Las obras, evidencia principal

Ni todos son de los Nule ni en todos se ha probado la comisión de delitos, pero la Fiscalía los investiga dentro del proceso del supuesto cartel de la contratación en el Distrito.

La imagen de las obras inconclusas por casi todo Bogotá, al parecer, es la representación de lo que ocurrió en los últimos años en el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) en materia de contratación. Para la Fiscalía, la situación es tan grave que “el resquebrajamiento de las vías no es siquiera objeto de prueba, sino un hecho incontrastable. Las irregularidades contractuales, así como la gran inversión de recursos públicos, no son invención”.

La investigación que adelantaron los detectives del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía sirvió para descubrir problemas en 24 contratos celebrados en el IDU, entre 2005 y 2009 con distintos consorcios, que por la cantidad de fallas en el proceso de adjudicación y ejecución pasaron de ser simples descuidos a convertirse en objeto de indagación para determinar si se cometieron o no delitos.

Entre los contratos investigados se encuentran dos de consultoría para la elaboración de los diseños de la Fase III de Transmilenio, los cuales habrían quedado incompletos. Esto generó inconvenientes y retrasos en los cinco contratos de obra y sus respectivas interventorías para construir la troncal por la 26. Para la Fiscalía, las demoras son culpa principalmente del IDU. El panorama lo completan las presuntas anomalías en dos contratos de la malla vial y ocho de valorización. De los delitos aparentemente cometidos, el ente acusador dice tener todos los soportes para llevar a juicio a los responsables.

Y en su intención empezó por la cabeza. Es por esto que les formuló cargos a Liliana Pardo Gaona, exdirectora del IDU; Inocencio Meléndez, exjefe jurídico y exsubdirector del IDU, y al excontralor distrital Miguel Ángel Moralesrussi. Sus acciones y omisiones en los procesos contractuales los tienen con medida de aseguramiento y a la espera del juicio. De ser condenados, podrían enfrentar condenas que oscilan entre los 8 y los 15 años de prisión. Ellos tres son apenas los primeros de una lista de casi 30 personas, entre funcionarios del IDU, contratistas e interventores, que también tendrían que responder ante la justicia.

“Las pruebas revelan que la contratación investigada fue producto de la improvisación, la falta de planeación y el afán de invertir millonarios recursos de manera desordenada… Para el caso, se contrarió la ley de contratación”, dijo el fiscal Germán Pabón, quien está a cargo del proceso.

Y pese a que los abogados tienen como principal argumento de defensa que los procesados no lo podían controlar todo, para la Fiscalía esto no es pretexto, ya que todo directivo debe verificar y hacer cumplir todos los requisitos de cada fase de la contratación, al ser garante de la legalidad de la actuación y ser el único que puede finalmente comprometer al ente territorial.

El caso del IDU en Bogotá, descubierto en  la investigación por el carrusel de la contratación, muestra que en medio de las denuncias de corrupción y el supuesto cobro de comisiones que hicieron algunos funcionarios y exfuncionarios a los miembros del Grupo Nule, el problema fue más allá.

Sólo los 24 contratos investigados por la Fiscalía comprometieron recursos que suman casi $2,3 billones, de los cuales hubo un posible despilfarro calculado en casi $500 mil millones, por los procedimientos, las posibles omisiones y condiciones poco claras que rodearon los procesos.

En el carrusel de la contratación en Bogotá, fuera de los tres exfuncionarios distritales, también están montados el excongresista Germán Olano,  inhabilitado por el procurador general de la Nación por su intervención en el cobro de comisiones a los contratistas. También el senador Iván Moreno Rojas, hermano del actual alcalde mayor de Bogotá, quien será juzgado disciplinariamente por el procurador y enfrenta procesos en la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. A ellos se suman los empresarios Nule, sus socios, unos interventores y otros contratistas, quienes también tendrán su cita con la justicia para responder por todo el “descalabro” que ocurrió detrás de la adjudicación de obras en la capital del país.