Nuevo grupo quiere manejar el bazuco en Cazucá

Detrás de la seguidilla de homicidios en esa comuna de Soacha, estaría una nueva guerra por el dominio del microtráfico.

Entre enero y junio se han registrado 25 homicidios en Cazucá. En menos de dos meses han ocurrido 16 de ellos.
Entre enero y junio se han registrado 25 homicidios en Cazucá. En menos de dos meses han ocurrido 16 de ellos.

Los homicidios, las amenazas, los panfletos y el abandono se niegan a salir de Altos de Cazucá, la comuna más deprimida y violenta del municipio de Soacha. A pesar de años de denuncias y alertas, la situación no ha cambiado. Por el contrario, se recrudece. La seguidilla de 16 asesinatos selectivos en menos de dos meses así lo demuestra. Aunque la Defensoría del Pueblo ha emitido en la última semana dos alertas, al encontrar que entre las víctimas hay líderes sociales, para la policía judicial hay una hipótesis clara detrás de estas muertes: a la zona llegó hace poco un nuevo grupo delincuencial a disputar el control de la venta de bazuco.

Fuentes judiciales indicaron a El Espectador que una organización, que se autodenominan “Los Paisas”, llegó hace dos meses a la Comuna y desde entonces libra una guerra contra otras bandas dedicadas al microtráfico, para ser los dueños de la zona. La razón para disputarse a sangre y fuego este territorio es que se trata de un corredor estratégico para el tráfico de armas y de drogas, entre el casco urbano de Bogotá y la zona rural del Sumapaz, algo que se facilita por el poco pie de fuerza que hay para enfrentar la inseguridad y la violencia.

La última alerta de la Defensoría del Pueblo se emitió el fin de semana, tras el asesinato de dos líderes sociales de Cazucá. Uno de ellos fue vicepresidente de la Junta de Acción Comunal del barrio El Oasis. Las víctimas fueron Luis Fernando Ortega Rubio y Nolberto Martínez Macana. En la madrugada del viernes sus cadáveres sin ropa los dejaron abandonados en las calles del barrio la Isla. Aunque no tenían heridas de arma blanca o de fuego, sus cuerpos sí tenían señales de muerte violenta.

Según Jorge Calero, coordinador del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría, el llamado de atención es porque las muertes de Ortega y Martínez se suman a la seguidilla de homicidios en el sector, especialmente en el barrio la Isla. “Aunque el año pasado disminuyeron los asesinatos, este año hay un incremento de los homicidios selectivos. Por eso solicitamos una intervención integral en esta comuna y que se refuercen las medidas de prevención y de protección, para que no se repitan atentados contra la vida, ni contra la integridad personal, como amenazas, extorsiones y restricciones de la movilidad”

Microtráfico

Aunque una de las víctimas era reconocido por su trabajo social, para la Policía, sus muertes, aparentemente poco tienen que ver con esa actividad. Según el coronel Gustavo Berdugo, comandante de la Policía en Soacha, en las investigaciones han encontrado indicios que apuntan a móviles más cercanos al microtráfico que a la labor social.

“Los cuerpos no tenían heridas de arma blanca o de fuego. Creemos que a las víctimas las llevaron a un lugar cerrado y luego del crimen, tiraron sus cadáveres en el sector. Los investigadores inspeccionaron las casas de Ortega y Martínez y en una hallamos 300 gramos de bazuco y una gramera, elementos clave para el microtráfico. De la otra víctima sabemos que su esposa paga prisión domiciliaria por extorsión. Estos son elementos que deben tener en cuenta los investigadores. En principio, es posible que sean muertes relacionadas con el tráfico de drogas”, reiteró.

Frente a la preocupación de la Defensoría del Pueblo por el incremento de los asesinatos selectivos en Cazucá, el coronel Berdugo indicó que, por el contrario, las cifras muestran una disminución de los homicidio. “El primer semestre del año tenemos una reducción. Al 24 de junio de este año, en Soacha se registraron 83 asesinatos, frente a 85 ocurridos en el mismo periodo del año pasado. En cuanto a Cazucá, se han reportado a la fecha 25 homicidios en ambos periodos”.

“Venimos interviniendo la comuna y todo Soacha de manera permanente. Tenemos grupos especiales de investigación que tienen la misión de desarticular las estructuras criminales que operan en la zona. Estamos adelantando operaciones, requisas, incautaciones de armas y de droga. Esto sumado a programas de sensibilización de la comunidad. Estamos haciendo un trabajo articulado con la administración y los habitantes”

En lo que sí coinciden la Defensoría y la Policía es que en la zona falta inversión social, para contrarrestar el dominio de los grupos delincuenciales. “La ciudad vienen creciendo desordenadamente. Falta transporte, vivienda, salud... Infraestructura que supla las necesidades básicas de la población”. Vale recordar que esta es la zona con el mayor número de desplazados, al tener casi 50.000 familias que han llegado de otras partes del país.

