La nueva puja por el contrato de La Santamaría

Una empresa, una unión temporal y un consorcio se disputan el contrato, que el Distrito intenta adjudicar por tercera vez. El ganador se conocerá el viernes de la semana entrante.

ArchivoPlaza de Toros de Santamaría
El accidentado proceso para hallar una empresa que ejecute las obras de reforzamiento de la Plaza de Toros de Santamaría vive un nuevo capítulo en el que los actores principales se conocieron este martes. Ese día una unión temporal, un consorcio y una empresa se lanzaron al agua para disputarse el contrato de $6.500 millones. La mayoría de quienes los representan saben bien qué pide el Distrito, pues participaron en la licitación que el Instituto de Patrimonio Cultural declaró desierta en marzo pasado.
 
Dado que dos veces la licitación tuvo esa suerte y el tiempo apremia, el Instituto optó en esta tercera ocasión por un proceso de selección abreviada que terminará el viernes de la próxima semana, cuando se conocerá si finalmente hay un ganador o si, de nuevo, ningún interesado cumple los requisitos.
 
Al revisar las anotaciones de los nuevos interesados en el Registro Único Empresarial, ninguno presenta sanciones ni multas. Sin embargo, los representantes legales de las tres aparecen en el boletín de deudores morosos del Estado que publica la Contaduría General y cuyo reporte más reciente es con corte a noviembre pasado. Es algo que, como lo contó El Espectador, también ocurrió con quienes se disputaron la licitación pasada, pero no genera ninguna inhabilidad para contratar con el Estado.
 
La única empresa que se presentó en solitario se llama Urbaniscom, que hizo una propuesta económica de $6.240 millones. Fue una de las dos que se disputó la licitación pasada, pero quedó por fuera al no acreditar la convalidación del título de un arqueólogo exigido como condición para adelantar los trabajos. El Registro Único Empresarial indica que ha sido un contratista frecuente del Distrito, particularmente de la Secretaría de Educación, el Instituto de Patrimonio, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, así como de entidades nacionales como Fonade, el Inpec, el Ministerio de Educación.
 
Cabe recordar que el competidor de Urbaniscom en la licitación declarada desierta en marzo fue un consorcio cuyo representante legal, Víctor Armando Cortés, había sido socio de Julio Gómez, contratista condenado por el carrusel de la contratación. El Espectador denunció esta relación, aunque no fue el motivo por el cual resultó descalificado, sino porque incumplió con la garantía de seriedad exigida.
 
Por otra parte, la unión temporal que compite por el actual contrato se denomina La Santamaría y su representante legal es Luisa Fernanda Bautista Conde, gerente de la empresa Inbacón. Integrantes de esta empresa, aunque no se presentaron a la licitación pasada, sí participaron en la etapa de formulación de inquietudes sobre los requisitos exigidos, durante el tiempo que toda licitación establece para que cualquier interesado lo haga. Invacón registra experiencia en contratos con el Fonade y con las alcaldías de Villapinzón y Fómeque, ambos de Cundinamarca. La propuesta económica es de $6.402 millones.
 
El último proponente es el consorcio Obrar Santamaría y lo representa Álvaro Orlando Rojas Montenegro, gerente de la empresa Obracic, que ha sido contratista del Inpec, de la Aeronáutica Civil y de la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín. La propuesta que presentó fue por $6.418 millones.
 
Quienquiera que gane deberá ejecutar las obras durante 18 meses. Lo que viene durante lo que resta de esta semana y la próxima es la evaluación jurídica, económica y financiera de cada uno de los proponentes. 
 
La Plaza de Toros de Santamaría está cerrada para la fiesta taurina desde que en 2012, durante su primer año de gobierno, el alcalde Gustavo Petro decidió revocar el contrato de arrendamiento que la Corporación Taurina de Bogotá tenía con el Distrito, pues consideró que allí se debían desarrollar otro tipo de espectáculos culturales. Después de un litigio jurídico, la Corte Constitucional le ordenó reabrir el espacio para los toros, pero se interpuso el resultado de una consultoría que sugirió realizar obras de reforzamiento por seguridad.
 
El alto tribunal indicó que la plaza debía estar lista para la tauromaquia en agosto de 2016, pero es algo que después de dos licitaciones declaradas desiertas y, por ende, sin que las obras hayan comenzado, el Distrito no puede cumplir. Por eso, la Alcaldía acudió a la Corte para explicar las razones de los retrasos. Los taurinos, sin embargo, se habían programado para volver a La Santamaría en la temporada de 2017, algo que aún es posible si se adjudica el actual contrato, pues debería terminar en noviembre de 2016.
 
Los $6.500 millones que se invertirán en este contrato hacen parte de una primera etapa y quedarían faltando otras dos que le corresponderán a la próxima administración y podrán realizarse sin necesidad de interrumpir los espectáculos taurinos.