Personería de Bogotá advierte 30 incumplimientos en manejo de Doña Juana

El ente de control responsabiliza tanto a CGR, operador del relleno, como al Distrito, de fallas que han afectado la salud de los habitantes de la zona. También alerta por daños ambientales y condiciones de habitabilidad indignas.

Cristian Garavito - El Espectador

No acaban los líos para el Consorcio Centro de Gerenciamiento de Residuos (CGR), actual operador de Doña Juana. A las sanciones, multas, demandas y procesos se sumaron este martes una serie de advertencias de la Personería de Bogotá, que lo responsabiliza –así como al Distrito– por al menos 30 incumplimientos en el manejo del relleno sanitario. En opinión del ente de control, las fallas en la operación han derivado no solo en un “grave perjuicio para la salud de los habitantes del sector”, sino en un “incalculable” daño ambiental y unas condiciones de habitabilidad indignas.

A través de un informe en el que se detallan las presuntas omisiones –que ya está en manos también de la Contraloría Distrital, la Procuraduría y Fiscalía– la Personería alerta que más de la mitad de los incumplimientos observados corresponden a temas de salubridad y ambiente.

(Lea: Un nuevo pleito se suma al largo historial de líos del operador de Doña Juana)

Incumplimiento en control a roedores y moscas

En primer lugar, el ente de control evidenció fallas para controlar la aparición de roedores, moscas, olores, tratamiento de lixiviados, residuos, control de gases, fumigación constante y aplicación de cal. En respuesta, el Centro de Gerenciamiento hizo alusión a mediciones e informes de interventoría que señalan que la presencia de moscas y roedores en la comunidad se ha reducido en los últimos días, en cumplimiento de los compromisos adquiridos con los habitantes de la vereda Mochuelo Alto.

“Sin embargo, no se puede pasar por alto que la comunidad de Mochuelo Alto está ubicada a menos de 150 metros del perímetro del relleno sanitario Doña Juana, cuando la norma vigente (el Decreto 838 de 2005) señala que esa distancia mínima debe ser de 1.000 metros”, argumentó CGR.

Contaminación del río Tunjuelo

Por si fuera poco, el organismo estableció que el Consorcio no cuenta con un permiso de vertimientos, por lo que realiza esta acción de manera irregular sobre el río Tunjuelo. Adicionalmente, dice que se está desconociendo una medida de compensación consistente en la siembra de 100.000 árboles, “meta que solo llegó a un 0.17% en 2016 y va en un 10.28% en 2017”. Tampoco hay soluciones para cumplir con la desaparición gradual de 300.000 toneladas de residuos mixtos.

“El relleno incumple con el perímetro de no habitabilidad de personas en un tramo mínimo a un kilómetro. Desde 2014 debían adquirir los predios señalados como franja ambiental, pero a la fecha no se han llevado a cabo. Por el contrario, algunas de estas zonas de protección inhabitables están ilegalmente pobladas. Tampoco se ha realizado la adquisición de los bienes inmuebles donde se encuentran las fuentes hídricas con las que se alimentan los acueductos veredales”, manifiesta el organismo.

Conocidos los reclamos, CGR negó que los lixiviados estén llegando al rio Tunjuelito sin el respectivo tratamiento. De acuerdo con el Consorcio, aunque la planta está siendo optimizada para cumplir con la reglamentación ambiental de vertimientos vigente, “ningún litro de lixiviados llega al río Tunjuelito sin su debido tratamiento”.

“Las afirmaciones no se ajustan a los hechos acaecidos en la planta, ni a los resultados de las mediciones técnicas conocidas por la autoridad ambiental (Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca), los cuales han sido verificados por la interventoría UT Inter DJ y por la supervisión en cabeza de la Subdirección de Disposición Final de la Uaesp (Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp)”, indicó CGR.

Fallas en la calidad del agua y gestión de residuos

La Personería le jala también las orejas a la administración distrital, en particular a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, por no recoger muestras de la calidad de agua cruda en los acueductos comunitarios durante 2014 y 2015. En esa misma línea, responsabiliza de los incumplimientos en los muestreos y monitoreo de la calidad del aire al concesionario, lo que “imposibilita conocer los nuevos contaminantes y los riesgos para la salud”.

En materia de gestión de residuos, el ente de control critica que, aunque en el Plan de Desarrollo Distrital se planteó la meta de reducir hasta en un 30 % los residuos sólidos transportados y dispuestos en el relleno, “solo alcanzó un 0.13%; y de la tarea de aprovechar el 20% del volumen de residuos sólidos recibidos, lograron el 8.54%”. También se incumplió la meta de la localización de zonas para el manejo, tratamiento, aprovechamiento y disposición de residuos, cuyo nivel de avance fue de 33.33%, a 2016. De estos hechos, señala a la Uaesp. 

