Peligro, ebrio al volante

Pese a que había quedado en libertad por un error en la diligencia, Juan Carlos Varela tiene ya orden de captura por la muerte de tres personas a las que arrolló borracho.

Con la certeza de la tragedia inesperada a cuestas y la indignación de la injusticia atragantada en la garganta, Árnold y Samir Fajardo, de 33 y 16 años, respectivamente, salieron el lunes a protestar por la muerte de su padre, la novia de éste y un compañero, todos motociclistas, quienes perdieron la vida la madrugada del pasado sábado en la vía a La Calera. Un conductor, aparentemente en estado de embriaguez, los atropelló y luego de haber quedado en libertad por un supuesto error de procedimiento, un juez dictó ayer orden de captura en su contra.

Es la misma tragedia que hemos contado una y otra vez. La tragedia anunciada de quien toma y se atreve a salir a conducir para terminar acabando no sólo con la vida de una persona, sino también con la de sus familiares. Las autoridades señalan que, en lo corrido del año, van 32 fallecidos por esta causa.

Seres queridos como este par de hermanos, quienes hacia las 8:00 a.m. comenzaron a reunir a sus amigos motociclistas para protestar en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Paloquemao, en donde fue liberado el presunto responsable del accidente, por lo que ellos llaman “una negligencia inadmisible por parte de la justicia”. Una hora después, 60 motociclistas ocupaban la cuadra de la URI, en la calle 13 con carrera 32.

“Yo soy el único que no tengo moto, la que tenía era la de mi padre”, explicó Árnold Fajardo. A medida que pasaba el tiempo los motociclistas encendían sus motores y se despedían con un abrazo de los hermanos, quienes al final fueron los únicos que se quedaron en esta calle vacía en espera de la respuesta de un fiscal encargado sobre el futuro del conductor señalado como responsable del accidente: Juan Carlos Varela, de 25 años, a quien acompañaba Felipe Andrés Cabal.

Para César Londoño, abogado y defensor de las víctimas, existen irregularidades en el proceso: “De acuerdo con información extraoficial, pudimos establecer que la Policía de La Calera puso a disposición de la Fiscalía a los implicados sin allegar los elementos materiales probatorios: el levantamiento de los cadáveres, pruebas testimoniales, pruebas de alicoramiento”.

Londoño le dijo a El Espectador que en la madrugada del domingo 9 de julio la Policía de La Calera habría liberado a los presuntos responsables luego de ser capturados y que, si no es por la caravana de motociclistas que los detuvieron, estas personas nunca habrían sido trasladadas a la URI. “También se dice que los responsables habrían ofrecido dinero para ocultar los hechos”, agregó.

El comandante de la zona norte de Tránsito y Transporte, John Fredy Suárez, explicó: “A las 2:30 a.m. nos damos cuenta de que no procede la captura debido a que se presentaron riñas y los motociclistas estaban lastimando al conductor y al acompañante”.

El lunes, la familia del presunto responsable emitió el siguiente comunicado: “La familia de Juan Carlos Varela quiere transmitirles a la opinión pública y a los familiares y amigos de las víctimas del accidente el más sentido dolor que sentimos nosotros y Juan Carlos por la muerte de sus seres queridos. Es falso que él haya tratado de huir de la Policía y negamos rotundamente las versiones que han presentado algunas personas, en el sentido de que él llevaba armas y que trató de sobornar a la Policía, que lo único que hizo fue protegerlos”.

Una voz importante en el debate sobre las penas que deberían asumir los infractores en estado de embriaguez es Gloria Stella Díaz, representante por el partido MIRA. Díaz obtuvo un gran triunfo político con la aprobación de la Ley 1549 de 2012, que obliga a las personas que no se practiquen la prueba de alcoholemia a pagar $850.000 y a correr el riesgo de que les suspendan la licencia de conducción por diez años. Sin embargo, para la representante las penas deben ir más allá y los infractores deben ser enviados inmediatamente a la cárcel. “El 20 de julio radicaremos un proyecto para que los conductores que en un accidente de tránsito, bajo los efectos del alcohol, causen la muerte o lesión de una persona, sean enviados a un centro carcelario. Buscaremos que el delito sea calificado como homicidio doloso y no culposo, para prevenir estos casos”.

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