'Nueva norma de vertimiento en ríos será más flexible'

En una función de advertencia, el organismo de control dice que la propuesta del Minambiente es más laxa que leyes como la brasileña.

En la cuenca del río Bogotá están asentados 45 municipios y en ellos existen 25 plantas de tratamiento de aguas residuales. La Contraloría analizó 304 reportes de estas plantas y llegó a una preocupante conclusión: sólo en el 3,62% de los informes se cumplía con los límites de vertimientos que señala la norma.

Pero hay otro ingrediente que es más alarmante aún: la Contraloría acaba de hacerle una función de advertencia al Ministerio de Ambiente, argumentando que las nuevas reglas que está preparando el Gobierno para establecer “los parámetros y los valores límites máximos permisibles en vertimientos” en ríos y a sistemas de alcantarillado público son “más flexibles con respecto a la normativa vigente y a normas internacionales como las establecidas en Brasil y en la Unión Europea, lo que amerita un pronunciamiento de nuestra parte”.

En la función de advertencia el caso protagónico es el del río Bogotá, ya que la Contraloría viene adelantando un proyecto de control fiscal a este afluente. Ya una auditoría especial sobre la gestión de este caudal había señalado que, luego de visitar la totalidad de municipios de la cuenca del río “se pudo comprobar que, sin excepción, el Distrito Capital y los 45 municipios no cuentan con un inventario de la totalidad de sus contaminantes: aguas residuales, industriales y domésticas, residuos agropecuarios, mineros y en general todo tipo de residuos o vertimientos que afectan sus fuentes de agua; ni han garantizado el sometimiento de los mismos a un tratamiento previo a su disposición en la corriente receptora, el río Bogotá”.

Lo que advierte la Contraloría es que esta desalentadora radiografía de este caudal podría agravarse aún más si la nueva normatividad empieza a regir tal y como está planteada hoy: con unas normas más laxas. Y no sólo el río Bogotá se vería afectado: la norma generaría secuelas en todos los afluentes del país.

En el oficio se señala que la “sostenibilidad de las fuentes de agua” es “una condición para el acceso al agua potable”. Precisamente la calidad del líquido es uno de los principales problemas que enfrenta el país: el 50% de la población rural y el 25% de la urbana no tiene acceso a agua potable. La Defensoría del Pueblo estima que en 2011, de los 1.123 municipios que tiene el país, 521 bebieron de este líquido sin estar en condiciones de potabilidad y el Instituto Nacional de Salud estima que el 30% del agua distribuida en el país entre 2007 y 2011 representó un alto riesgo para la salud.

Temas relacionados