido Verde José Juan Rodríguez. Uno de los concejales que hoy son investigados por sus presuntos nexos con el carrusel de la contratación.

Emilio Tapia, el exrepresentante a la Cámara Germán Olano, y el exdirector técnico del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) señalan al concejal por el Partido Verde de ser uno de los cabildantes que sirvieron como intermediarios entre los contratistas y los hermanos Samuel e Iván Moreno para la adjudicación y el favorecimiento de contratos en el Distrito.

Después de un sinnúmero de filtraciones de los interrogatorios rendidos ante la Fiscalía por diversos implicados en el escandaloso desfalco y los testimonios de audiencias públicas en la Contraloría General de la República y en la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General tiene las pruebas para imputarle a Rodríguez Rico el delito de celebración indebida de contratos.

Según fuentes en la Fiscalía , “el concejal participó en la adjudicación irregular de tres de los más importantes convenios de infraestructura en la capital del país: valorización, la construcción de malla vial y la Fase III de Transmilenio”. El ente fiscal aún no destapa sus cartas, sólo hasta el día de la audiencia de imputación de cargos, que aún no tiene definida fecha, se sabrá cómo operaba supuestamente el cabildante.

Rodríguez Rico es el tercer implicado en el proceso. Este mes se han imputado cargos al exconcejal Hipólito Moreno y al exsecretario de Salud del Distrito Héctor Zambrano. Sin embargo, su caso tiene una importancia particular, pues se trata del primer concejal en ejercicio que es oficialmente vinculado al proceso. De ahí que su investigación, así como la de otro puñado de cabildantes que están en la mira de la Fiscalía, podría derivar en un sismo político en el corazón del Concejo, con repercusiones que incluso pueden afectar el proceso administrativo de la ciudad.

José Juan Rodríguez Rico es un concejal bogotano proveniente del conservatismo. Heredó el bastión político de su padre, Gustavo Rodríguez, quien junto con Berta Ospina, exprimera dama del país y esposa del expresidente Mariano Ospina, empezó a hacer política por los barrios de la capital colombiana bajo el manto del Partido Conservador, y quien en los años 70 pudo convertirse en un líder y crear su propio movimiento, por supuesto, bajo el toldo de los conservadores, al que llamó Movimiento Nacional.

Rodríguez llegó al Concejo de Bogotá en 2004 representando al movimiento de su padre. Luego ganó nuevamente la curul en 2007 con Alas Equipo Colombia y está en el cabildo distrital desde 2009 como concejal del Partido Verde Opción Centro.

Su origen político, según fuentes de la política nacional, lo llevó a establecer una relación cercana con Liliana Pardo, exdirectora del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), quien en la actualidad tiene varias investigaciones en su contra de tipo penal, disciplinario y fiscal por sus negocios ilícitos en la licitación y adjudicación de la construcción de la Fase III de Transmilenio y en otros contratos, con los anteriormente reputados empresarios y primos Miguel, Manuel y Guido Nule.

Según fuentes del Distrito, fue el concejal Rodríguez Rico quien presionó la entrada de Pardo al Distrito, en la administración de Luis Eduardo Garzón, hoy jefe del Partido Verde, quien está incurso en una investigación fiscal adelantada por la Contraloría General por la adjudicación, en 2007, del contrato anteriormente nombrado a la Unión Temporal Transvial, grupo empresarial de los Nule. El primer cargo que ocupó Pardo en la administración de Garzón fue como gerente del Fondo de Seguridad y Vigilancia, una entidad descentralizada, cargo designado directamente por el alcalde mayor. En la administración de Samuel Moreno, Pardo ocupó el cargo de directora del IDU.

El año pasado, en la Corte Suprema de Justicia, en el juicio que se adelanta contra el destituido e inhabilitado alcalde Samuel Moreno, Inocencio Meléndez atestiguó y señaló al actual concejal como “el brazo político del carrusel de la contratación” en Bogotá. Meléndez aseguró, además, que Rodríguez era el cerebro detrás de las cesiones de diversos contratos, entre ellos el de la construcción de la Fase III de Transmilenio al Grupo Empresarial Vías de Bogotá S.A.S., conocido como Conalvías, el 20 de febrero de 2010. Dicha cesión, según los primos Nule, se hizo por sugerencia del contratista Emilio Tapia, en la época en la que ellos comenzaron a atrasarse en el desarrollo del mismo.

La versión del exrepresentante a la Cámara Germán Olano, hoy preso por su injerencia y participación en el carrusel de la contratación, también coincidió con la de los otros implicados. Y señaló que Rodríguez era cercano al contratista Julio Gómez y al entonces gerente del Hospital de Kennedy.

Finalmente, en las declaraciones de Emilio Tapia -cuyo preacuerdo con la justicia se cayó ayer por segunda vez-, José Juan Rodríguez también salió a relucir como uno de los cerebros del carrusel. Según Tapia, el concejal y Julio Gómez fueron los encargados de manejar el contrato que fue adjudicado a los Nule finalizando la administración de Garzón.

Conocida la noticia, Rodríguez Rico negó tener nexos con el cartel. “No tengo absolutamente nada que ver con los contratistas de Bogotá”, aseguró en entrevista con Blu Radio. También afirmó que no piensa renunciar a su curul en el cabildo.