“Esta es una obra que la comunidad lleva pidiendo nueve años”. William Pinilla, edil de la localidad de Antonio Nariño, se para a hablar frente a ese edificio abandonado, sin terminar, cercado aún por la malla verde que identifica las construcciones en curso, en donde debería funcionar desde hace dos años y medio una unidad primaria de atención en salud (UPA). Ahí están enterrados recursos de la Alcaldía local, de la Secretaría de Salud y del Banco Mundial (BM). El contratista, la firma española Herreña Fronpeca, también dejó tiradas las obras del hospital de Kennedy y de la UPA Los Libertadores, en San Cristóbal, que financiaron el Distrito y, mediante un crédito, la misma institución internacional.
Esos contratos cayeron en manos del carrusel de la contratación, que se encarnizó con el sector salud en la administración de Samuel Moreno (2008-2011). El gobierno de Gustavo Petro ha intentado recuperar las obras, lo que implica invertir más dinero del presupuestado inicialmente. A la vez debe pagarle el préstamo al BM, que fue de US$63 millones. Este permitió costear un proyecto para disminuir la vulnerabilidad del Distrito ante desastres naturales por medio del reforzamiento de sedes educativas, centros de desarrollo infantil y de salud y estaciones de bomberos. En pesos, la deuda es de $120.000 millones más intereses, teniendo en cuenta las tasas de cambio del período en que el BM hizo los desembolsos: entre octubre de 2007 y mayo de 2014.
Todo se remonta al 5 de septiembre de 2006. Luis Eduardo Garzón era alcalde de Bogotá y su administración firmó el crédito. El BM pondría US$77,5 millones y la Alcaldía, US$63 millones.
Se proyectó que los desembolsos terminaran en abril de 2009. El cronograma se incumplió por tres razones, según lo documentó la Contraloría: uno, la dificultad para obtener permisos y licencias de construcción; dos, la deficiente planeación, concretada en estudios previos deficientes, y tres, el incumplimiento de algunos contratistas.
Los desembolsos terminaron de hacerse en mayo de 2014, cinco años después de lo pactado. La Contraloría calcula que esos retrasos implicaron una disminución en el dinero que recibió el Distrito. De entrada, después de tanto retraso y contratiempo, el BM solo giró US$63 millones (US$14 millones menos de lo establecido en un comienzo). Ese dinero, si se hubiera cumplido el cronograma, hubiera significado en moneda nacional $136.000 millones, pero, dadas las prórrogas y las consecuentes variaciones en la tasa de cambio, terminó siendo $120.000 millones.
El organismo de control también criticó los retrasos en las obras en un informe de abril pasado. Para salud, toma los casos de las UPA Los Libertadores y Antonio Nariño y de los hospitales de Kennedy y El Tintal, donde la ejecución de las obras ha triplicado lo previsto. Coincidencialmente, fueron obras que quedaron paralizadas por el carrusel. El secretario de Salud, Mauricio Bustamante, afirma que este último factor fue el que más influyó en los retrasos, al punto que la primera acción de esta administración fue denunciar judicialmente lo que allí ocurrió. Después de un proceso engorroso, en las UPA se reiniciarán las obras en las próximas semanas; en El Tintal esperan entregarlas antes de que termine el año, y en Kennedy dejarán listos los nuevos diseños. Estas inversiones son sólo con plata del Distrito.
En educación, la Contraloría detalló en su informe que 44 obras financiadas con el crédito se retrasaron casi dos años en promedio. Destacó las instituciones educativas Gustavo Morales (Suba), San Francisco (Ciudad Bolívar) y Alemania Unificada (San Cristóbal). El valor inicial de todos los contratos era de $68.000 millones, pero, con adiciones e incluso contratos nuevos celebrados para terminar obras inconclusas, la inversión fue de $106.000 millones.
No sólo el organismo de control ha manifestado reparos a las inversiones con el millonario crédito. En septiembre de 2014 las firmas Valoración Económica Ambiental y Teknidata dieron a conocer una evaluación que contrató el Distrito. Su conclusión: la ciudad redujo su vulnerabilidad ante desastres naturales, pero los estudios de ingeniería fueron muy superficiales y, “por lo tanto, dieron una información que no era cercana a la realidad de las construcciones que se intervinieron”.
La Alcaldía, por lo pronto, paga el préstamo. La Secretaría de Hacienda informó que lo hace en cuotas semestrales desde 2011. El plazo es hasta 2022.