Pedirán caducidad al contrato de la de la “tapahuecos”

Tras casi siete meses de polémica alrededor de la máquina, el Distrito anuncia que buscará la caducidad del contrato por incumplimiento. Desde antes, la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría ya adelantaba investigaciones.

Lo que mal empieza, mal termina. La frase parece aplicar para la polémica contratación de la máquina tapahuecos, con la que la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) buscaba el reparcheo rápido de las vías de la capital. Desde el comienzo se cuestionó el contrato y la alcaldía lo defendió. Hoy, tras siete meses de discusiones, es el propio Distrito el que anuncia que buscará la caducidad del contrato por incumplimiento.

El contrato directo lo firmaron el 27 de diciembre con la empresa Green Patcher Colombia, bajo la figura de ciencia y tecnología. Los entes de control descubrieron que esta empresa, sin experiencia en este tipo de actividades, fue creada seis meses antes de firmar el contrato, con un capital de $5 millones.

Desde ese momento le llovieron críticas al distrito. Sin embargo, la defensa del Distrito se bajó en que la moderna máquina repararía 220.000 metros cúbicos de huecos en la capital, en seis meses. Sin embargo, desde que empezó actividades fueron más los inconvenientes que la eficiencia. Hubo varias suspensiones e, incluso, el Distrito multó a la empresa por $650 millones debido a los retrasos. A la fecha sólo se han tapado 700.

Lo que motivó el anuncio de la liquidación del contrato por incumplimiento fue la reciente solicitud de la empresa que opera la máquina, una nueva prórroga en el contrato. La empresa pidió 45 días, mientras ensambla dos nuevas máquinas para tratar de cumplir el contrato. A pesar de la intención de la Alcaldía, la caducidad no es un trámite sencillo. Es un proceso largo que podría durar lo que resta del año.

A finales de febrero fue donde inició formalmente la polémica alrededor de este contrato. En esa oportunidad, la Red de Veedurías Ciudadanas radicó ante el despacho del Fiscal General y luego ante la Procuraduría una denuncia en contra del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, por las irregularidades en la compra de la máquina tapahuecos, lo cual podría generar un detrimento cercano a los $10.000 millones.

A pesar de que la máquina se contrató en enero y tenía hasta junio para cumplir el objeto de tapar los 220.000 metros cúbicos de huecos, para el momento de la queja llevaba dos meses sin tapar el primero. Fue solo hasta marzo que la máquina empezó a operar.
Dos semanas después, la Contraloría envió una advertencia a la Administración Distrital sobre la contratación de la máquina. Según el ente de control, se encontraron falencias en las garantías que otorgó la empresa Green Patcher Colombia, la cual redujo la vigencia de las pólizas de cinco años a seis meses, con lo que se pusieron en riesgo recursos públicos. Es decir, terminado el contrato, ya nadie respondía por los trabajos.

“Luego, si no existe garantía que ampare la correcta ejecución de las obras, esto significa que el Distrito pasados los seis meses de cobertura tendría que hacer una nueva inversión por valor igual o superior a los $11.822 millones, lo cual no resulta coherente, dado que la realización de obras cuya calidad solamente sea objeto de amparo por seis meses constituye un serio riesgo de afectación de los recursos públicos de la ciudad”, señaló el ente de control.

El 9 de abril, un fiscal de la Unidad Nacional Anticorrupción abrió investigación judicial contra la directora de la Unidad de Mantenimiento Vial, María Gilma Gómez, por este contrato. La Fiscalía investiga si la funcionaria incurrió en el delito de peculado por apropiación y realización de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales.

Una semana después, el 16 de abril, el secretario de Movilidad de Bogotá, Rafael Rodríguez, anunció la suspensión del contrato pactado por la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) con la empresa Green Patcher Colombia S.A.S. “La máquina no estaba operando, entonces se llamó al contratista, pero estos ya tenía suspensión del contrato por emulsión (mezcla de líquidos)”, dijo Rodríguez.

En junio, la que se pronunció fue la Procuraduría, que formuló cargos contra María Gilma Gómez, exdirectora de la UMV, por las presuntas faltas en la contratación de la máquina. Los motivos de la formulación de cargos tienen fue por la manera directa como se adjudicó el contrato bajo la modalidad de “ciencia y tecnología”. Para el Ministerio Público, se trataba de un “típico contrato de obra y requería inminentemente de un proceso de licitación pública”.

Ahora, mientras los organismos de control siguen avanzando en sus investigaciones, finalmente el Distrito quiere ponerle fin al polémico contrato de la tapahuecos. Lo que queda es esperar el resultado del proceso, mientras se buscan soluciones para los huecos que hay en las vías de la ciudad.