“Al evaluar los indicadores formulados para la disposición final se encontró que no existe ningún proceso que cerciore la aceptabilidad del prestador del servicio, ya que las labores realizadas corresponden a un tercero (CGR), encargado de trabajar temas de compactación, represamiento, cobertura y aprovechamiento. Tampoco se atendieron las recomendaciones de la interventora, al momento de solicitar a la Uaesp el inicio de procesos sancionatorios por incumplimientos del contratista”, agrega la Personería.

Irregularidades en facturación y pagos

Las irregularidades abarcan también pagos de facturas al contratista por parte del Distrito sin el respectivo aval de la interventoría. En específico, el ente de control indica que no hay soportes de algunas facturas canceladas.

Ante ello, CGR manifestó que todos los pagos que se hacen deben ser avalados por la interventoría UT Inter DJ, contratada por la Uaesp para ese efecto. “Nunca se realizan pagos sin el visto bueno del interventor, ni de la supervisión de la Subdirección de Disposición Final de la Uaesp”.

Por otro lado, la Personería advierte que la Uaesp no lleva un adecuado registro los indicadores para las diferentes acciones establecidas en su plan de acción, “lo que no permite observar el nivel de avance y cumplimiento de los objetivos, generando una falta de garantía en la evaluación y seguimiento a su gestión (…) Increíblemente, la Unidad no conoció el estado financiero del concesionario, lo que impacta el incumplimiento de sus deberes y obligaciones”.

Incumplimientos de orden social

Al margen de los incumplimientos de orden ambiental, de control y gestión de residuos, la Personería llama especial atención a las necesidades desatendidas para garantizar la protección de la comunidad. De acuerdo con el organismo, no se ha actualizado el estudio epidemiológico que determinaría la incidencia de enfermedades infecciosas ni se ha realizado el censo para saber las necesidades de los vecinos y protegerlos en caso de urgencias o desastres. “Hace ocho años no se hacen”, lamenta.

Se pudo constatar que en las veredas Mochuelo Alto y Bajo no hay una cobertura del 100% en materia de alcantarillado. A la fecha, apenas está construido un pequeño tramo. En educación y atención a la primera infancia, la Personería dice que, pese a que estaba prevista la construcción de un jardín, nunca se concretó y que, con todo y que había 120 cupos para que los niños estudiaran en otro establecimiento, apenas se benefició a 20 menores del sector, mientras que los cupos restantes fueron designados a alumnos de otras zonas.

CGR respondió que esos acuerdos educativos, así como lo relacionado con el alcantarillado, no hacen parte del alcance contractual. “Por consiguiente, no son una obligación del concesionario”. En esa línea, hizo referencia a otros aportes que ha emprendido en materia social, entre ellos refuerzo escolar, encuentros con adultos mayores, recorridos socio-ambientales y jornadas de salud.

Siguiendo con sus reparos, la Personería advierte que la Uaesp tenía proyectado recibir $28.000 millones, a enero de 2016, de la venta de los bonos CER’s (certificados de la reducción de emisiones), pero solo recogió $5.000 millones, "lo que no ha permitido cumplir con el Plan de Gestión Social para la recuperación territorial, social, ambiental y económica de la zona de influencia del relleno (...) Tampoco se cumplió con el programa de proyección poblacional que certifica las inmigraciones y emigraciones del sector por parte del concesionario, ni se elaboró un diagnóstico participativo para conocer las necesidades de las nuevas comunidades, ni se realizaron las múltiples capacitaciones técnicas programadas”, precisa la Personería.

Por último, el organismo dice que CGR no ha realizado un informe de inversión social, presupuesto y costo para cada acción ejecutada con sus respectivos soportes de 2012 a 2016. Añade que desde 2014 ha tenido retrasos en el cronograma mensual de actividades del Plan Ambiental y las piezas divulgativas a las que se encuentra obligado.

“Tampoco se fortaleció el equipamiento social y recreativo como medida de compensación que mitigue la afectación a la comunidad (hay canchas con daños y poca resistencia); aún menos se realizó la instalación de cámaras que mejoren la seguridad de quienes habitan en el sector, ni se cuenta con un sistema de comunicación, divulgación de la información, estrategias de impacto y participación de la comunidad”, manifiesta el ente.

 

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