Otra pelea por el POT

Minvivienda emitirá un concepto que revive el Plan de Ordenamiento de 2004. Distrito prepara la defensa para mantener el de Petro.

De 8.126 VIP cuya licencia de construcción está en trámite, los curadores han suspendido 2.733. / Gustavo Torrijos

Abril ha sido un mes de incertidumbre para el gremio de la construcción. La suspensión que ordenó el Consejo de Estado del decreto con el que Gustavo Petro modificó el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), tiene en vilo 3.000 trámites en las cinco curadurías de Bogotá. A raíz de la decisión del Alto Tribunal, también quedaron en el aire 2.733 viviendas de interés prioritario (VIP), que estaban adelantando las entidades públicas del Distrito.

Los curadores no tienen certeza sobre el proceso a seguir a la hora de expedir licencias de construcción. Algunos argumentan que el POT de 2004 sigue vigente y otros señalan que el POT de Petro (Decreto 364 de 2013) solamente fue suspendido y podría ser validado en las próximas semanas. “El hecho de que el decreto 364 esté suspendido significa que no se pueden hacer estudios con base en ese decreto. Nos toca partir de cero. Esto implica un traumatismo muy grande para los curadores, porque es muy probable que los proyectos no se adecúen al POT anterior. Toca hacer dos estudios por cada proyecto”, explica Ernesto Jorge Clavijo, curador Nº 1 y presidente del Colegio Nacional de Curadores.

Ante la incertidumbre, el Ministerio de Vivienda emitirá un concepto al finalizar esta semana, para que las curadurías puedan expedir licencias con base en el POT de 2004. “Nos vemos obligados a sacar un concepto técnico para que no exista inseguridad jurídica en Bogotá. El efecto jurídico tras la decisión del Consejo de Estado es muy claro, ya que revive la norma que había sido derogada: la norma aplicable para las curadurías será el decreto 190 de 2004”, le dijo a este diario Luis Felipe Henao, ministro de Vivienda.

Además de señalar la norma que deberán seguir las curadurías, el ministro hizo unas recomendaciones al Distrito: “En la ciudad hay 35.000 viviendas licenciadas antes de la modificación del POT. El Distrito tiene que analizar quiénes son los dueños de esas licencias y mirar por qué no han iniciado la construcción”.

El problema con el concepto del Ministerio de Vivienda, según la Secretaría de Hábitat, es que los proyectos de VIP en el centro ampliado de la ciudad quedarían “gravemente afectados”. De hecho, María Mercedes Maldonado, jefa actual de la entidad, aseguró que “el Distrito también tiene preparado un concepto, pues es a quien le corresponde hacer la aclaración cuando hay vacíos normativos. El problema no es cuál norma está vigente, sino el futuro de los proyectos que se estaban tramitando con el decreto 364. Nuestra prioridad es que esos constructores no se vean afectados”.

La expedición de dos conceptos diferentes podría generar más confusión en las curadurías. Por el momento, el alcalde Gustavo Petro ha manifestado su interés de presentar de nuevo ante el Concejo la modificación del POT. “No podemos dejar la ciudad en una crisis de construcción como esta. Es una obligación pedirle al Concejo que lo vuelva a discutir, porque es una orden del Congreso y una orden de la ética pública”.

Este camino no será menos espinoso. De acuerdo con el presidente del Concejo, Miguel Uribe, “si se presenta un nuevo POT, lo mejor es esperar a que se acabe la vigencia del Plan de Ordenamiento de 2004, es decir, que el alcalde presente su plan en 2016. Los organismos de control le expresaron al alcalde que no tenía la facultad para decretarlo. La situación en la que nos hemos sumergido es consecuencia de la arbitrariedad”.

A la voz de Uribe se ha sumado la de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), entidad que le dijo a este diario que “después de que el Consejo de Estado suspendió de manera temporal el decreto 364, y de acuerdo al principio de ‘reviviscencia’ que dicta la Corte Constitucional, el decreto vigente ahora es el 190, y es nuestro deber velar por su cumplimiento”. La última alternativa del Distrito, en caso de que el Concejo rechace por segunda vez la modificación del POT, es que el Consejo de Estado se pronuncie de fondo sobre la suspensión del POT y que, en palabras del Distrito, “aclare el fallo”.

 

 

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