En el resto del país la jornada fue pacífica

Paro de conductores: amenazas y quejas, pero pocas razones

Más de 60 vehículos, entre particulares y del SITP, fueron vandalizados en la improvisada protesta que, además, tenía una controvertida motivación: buscaba tumbar la norma que suspende la licencia de conducción a quienes cometan reiteradas infracciones de tránsito.

La Supertransporte anunció investigación contra los que impidieron el transporte intermunicipal. / El Espectador

La convocatoria a paro nacional (acompañada de amenazas) hecha por algunos transportadores causó miedo. Pese a que las movilizaciones no fueron masivas y que, en el caso de Bogotá, las alteraciones se presentaron en pocos puntos, el temor fue generalizado y muchos ciudadanos prefirieron quedarse en sus casas. Si bien es claro que el derecho a la protesta se debe respetar, lo reprochable fue la razón detrás de la jornada.

El anuncio del paro fue inesperado. Durante el fin de semana, Hernando Chávez, quien se presentó como representante de la Unión de Conductores a nivel nacional, invitó a conductores de buses, taxis, camiones, motos, bicitaxis y de aplicaciones como Uber a que salieran a marchar ante los fallidos diálogos con la Secretaría de Movilidad de Bogotá para eliminar la figura de reincidencia.

Se trata de una medida que se estipula en el artículo 124 del Código Nacional de Tránsito, la cual suspende la licencia de conducción de la persona que en menos de seis meses haya cometido más de una infracción. “Estamos aplicando el Código de Tránsito. Desde 2017 hemos suspendido más de 60.000 licencias. Este año hemos avanzado y tenemos 33.000 suspensiones por esto”, señaló el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo.

Como la mayoría de sanciones por reincidencia se aplican a conductores de servicio público y carga pesada, la agremiación tuvo reuniones con el Distrito para solicitar la revisión de comparendos. Al ser ratificados, los líderes pidieron a la Secretaría no aplicar la regla, solicitud que fue rechazada. Según Bocarejo, las acciones demuestran que estos conductores no están acatando las normas de tránsito.

“Debemos propender por un sistema de transporte ejemplar y eso arranca por la calidad de los conductores. Tenemos una larga lista de personas que cuentan con una gran cantidad de comparendos sin pagar y siguen transportando a cientos de personas a diario. Eso no lo podemos tolerar”, explicó el secretario de Movilidad.

Como al final no hubo acuerdo, esto sirvió como excusa para que algunos grupos de transportadores convocaran al paro nacional. Según el secretario de Movilidad, “las declaraciones extremas, que incluían amenazas a la ciudadanía, provocaron pánico y que algunos colegios suspendieran clases y varias personas decidieran no salir a sus actividades normales”.

La jornada

Pese a que en un principio se había dicho que comenzaría a la medianoche del domingo, los bloqueos se comenzaron hacia las 6:00 a.m. Primero en la zona de Compartir, en Soacha, en donde los manifestantes impidieron la salida de los buses intermunicipales. Luego en otros puntos del sur de Bogotá, como San Cristóbal, Yomasa y Santa Librada, donde algunos bloquearon vías principales e impidieron el paso de buses.

Otros manifestantes iniciaron marchas en Suba Bilbao, Fontibón Recodo, el portal Tunal, el sector Meissen, la avenida Suba con Ciudad de Cali y el kilómetro 3 de la vía a La Calera, lo que produjo más afectaciones.

Las situaciones más complejas se registraron en el transcurso de la mañana en las troncales de Usme y Norte, donde bloquearon el paso con un bus intermunicipal y pincharon las llantas de algunos de los vehículos que estaban sobre la autopista Norte con 170.

Esto llevó a que se cerraran algunas de las estaciones de Transmilenio y a que llegara el Esmad para dispersar a los manifestantes. Lo mismo ocurrió sobre el paso de la calle 80 con Mosquera, donde dos tractomulas cerraron el paso vial, mientras en Soacha, ante la falta de buses, la Policía llevó en camiones a los habitantes del municipio hasta el portal del Sur para facilitar su movilidad.

Los actos de violencia fueron objeto de reproches. Por un lado, la Superintendencia de Transporte anunció una investigación contra las empresas, los conductores y demás sujetos que afectaron la prestación del servicio intermunicipal, en las que podrá sancionar con multas cercanas a los $579 millones.

Por el otro, el fiscal general, Fabio Espitia, aseguró que, independientemente del motivo de la manifestación, era “importante que el Distrito y la Policía documenten eventuales perturbaciones y daños a la propiedad, porque esto podría determinar una eventual instigación de los promotores del paro en conductas delictivas”.

Quedará en manos de las autoridades identificar a los responsables de los desmanes y determinar si tomará alguna medida frente a la solicitud de los transportadores.

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-Redacción Bogotá - [email protected]

Bogotá

Paro de conductores: amenazas y quejas, pero pocas razones

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