Personería de Bogotá enciende alarmas por intolerancia contra habitantes de calle

El máximo organismo encargado de velar por los derechos humanos en la ciudad advirtió la discriminación y rechazo que está sufriendo esta población tras la intervención en el Bronx.

Archivo El Espectador.

La Personería de Bogotá, entidad encargada de la defensa y protección de los derechos humanos, se refirió este martes a las dificultades por la dispersión de centenares de habitantes de calle en diferentes zonas de la ciudad –luego de la intervención que efectuaron las autoridades a finales de mayo en el Bronx– advirtiendo que esta población está siendo víctima de amenazas y discriminación.

En particular, la personera distrital, Carmen Castañeda Villamizar, se refirió a la aparición de panfletos en los que se les prohíbe a los habitantes de calle la presencia en ciertas zonas y parques de la capital, alertando que la solución para atender a esta población –a quienes vecinos señalan de favorecer la delincuencia y promover el consumo de estupefacientes– no puede ser tomar la justicia por mano propia. (Lea: Aparecen panfletos en rechazo a los habitantes de calle)

“Nadie tiene autoridad para tomar la justicia por propia mano en la ciudad ni en el país. Quiero pedirle a la sociedad que entienda que estos procesos de intervención social no son de un mes, ni de un día, mucho menos de cosmética o estética. A los habitantes de calle hay que reintegrarlos con una intervención social”, aseguró la funcionaria que, pese a las problemáticas derivadas de la intervención en el Bronx, expresó su respaldo a la Administración Distrital por las acciones adoptadas.

“La Administración está actuando, lo que no había era actuación (…) Puede que la intervención no sea perfecta, pero cuando se atacó la criminalidad organizada de ese sector, se salió de control. Por la intervención policial y judicial es que estamos conociendo todo lo que estaba guardado en esas calles”, agregó la funcionaria.

Castañeda reiteró que no se puede ir en contravía de un fallo de la Corte Constitucional que les impide a las autoridades obligar a los habitantes de calle a someterse a un tratamiento que les permita dejar las drogas y las calles. “La solución no es llevarlos a ningún campamento ni a ningún gueto para discriminarlos; para no causarle molestias a la sociedad”, precisó.