Por desaparición de mujer en Kennedy, el Estado deberá pagar millonaria indemnización

Los responsables de raptar a una cajera en el barrio Britalia, en el sur de Bogotá, harían parte de una banda criminal integrada por militares y civiles.

Un grupo de hombres fuertemente armados plagiaron a Martha Cecilia Velásquez Álvarez y exigieron una suma superior a $600 millones. iStock

Dieciocho años después del secuestro y la desaparición de Martha Cecilia Velásquez Álvarez, el Consejo de Estado puso en evidencia, una vez más, el accionar de un grupo delincuencial integrado por civiles y militares que cometió diversos crímenes en Bogotá. En este episodio estaría vinculado el coronel (r) Jorge Eliécer Plazas Acevedo, condenado por homicidio y señalado de ser coautor del asesinato del periodista Jaime Garzón.

Los hechos ocurrieron el 22 de febrero de 1999, cuando Velásquez Álvarez estaba trabajando en una reconocida carnicería del barrio Britalia, en Kennedy. Según el expediente, seis hombres armados, que se identificaron como agentes del CTI de la Fiscalía, ingresaron e intimidaron a los empleados, aseguraron que contra la mujer había una orden de captura y con esa celada la llevaron a una camioneta negra, en la que emprendieron la huida.

Un mes después, el esposo de la víctima recibió una llamada en la que le confirmaban que Velásquez había sido secuestrada. “Los captores le exigieron $600 millones por su liberación, pero desde ese momento no volvió a tener noticia de ella”, dice la sentencia. Informes del Gaula identificaron a los integrantes de la banda, “quienes se reunían con miembros de inteligencia de la Brigada XIII del Ejército, para programar secuestros extorsivos y, de esa manera, obtener dinero ilegalmente”.

Al cruzar la información con hechos similares, registrados en la ciudad y en Cundinamarca, los investigadores establecieron que los delincuentes usaron los mismos vehículos, las mismas armas e incluso los mismos lugares de cautiverio usados en otros episodios, como el secuestro y posterior homicidio del industrial israelí Benjamín Khoudari, ocurrido el 30 de octubre de 1998; el de Wilson Martínez Quiroga, y el de Luis Antonio Castro Ochoa, del 11 de febrero de 1999. Por el crimen de Khoudari, la justicia condenó al coronel (r) Plazas Acevedo, a quien también señalan de participar en la masacre de Mapiripán.

De hecho, de acuerdo con la investigación disciplinaria en su contra, el entonces oficial delinquía en esa “empresa criminal dedicada al secuestro” bajo el seudónimo de Don Diego, en compañía de un suboficial conocido como Waterloo o Waterman Lozano. Se estableció, además, que dos hombres, identificados como Darwin Lisímaco Betancourt Muñoz y José Vladimir Rojas González, que pertenecieron a las Farc y fueron informantes del Ejército, también hacían parte de la organización. “Eran sus socios criminales”, dice la sentencia.

Aunque el alto tribunal señala que no está resuelta la situación jurídica de cada uno de los investigados, las providencias sí permiten determinar “los hechos que fundamentan la responsabilidad patrimonial del Ejército Nacional”. Además, la justicia tiene la certeza de que ese mismo grupo criminal fue el que secuestró a Martha Cecilia Velásquez.

Para probar tal afirmación, un familiar de la víctima reconoció en fotos al exinformante Darwin Lisímaco Betancourt y dijo haberlo visto entrar al negocio días antes del rapto. Además, varios de los integrantes de la banda aceptaron su culpa en el secuestro y la desaparición de la mujer, así como la participación de uniformados, quienes usaron armamento y vehículos oficiales en las acciones delictivas, “con pleno apoyo militar y táctico, al punto que dentro de la propia Brigada se realizaban reuniones para programar y planificar los secuestros, entre ellos, el de la referida ciudadana”.

No obstante, sigue siendo un misterio el paradero de la víctima. Los captores no volvieron a hacer exigencias ni enviaron pruebas de supervivencia. En la sentencia sólo uno de los implicados, quien negó haber hecho parte del secuestro y dijo no saber de su paradero, relató que el día de los hechos se enteró de que uno de los líderes —conocido con el alias de Moisés— salió de la Brigada XIII, “porque había trabajo”, y que en la noche llegó con un revólver y dijo que “habían levantado a una señora”.

A pesar del testimonio, en la investigación no se han incluido pruebas de que fue un homicidio, “lo que generalmente se comprueba con elementos tales como el acta de levantamiento, el protocolo de necropsia y el registro de defunción, elementos que en este caso están ausentes y hasta ahora ha resultado imposible hallarlos. Al parecer, los delincuentes cumplieron la política de la organización de desaparecer la víctima”, dijo la Fiscalía en 2006.

El secuestro y la desaparición de Martha Cecilia Velásquez Álvarez derivó en la condena en contra del Ejército a pagar a cada uno los demandantes —10 familiares de la víctima— entre $73 millones y $150 millones por perjuicios morales. Además, el comandante del Ejército tendrá que realizar un acto solemne de presentación de excusas públicas a los familiares y de un reconocimiento de la responsabilidad que dio origen a esa condena.