Además del hacinamiento que presentan los centros penitenciarios de Bogotá, cifra que asciende al 176,9 %, los reclusos se enfrentan a que sus alimentos les lleguen en mal estado, que deban esperar largos periodos para su entrega y a fallas en los requerimientos mínimos de calidad. Así lo evidenció hace más de un mes la Personería, que presentó una acción de tutela, solicitando que se tomen medidas inmediatas frente a este flagelo.
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Desde ese entonces, la mirada está puesta sobre estaciones como la de Santa Fe, La Candelaria, Los Mártires, Fontibón y Ciudad Bolívar en las que se estarían entregando los desayunos, en malas condiciones, alrededor de las 9:00 a.m, “Que no llegara la comida o que llegara en mal estado generó disgusto por parte de las personas privadas de la libertar”, dijo Rosalba Cabrales, personera de Bogotá.
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Por ejemplo, el Ministerio Público también evidenció que, para las 9:40 p.m. del pasado 4 de agosto, no llegó ni almuerzo ni cena a las URI y estaciones de Santa Fe, Los Mártires, Rafael Uribe, Usme, Terminal, Aeropuerto, Antonio Nariño, La Candelaria, Fontibón y Usaquén, mientras que en Kennedy y Ciudad Bolívar el almuerzo llegó a las 5:23 p.m.
Como respuesta a la petición, un juez penal ordenó que, en un plazo de 48 horas, el Inpec y la Unidad de Servicios Penitencia y Carcelarios (USPEC), deben adoptar las medidas necesarias para suministrar los insumos alimenticios de manera adecuada a los reclusos que se encuentran en las estaciones de Policía, URI y las cárceles de La Modelo y La Picota.
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Asimismo, determinó enviar copias de la decisión a la Procuraduría General de la Nación, con el fin de que sea este órgano de control el que defina si debe iniciar una investigación disciplinaria contra servidores, por la gestión irregular en el suministro de alimentos.
De esta manera, las evidencias de la Personería ponen en tela de juicio la gestión del proveedor “Unión Temporal Compartir”, que, de acuerdo con el ministerio público, lleva los alimentos en mal estado o los entrega tarde, dejando a los reclusos sin comer por largas horas.
En la acción de tutela, que fue presentada en agosto, para el organismo de control, la postura asumida por las autoridades carcelarias evidencia una falta grave contra los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, al negarle el derecho a una alimentación adecuada.