Patrulleros implicados en la muerte de Javier Ordóñez fueron citados a juicio disciplinario

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El primero de octubre iniciará la audiencia contra Harby Rodríguez Días y Juan Camilo Lloreda Cubillos, quienes tendrán que responder disciplinariamente por las conductas relacionadas a la muerte del abogado Javier Ordóñez.

Se cumple una semana desde que Colombia se enteró del caso de abuso policial cometido en contra de Javier Ordóñez, abogado que murió luego de recibir repetidas descargas eléctricas de un taser y, posteriormente, haber sido golpeado en el CAI Villa Luz.

La investigación disciplinaria relacionada a este caso fue asumida por la Procuraduría General de la Nación, entidad que este miércoles citó a juicio a Harby Rodríguez Días y Juan Camilo Lloreda Cubillos, " para que respondan disciplinariamente por las conductas consideradas gravísimas a título de dolo" que habrían derivado en la muerte del abogado.

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Hay que recordar que el pasado viernes el Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, había citado a audiencia a estos uniformados, por lo que en principio la investigación disciplinaria iba a ser adelantada por la Policía, pero minutos más tarde la Procuraduría reclamó su deber para ser ella la que realice la pesquisa.

“Tras asumir por poder preferente el proceso que adelantaba la Inspección General de la Policía, el Ministerio Público fijó para el próximo 1 de octubre el inicio de la audiencia contra los uniformados. A juicio de la Procuraduría, los disciplinados presuntamente incurrieron en conductas descritas en el Código Penal como delitos a título de dolo: abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto y homicidio durante un operativo realizado en la madrugada del 9 de septiembre, en vía pública del barrio Santa Cecilia. La diligencia se realizará a partir de las 8:30 a. m. a través de la plataforma teams”, detalló la entidad.

También se debe tener en cuenta que en contra de estos uniformados, y los demás que estarían vinculados al caso por acción, omisión o responsabilidad directa, se adelanta una investigación penal asumida por la justicia ordinaria, luego de que un despacho de la justicia penal militar la remitiera a la Fiscalía General de la Nación al considerar que “los elementos de prueba hasta ahora recaudados no permiten afirmar que se trata de un acto que tenga relación con el servicio”.

De ser hallados culpables, en la investigación disciplinaria estos uniformados serían sujetos de destitución (actualmente se encuentran suspendidos de sus actividades para evitar la manipulación de pruebas y la obstaculización de la investigación), y en la judicial a penas carcelarias.

A esto se suma las investigaciones penales y disciplinarias que se adelanten en contra de los uniformados que participaron en las nueve muertes relacionadas a las manifestaciones en Bogotá y los más 200 civiles heridos. El Espectador publicó un artículo sobre las vías legales que tienen las víctimas de estos hechos para exigir su derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. (Estos son los caminos legales que tienen las víctimas de las manifestaciones).

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