La buena noticia de que, por dos semanas, los capitalinos podrán montar sin pagar pasaje en la fase III de Transmilenio no es gratuita. Ricardo Bonilla González, secretario de Hacienda, explica en esta entrevista que la prueba tiene un costo de $2.000 millones que saldrán del bolsillo de los capitalinos. La decisión, prosigue, se tomó con tal de no tener que pagarle a los operadores un lucro cesante por $900 millones al mes si no se ponía a funcionar el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).
Bonilla, quien por estos días celebra la ratificación de la calificación crediticia que se le otorga a Bogotá por segundo año consecutivo, asegura que se tiene $1 billón para subsidiar la reducción de la tarifa en horas valle, y que cuando ese dinero se acabe serán los operadores privados los que tendrán que asumir el costo.
¿La gratuidad de estas dos semanas en la fase III de Transmilenio es con cargo a quién?, ¿a los operadores o a los bogotanos?
Los bogotanos.
¿De cuánto dinero hablamos?
Estaba previsto que si nosotros no poníamos a correr los buses el 30 de junio, tendríamos que pagar por lucro cesante una suma de $28 millones diarios. La decisión fue poner a rodar los buses y comenzar la prueba, eso vale $2.000 millones. La prueba va hasta el 21 julio.
Pero el alcalde Gustavo Petro dijo que era gratuito porque el operador del recaudo no tenía listo el software…
Hay varios problemas que se han venido resolviendo, las troncales no nos las entregaron listas. Este es un sistema complejo, en el cual, por infortunio, el gobierno anterior terminó entregando el recaudo a otro operador y eso dejó dos contratos vigentes: uno con Angelcom hasta 2015 y otro con la nueva firma que es Recaudo Bogotá, que empieza ahora y termina en 23 años.
¿El Distrito subsidiará la tarifa en horas valle, en las que propone una rebaja?
Esa discusión todavía está en proceso. Nosotros sabemos que cualquier decisión tarifaria tiene que ser sostenible fiscalmente y para los operadores. Está previsto en el Plan de Desarrollo que hay una cuenta que permite cruzar y tener un subsidio para el Sistema y es de un $1 billón en el término de vigencia del Plan y ese es el que debemos prever aquí. Por lo pronto lo que no se cubra en términos fiscales tendrá que cubrirlo el operador.
¿Entonces bajará la remuneración de los operadores en las horas valle?
De alguna manera baja, no necesariamente la remuneración de ellos, sino algunos elementos incorporados en la definición de la tarifa.
¿Qué representa para Bogotá la ratificación de la calificación crediticia?
Nos calificó la Fitch Ratings y nos dio las máximas calificaciones que se pueden obtener. Las razones que tuvo la firma para otorgarnos la ratificación es, primero, que Bogotá tiene un buen recaudo —somos la segunda tesorería del país—, segundo, que la secretaría de Hacienda tiene una enorme capacidad para distribuir el gasto de la ciudad y, tercero, que hay un manejo prudente de los recursos.
¿Cómo encontró la administración Petro las finanzas del Distrito?
Las encontramos bien llevadas. Pero hay una enorme caja que en los últimos años Bogotá ha gastado muy poco. Es decir, la ciudad se dedicó a acumular plata y no hacer inversiones. Hoy tenemos la caja, pero tenemos que dinamizar el gasto.
¿Se va a aumentar el impuesto predial?
No. El impuesto predial por valorización ya llegó a sus límites. Lo que nosotros esperamos trabajar con el Concejo es un ajuste en la tarifa del avalúo. La propuesta es ajustarla de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo, que generó un revolcón en el predial en lo que tiene que ver con materia tarifaria.
¿Ya se sabe cuánto se robó el cartel de la contratación?
No se sabe a ciencia cierta, pero hablamos de casi $200 mil millones. Más allá, la ciudad perdió la confianza de las personas. El 10% del impuesto voluntario, por ejemplo, se dejó de pagar.