Nuevo Secretario de Ambiente de Bogotá dice no tener impedimentos para ocupar el cargo

Francisco Cruz, cuestionado por su pasado como gerente de Aerocafé en Caldas, donde se denunciaron presuntas irregularidades y detrimento patrimonial, asegura que ya un fallo lo favoreció y espera decisiones de la Contraloría.

Secretaría de Ambiente.

Mucho ruido se ha generado en los últimos días alrededor del nuevo secretario de Ambiente de Bogotá, Francisco José Cruz Prada. Este abogado y geólogo llegó al despacho nombrado por el alcalde Enrique Peñalosa y proveniente de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), donde se desempeñaba como director de Evaluación y Seguimiento Ambiental. También ha sido secretario general del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico, consultor de la FAO, miembro del Comité Jurídico del Sistema Nacional Ambiental y profesor universitario, credenciales que lo convierten en un conocedor del sector. Sin embargo, desde sectores políticos y de la sociedad civil han salido a recordar su pasado como gerente en Caldas de la Asociación Aeropuerto del Café, de donde no salió bien parado.

La historia es la siguiente: Cruz pasó de la dirección de la Corporación Autónoma Regional de Caldas (Corpocaldas), la autoridad ambiental de esa región, a postularse como candidato a la Gobernación de ese departamento en la campaña de 2007. Recibió el aval del Partido de la U, que lideraban allí Óscar Iván Zuluaga (entonces ministro de Hacienda del gobierno Uribe), Adriana Gutiérrez (entonces senadora) y Luis Alfonso Hoyos, hoy prófugo de la justicia en el caso de las interceptaciones ilegales a la segunda campaña presidencial de Juan Manuel Santos y a la mesa de diálogos de La Habana. Hoyos había trabajado en la primera Alcaldía de Enrique Peñalosa al frente del programa de Desmarginalización de barrios.

Zuluaga, Gutiérrez y Hoyos hacían parte del grupo político que tradicionalmente se había enfrentado a la coalición de los senadores Ómar Yepes Alzate (conservador) y Víctor Renán Barco (liberal, ya fallecido), cuyo candidato a la Gobernación fue en ese momento el liberal Mario Aristizábal, que finalmente ganó.

Sin embargo, a Cruz no le fue tan mal: el nuevo gobernador lo nombró en 2008 en la Gerencia de la recién creada Asociación Aeropuerto del Café. Con esa entidad se pretendía sacar adelante un proyecto del que se habla en Caldas desde hace unas tres décadas: un aeropuerto internacional en el municipio de Palestina, a unos 40 minutos de Manizales, la capital. La promesa, tanto del gobernador Aristizábal como del gerente Cruz, fue que en ese gobierno, que iba hasta finales de 2011, el proyecto “aterrizaría”.

Pero los buenos propósitos se vieron enlodados tanto por problemas técnicos como por presuntas irregularidades en la contratación. El diario La Patria, de Manizales, y la Corporación Cívica de Caldas denunciaron en 2010 que alrededor del proyecto que lideraba Cruz se había formado una especie de carrusel, en el que los contratistas estaban vinculados con los interventores que tenían que vigilarlos. Todo apuntaba a la construcción de los terraplenes 8, 9 y 10 del aeropuerto. Los integrantes de los consorcios encargados de esas obras resultaron vinculados con los interventores a través de compraventas y sociedades en distintas empresas.

La Corporación Cívica, además, denunció los presuntos sobrecostos en los materiales de la obra. Por ejemplo, en cuanto al concreto, sostuvo que se fijó el precio en más del doble de la tarifa comercial de ese material en el momento.

Las denuncias se agudizan si se tienen en cuenta las dimensiones de Aerocafé, considerado el mayor proyecto de infraestructura de Caldas en su momento. Solo para la construcción de la parte de la obra en la que fueron denunciadas las irregularidades se destinaron unos $120.000 millones de las arcas públicas.

En medio del escándalo, Cruz renunció a la Gerencia de Aerocafé el 17 de septiembre de 2010 aduciendo motivos personales. En octubre de 2013 la Contraloría le imputó cargos a él y a otras 20 personas y empresas por “graves irregularidades en el trámite contractual y afectación de la libre competencia”. El detrimento patrimonial lo calculó el ente de control en $16.000 millones.

Además de la investigación en la Contraloría, El Espectador conoció que hasta al menos hace un año estaba en curso una acción popular en la que el ciudadano Wilson Cardona Cárdenas alegaba una “presunta irregularidad técnica sufrida en la construcción del Aeropuerto del Café y una presunta conexión indebida entre los contratistas presentes en la obra”. Entre los accionados de la querella figura el nuevo secretario de Ambiente de Bogotá, quien además, según un informe de gestión de Aerocafé del 2015, fue designado en agosto de 2013 como curador AD-LITEM (algo así como representante) de los más de 30 accionados, entre los que hay personas naturales y jurídicas.

Desde aquel escándalo, en Caldas no se oía tanto el nombre de Francisco Cruz como en las últimas semanas, cuando se conoció que Peñalosa lo había nombrado secretario de Ambiente de Bogotá. El primer reclamo público lo hizo el senador caldense Mauricio Lizcano, del Partido de la U, que salió a los medios a recordar el paso de Cruz por Aerocafé.

Lizcano, hay que recordarlo, también era congresista de La U cuando ese partido avaló a Cruz como candidato a la Gobernación de Caldas. Sin embargo, siempre ha estado enfrentado a Zuluaga, Hoyos y Gutiérrez, los padrinos que tenía Cruz en ese entonces y que hoy hacen parte del Centro Democrático.

La propia Corporación Cívica de Caldas, que denunció los hechos en su momento, también se mostró extrañada con el nombramiento. Su gerente, Adriana Villegas, dice que a pesar de que contra Cruz no hay decisiones definitivas de los organismos de control, “lamenta que una persona tan cuestionada en lo local sea premiada con un cargo público”.

Aerocafé, por lo pronto, está prácticamente paralizado. De acuerdo con la Corporación Cívica de Caldas, “se han invertido $195.302 millones, pero desde 2012 el Gobierno Nacional no ha aportado nuevos recursos”. El costo de la primera etapa, que es la que está en curso, “es de aproximadamente $424.000 millones adicionales a lo invertido”.

Las respuestas

El Espectador habló con el secretario de Ambiente sobre los cuestionamientos que se le han hecho. Aclaró que por la cuestionada relación entre contratistas e interventores la Procuraduría archivó una investigación en su contra: “Hay un fallo que me exonera de toda responsabilidad. En toda mi vida como funcionario público no he tenido ninguna sanción disciplinaria”.

Admite, no obstante, que sigue vigente el proceso en la Contraloría, pero que este se refiere a temas estrictamente técnicos. “Esa investigación se inició porque en la fuerte ola invernal de 2010, que afectó a todo el país, el aeropuerto no fue ajeno y se presentaron problemas técnicos en los terraplenes, donde hubo deslizamientos. La Contraloría inició una investigación fiscal no solo contra mí sino contra 31 personas naturales y jurídicas que tuvieron que ver con aspectos técnicos en la construcción del aeropuerto para mirar la responsabilidad técnica”.

Al preguntarle si no es preferible esperar a salir de las investigaciones para aceptar cargos públicos, respondió que sus certificados de antecedentes fiscales y disciplinarios están limpios. “No tengo ningún impedimento para la posesión”.