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A dos meses del primer aniversario de las históricas movilizaciones del 21 de noviembre, y pasados menos de 15 días de la muerte de Javier Ordóñez, el descontento popular y la protesta volvieron a las calles, pese a ser tiempos de pandemia. Si bien hasta el mediodía de este lunes el balance era de tranquilidad y movilizaciones pacíficas en Bogotá, la jornada fue mancillada por choques entre uniformados del Esmad de la Policía y algunos manifestantes, lo que obligó a la intervención de las autoridades, como lo había anticipado la alcaldesa Claudia López, en caso de presentarse actos vandálicos.
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Quizás una de las imágenes más preocupantes fue la de un grupo de encapuchados que, en pleno centro de la ciudad, resolvió remover y destruir los adoquines del pavimento para lanzarlos -sin más- contra agentes del Esmad. Incluso, los vándalos arremetieron contra una entidad bancaria y no hubo reja que valiera en su propósito de irrumpir y saquear el lugar. “Eso no es manifestación pacífica. La calma y el orden deben imperar”, reprochó el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo.
No menos alarmante fue ver a varios manifestantes que, en su anhelo de conservar la tranquilidad y serenidad de las marchas, se interpusieron entre los vándalos y los uniformados pidiendo un cese de agresiones, mientras las piedras les pasaban por el lado. Una muestra de la situación de orden público es que, pese a que la Alcaldía anunció que Transmilenio y el componente zonal del SITP cesarían labores a las 8:00 p.m., sobre las 6:00 p.m. ya se reportaban 40 estaciones fuera de servicio por manifestaciones ajenas a la operación.
Al final, el balance de la Policía fue de 142 actividades en el país, entre caravanas, marchas y movilizaciones, en las que se calcula participaron casi 5.600 personas. En Bogotá hubo 11 concentraciones y tres marchas que desembocaron en la Plaza de Bolívar, donde hubo protestas contra los excesos de la Policía y la seguidilla de masacres que han sacudido al país.
También para reclamar por el Decreto 1174 de 2020 (que establece condiciones para el trabajo por horas o días), el millonario préstamo del Gobierno a Avianca, la negociación de un pliego nacional de emergencia, que propone medidas económicas y sociales, para hacerle frente a la emergencia sanitaria desatada por el COVID-19, así como el establecimiento de una renta básica por al menos seis meses.
En otras ciudades como Pasto hubo afectaciones contra un CAI, en Medellín vándalos atacaron con explosivos improvisados contra la sede de la Policía Metropolitana y en Neiva un subintendente de la institución resultó lesionado tras ser impactado con un objeto en su rostro. El balance global fue de un bus de Transmilenio y una entidad bancaria vandalizadas, cuatro capturados (tres por violencia contra servidor público y uno por daño en bien ajeno) y cinco conducidos preventivamente a centros de protección en la capital.
Así las cosas, las autoridades tuvieron que intervenir en ocho oportunidades ante situaciones de violencia y vandalismo: cinco en Bogotá, dos en Pasto y una en Medellín. “La Fuerza Pública ejerció con el propósito de garantizar el derecho de los ciudadanos a manifestarse. Actuó en caso de acciones violentas y vandálicas. El balance es de tranquilidad”, destacó el ministro de Defensa.
Abrebocas del descontento
Lo ocurrido este lunes, salvo las alteraciones de orden público y los choques, es una muestra del malestar ciudadano y la oposición al Gobierno que se vive en el país y que desde ya parece vislumbrarse como el segundo tiempo del paro nacional, que quedó suspendido en marzo pasado por el COVID-19.
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De acuerdo con Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT) -una de las organizaciones que integran el Comité Nacional de Paro-, aún no están previstas nuevas jornadas de protesta y entre martes y miércoles sostendrán reuniones para definir la agenda que se viene.
“No hay citadas nuevas movilizaciones. Lo que estaba previsto eran las caravanas del lunes. En el Comité nos reuniremos próximamente para definir las nuevas tareas. Hay que darle tiempo al Gobierno para que reaccione. Esperamos que el presidente Iván Duque actúe positivamente”, dijo.
Incluso, uno de los miembros del Comité del Paro, que pidió no ser nombrado, aseguró que en días próximos no se prevén nuevas manifestaciones, pues “la convocatoria a cada rato, cada tercer día, puede terminar agotando a la gente y deslegitimando nuevas protestas, en las que necesitaremos respaldos masivos”.
No obstante, para la analista y docente Sandra Borda -autora de un reciente libro que, a modo de crónica, analizó lo ocurrido en noviembre pasado- lo que se viene es la definición de una agenda más robusta frente a lo que había a principios de año en materia de reclamos sociales y económicos.
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Según Borda, pese a que son consignas comunes, no se pueden confundir las manifestaciones contra la violencia que sacude al país y las demandas del paro. “Los temas se han agudizado por la pandemia y la falta de gestión. Aquí lo problemático es que el Gobierno no parece estar en la tónica de entablar una conversación”.
A su turno, el profesor del Rosario y analista político Mauricio Jaramillo advierte que el Ejecutivo que lidera Duque cerró mal el año pasado en términos de gobernabilidad y manejó muy mal las protestas, por lo que ahora -en un escenario de crisis económica por COVID-19 y los hechos de violencia- se pueden exacerbar aún más los ánimos. “El COVID-19 fue una tregua para el Gobierno frente a las protestas, pero administró muy mal esa pausa. Todo se rompió por la aparición de las masacres, los abusos de la Policía y la reactivación económica en medio de la flexibilización laboral”, opina.
Las protestas de hoy, coinciden los analistas, parecen ser el abrebocas de las jornadas de movilización que se vienen para el país, otra vez, al cierre del año. Si bien hubo hechos de vandalismo y violencia, el balance parece ser positivo y -dado el ambiente de crispación por lo ocurrido con Javier Ordóñez- más que nunca se requiere que prevalezca la tranquilidad y el respeto durante las manifestaciones.
No menos relevante será la actitud que asuma el Ejecutivo ante la reactivación de la protesta social. “Por el confinamiento nos tocó poner muchos derechos en paréntesis, pero ahora se necesita que se garanticen condiciones para la gente y que sean escuchados”, concluye Sandra Borda.