Otra sanción para Petro y el POT, en el aire

Procuraduría lo inhabilitó un año por decretar en 2013 la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial (Mepot). La ciudad necesita nuevo POT.

Lo de este martes fue la segunda sanción impuesta por la Procuraduría al exalcalde Gustavo Petro.  / Archivo
Lo de este martes fue la segunda sanción impuesta por la Procuraduría al exalcalde Gustavo Petro. / Archivo

Se conoce una nueva sanción disciplinaria contra el exalcalde Gustavo Petro. Esta vez, por haber decretado una modificación al Plan de Ordenamiento Territorial (Mepot), luego de que el Concejo rechazara su iniciativa. Y mientras la decisión, más allá de las razones legales, da pie a revivir el enfrentamiento político que sostienen el procurador Alejandro Ordóñez y el exmandantario alrededor de una posible candidatura presidencial, lo cierto es que la ciudad sigue sin tener claro si la modificación fue o no legal.

La nueva sanción inhabilita a Petro por un año. Para el Ministerio Público, el exmandatario cometió una falta disciplinaria grave y con dolo al haber decretado la modificación del POT, omitiendo la ley que les otorga a los concejos la competencia para reglamentar el uso del suelo. Además, que actuó con plena voluntad, sin importar las advertencias. “Esto agravaba su comportamiento, pues conocía la ilicitud del hecho”, dice la Procuraduría.

En marzo de 2014, el Consejo de Estado suspendió el decreto que firmó Petro modificando el POT. El alto tribunal consideró en ese momento que “el alcalde se arrogó una facultad de la cual carecía”. Este fue un elemento del que echó mano la Procuraduría para justificar la sanción.

Petro y sus funcionarios han argumentado que la ley los facultaba para decretar la modificación, debido a que el Concejo Distrital no tomó una decisión de fondo en el tiempo estimado después de que la Alcaldía le presentara el proyecto.

Y aunque el Ministerio Público sostiene que ha actuado en derecho, para el exalcalde la decisión es parte de una estrategia política de Ordóñez. “El procurador aprovecha su tiempo para acumular tres sanciones e inhabilitarme para la próxima campaña electoral”, escribió Petro en Twitter, donde recordó que la Fiscalía archivó el proceso por el mismo caso “y dijo que las normas no eran claras”.

Ya en agosto del año pasado, cuando la Procuraduría le formuló el pliego de cargos en su contra, Petro dijo sobre Ordóñez: “Sólo le interesa disciplinarme con una sanción que permita que no tenga derechos políticos en 2018. Me considera su competidor porque aspira a ser presidente”.

Este choque tiene un antecedente: la destitución que expidió la Procuraduría contra Petro por el cambio del esquema de la recolección de basuras. Esa sanción, que fue demandada ante el Consejo de Estado, sigue pendiente de un fallo definitivo. Sin embargo, en abril se conocieron apartes de la ponencia que se someterá a discusión y en la que se pide tumbar la sanción, al considerar que en el proceso se vulneraron los derechos del exmandatario.

Ante los señalamientos, Alejandro Ordóñez ha asegurado en diferentes escenarios que lejos de ser una persecución política, el proceso era un “trámite normal ante las quejas ciudadanas”.

POT en el aire

La Mepot que decretó Petro en 2013 traía puntos esenciales para desarrollar el modelo de ciudad que proponía, como la redensificación del centro ampliado por medio de más vivienda y construcción en alturas en esa zona de la ciudad. Además, exigía que en esos terrenos urbanizables se destinara entre 20 y 30 % de suelo para viviendas de interés prioritario, que benefician a personas de bajos recursos. Los constructores también debían asumir el pago de redes de acueducto y alcantarillado, y ceder terreno para vías y zonas verdes.

Ante la suspensión de la Mepot por orden judicial, Petro intentó revivir algunos puntos de la norma por medio de decretos. El más recordado es el 562, que revivió la posibilidad de construir edificios altos con el fin de redensificar y generar recursos para el Distrito por medio de las cargas. Peñalosa, sin embargo, lo derogó a su llegada, aclarando que sí permitirá las construcciones en altura, pero de una forma más ordenada.

La ciudad vive un desorden urbanístico, ya que el uso de suelos se rige por diferentes normas (expedidas y derogadas). Por ejemplo, algunos constructores adelantan obras bajo los parámetros de la modificación del POT de Petro, pues alcanzaron a tramitar licencias mientras estuvo vigente, y otros, bajo otras normas (como el de la construcción en alturas), que surgió para reglamentar la construcción ante la suspensión de la Mepot, pero que fue derogado. A esto se suman los que hoy se rigen bajo el POT de 2004, que está vigente, y al que muchos consideran viejo y desactualizado.

Vale aclarar que, aunque el POT de Petro está suspendido por orden del Consejo de Estado, aún no hay una decisión de fondo sobre su legalidad. Esto lo debe definir el juzgado administrativo que estudia el caso. Si lo declara nulo, le daría más peso a la sanción que acaba de expedir la Procuraduría.

Ante este desorden, la administración Peñalosa se propone sacar adelante un nuevo POT, cuya esencia es muy diferente a la de aquel de Petro. La principal razón es que considera que “la ciudad no debe seguir creciendo dentro de su perímetro actual”, debido a que es muy densa (unos 200 habitantes por hectárea). Plantea, entonces, expandir a través del proyecto Ciudad Paz, conformado por tres desarrollos urbanísticos: Ciudad Río (occidente), a lo largo del río Bogotá; Ciudad Bosa (sur), y Ciudad Norte, que abarca 6.000 hectáreas y espera albergar a 1,8 millones de habitantes. Es este último el que tocaría la reserva Van der Hammen, en caso de que la CAR acepte una eventual petición de la Alcaldía. La pretensión de la administración es, según lo argumentó en el Plan de Desarrollo, “expandir la ciudad de forma compacta y ordenada” para contener la desordenada expansión sobre la sabana.