¿Otro alcalde para Transmilenio?

Vuelven y juegan los cuestionamientos a Enrique Peñalosa por su vinculación reciente con organizaciones que promueven sistemas masivos de buses.

Una idea impregnó las exposiciones durante la audiencia del lunes pasado en el Congreso, donde parlamentarios, concejales y académicos criticaron la decisión del alcalde Enrique Peñalosa de jugársela por un metro elevado para Bogotá. Además de cuestionar la intención del mandatario de modificar los estudios del metro subterráneo y su insistencia por extender Transmilenio, los políticos llamaron la atención por los intereses que aparentemente mueven el propósito del alcalde por mantener el sistema de buses como columna vertebral de la movilidad.

La representante por Bogotá Ángela María Robledo, de la Alianza Verde, resumió en una frase la opinión generalizada: “Transmilenio se convirtió no solo en ese sueño de Peñalosa de resolver el problema de movilidad, sino en su gran negocio, con el Instituto para el Desarrollo de Políticas para el Transporte, que le vende al mundo buses de transporte rápido y ciclorrutas”.

El nombre del ITDP (por sus siglas en inglés) ha resonado con fuerza en Bogotá desde el 24 de enero, cuando el diseñador industrial y profesor Carlos Carrillo publicó en su blog una entrada titulada “Peñalosa y su trancón de intereses”. Allí explica cómo el alcalde se dedicó hasta hace poco, como presidente de esa organización, a promover los sistemas tipo Transmilenio alrededor del mundo, algo que implicó, además de una retribución económica, abrirles “mercados a los mayores fabricantes de autobuses del mundo”, como Volvo y Scania, dos proveedores de vehículos del sistema bogotano.

De Volvo se sabe que aportó en los últimos 10 años casi US$330 mil al ITDP (0,5% de sus ingresos totales) y que recientemente el alcalde le pidió a esa firma quitar su imagen de un comercial que promocionaba los buses como solución a la movilidad.

Ahora bien, no son nuevas estas inquietudes. En 2010 el senador Alexánder López, del Polo, proyectó en el Congreso ese comercial, precisamente, en un debate sobre el metro de Bogotá. Y en agosto de 2015, en plena campaña, la relación del entonces candidato con Volvo la trajo a cuento el columnista Yohir Akerman, en este diario.

Peñalosa ha negado no solo conflictos de intereses de tipo legal, sino éticos, pero la discusión se mantiene si se miran otros frentes como el de sus financiadores. Justo el alcalde que debe presentar ante el Concejo una modificación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que definirá los usos del suelo en la ciudad, fue financiado en buena medida por constructores. Su campaña recibió casi $2.700 millones en donaciones. De esto, personas o empresas vinculadas a la construcción y a labores inmobiliarias le aportaron casi el 35%, seguido de empresas dedicadas al mercado de valores o servicios financieros (33%).

A pesar de que su cercanía con el sector privado es reconocida y no es, per sé, criticable, algunas de sus decisiones han generado suspicacia. Por ejemplo, el gerente del proyecto Metro, Andrés Escobar, designado en común acuerdo con el Gobierno Nacional, llegó a ese cargo desde la gerencia de la empresa constructora Pedro Gómez, que le donó a la campaña de Peñalosa $1 millón, de acuerdo con el reporte consignado en la página Cuentas Claras (www.cnecuentasclaras.com).

Alcalde ad hoc: ¿una salida?

Aunque Peñalosa ya no aparece en la página web del ITDP como su presidente, cargo al que había llegado en 2009, la discusión está abierta. Su relación pasada con esa organización sí supondría un conflicto de intereses, si no en términos legales, cuando menos ético. Eso cree Gustavo Gómez, exmagistrado del Consejo de Estado, para quien, ante las dudas que pueda generar en la ciudadanía el pasado laboral del mandatario, lo “que no puede hacer el alcalde es quedarse callado” y, más bien, debe poner en conocimiento público las circunstancias que pueden comprometer su imparcialidad.

Si hay cuestionamientos frente a las decisiones del alcalde sobre Transmilenio o el metro, agrega, la Procuraduría debe analizar la situación y determinar sus posibles inhabilidades. Gómez coincide con José Gregorio Hernández, exmagistrado de la Corte Constitucional, al señalar que, para evitar suspicacias y en pro de la transparencia en la administración pública, el alcalde debería declararse impedido para actuar en los temas objeto de controversia.

Hernández sostiene que, frente a decisiones relacionadas con las firmas y personas que financiaron su campaña, como las del sector de la construcción, Peñalosa debería aplicar la misma fórmula. “Que se declare impedido; por eso no se frena la administración pública”, concluye Gómez. En ese escenario, actuaciones puntuales quedarían en manos de un alcalde ad hoc que sería designado por el presidente de la República.

Elisabeth Ungar, directora de Transparencia por Colombia, pide que, no solo en este caso sino en el de los demás mandatarios y funcionarios elegidos popularmente, o de alto nivel como los ministros, estos deberían, por iniciativa propia, presentar una declaración de potenciales conflictos de interés. “Eso está en las convenciones anticorrupción de la ONU, la OEA e, incluso, lo recomienda la OCDE”, precisa. “Eso sirve para que ciudadanía, organizaciones sociales y medios de comunicación hagan seguimiento, pero en Colombia existe una enorme aprensión”.

En el caso de los financiadores, Ungar reconoce, en primer lugar, “ejercen el derecho legítimo de participar políticamente”, pero advierte que “el sector privado no financia campañas, en esos montos tan grandes, por amor a la democracia. Lo mejor que pueden hacer los gobernantes es que la ciudadanía lo sepa. Es un tema de proactividad”.