Sobre la brecha que se genera en la zona, por ser el límite entre la Policía Metropolitana de Bogotá y la Policía de Cundinamarca, el coronel Berdugo aclara que ese no es el problema de fondo, ya que se adelanta un trabajo coordinado. “Esperamos que el trabajo mancomunado entre la Policía de Cundinamarca y la de Bogotá, así como las administraciones, empiecen a tener resultados para mejorar la seguridad. No podemos seguir mirando esa zona como una frontera, porque la Policía no es de Soacha o de Bogotá, sino nacional”.

Alerta en Cazucá

Las alarmas sobre la oleada de violencia en Cazucá las prendió la Defensoría del Pueblo la semana pasada, cuando, al compilar la información sobre las muertes presentadas en esa comuna, se estableció en entre mayo y junio 16 personas fueron asesinadas. La cifra evidenció un recrudecimiento del crimen, pues hasta el pasado 20 de junio se habían presentado 26 homicidios. Es decir, más de la mitad de esos hechos se presentaron en poco más de un mes.

Además, se observaron varios detalles. Algunas de las víctimas son originarias de otras zonas del país, como Antioquia o Magdalena. Incluso, el 17 de mayo fue asesinado Antonio González, un auxiliar de Policía, de 24 años, que apenas llevaba un par de meses en el municipio.

La alerta de este año no es nueva. Hace cinco años se escuchan las denuncias de amenazas y homicidios selectivos en la zona, especialmente en el sector La Isla. Las amenazas no solo son entre las bandas que manejan el microtráfico. También contra aquellos jóvenes que participan en proyectos sociales para hacerle el quite a la violencia y no caer en alguna de esas organizaciones.

Cazucá es una zona muy compleja, dice Luis Fernando Marulanda, experto en seguridad urbana. Para él, hay varias razones: las condiciones socioeconómicas, que influye en la presencia de grupos delincuenciales y la constante disputa por las diferentes rentas criminales de la zona, todo alimentado por un proceso de desgobierno. “Además, el tema de jurisdicciones de policía, eso hace que sea más complejo la situación, ya que no se evidencia públicamente un trabajo conjunto para acabar con ese fenómeno”.

Marulanda agrega que el aumento de homicidios y los hechos criminales que se vienen dando, se debe a que seguramente está entrando un actor nuevo, que quiere disputar ese territorio a sangre y fuego. “En este tipo de situaciones llegan muy violentos para cooptar la zona y luego pacificar. Cazucá es muy importante por el tema frontera, quien domina eso domina un corredor estratégico para la criminalidad, ya que lo que van a entrar no lo van a entrar por la Autopista sino por esa zona”.

El municipio

En Soacha vive casi un millón de habitantes y a la violencia se suma una serie de problemas. El panorama en las comunas marginales es complejo: el transporte público es escaso o nulo; las estaciones de Transmilenio son lejanas, los alimentadores no llegan y los pocos buses que se atreven a hacerlo, solo van una o dos veces y durante el día, para evitar atracos.

Solo en Altos de Cazucá, que limita con la localidad de Ciudad Bolívar (Bogotá) viven casi 17 mil desplazados. Entre 2012 y 2013, el volumen de desplazados en Soacha se duplicó, según registros de la Personería Municipal. El panorama es desolador: allí no hay calles pavimentadas sino trochas y caminos hechos con retazos de madera; tampoco acueducto ni alcantarillado, sino tubos y mangueras improvisadas; ni viviendas dignas, sino ranchos a medias, construidos con cartones, tejas de aluminio y lonas.

También hay una fuerte presencia de grupos armados ilegales que utilizan zonas marginales como corredores para el tráfico de armas y drogas entre el casco urbano de Bogotá y la zona rural del Sumapaz. En ese trayecto tienen puntos de expendio de drogas. Reportes de la Personería municipal establecen que hay alrededor de un policía por cada 4.000 habitantes, un pie de fuerza a todas luces insuficiente para enfrentar la inseguridad y la violencia.

No es extraño, en sectores como Altos de Cazucá o Altos de La Florida, que circulen panfletos y declaraciones de toque impuestas por grupos ilegales que asesinan, extorsionan y desplazan pobladores. Actores dedicados al microtráfico tienen como objetivo a los menores de edad como consumidores y mano de obra criminal. Al menos en seis de cada diez delitos hay un menor involucrado, precisa el personero, Henry Sosa.

Otro problema grave es la informalidad. En las zonas marginales han sido los llamados “tierreros” (personas o colectivos usualmente vinculados a grupos ilegales que estafan a la gente vendiéndole terrenos que no les pertenecen) los que han hecho negocio con las tierras. Mientras es manifiesta la incapacidad de las autoridades locales para ordenar el territorio, las invasiones crecen hasta la punta de los cerros de manera descontrolada. Como no hay formalización de predios, las administraciones de turno no han tenido la obligación de llevar hasta allí servicios públicos como el acueducto.

 

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