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La Personería de Bogotá tiene a su cargo 856 investigaciones contra funcionarios de las alcaldías locales de la ciudad, tras detectar posibles irregularidades en su gestión, principalmente relacionadas con procesos de contratación. Por estos casos cursan 545 averiguaciones; 52 en derechos de petición; 40 por irregularidades en procedimientos penales (querella); 43 por extralimitación de funciones; 20 por temas de espacio público o medio ambiente; 20 por detrimento patrimonial; 12 por abuso de autoridad; 11 por incumplimiento de fallos, entre otros factores.
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Durante el proceso de veeduría que la entidad ha liderado, también se determinó que las localidades más investigadas son Engativá (93), Kennedy (88), Suba (79), Teusaquillo (57) y Rafael Uribe Uribe (52).
De acuerdo con la personera Carmen Teresa Castañeda, esto responde a que los funcionarios que llegan a desempeñar cargos públicos en estas alcaldías sobreponen sus intereses particulares y utilizan su poder para beneficios políticos.
"A los que ingresan no les duele un peso, ni la vida ni la existencia de los ciudadanos para los cuales se deben como administradores de esas alcaldías. Pareciera que llegan con un solo objetivo y es hacer patrimonio particular y personal, a costa de las necesidades de las poblaciones, porque van con una intención directa que es utilizar los escenarios para las contiendas electorales", expresó Castañeda.
Por esta razón, asegura que el desconocimiento de la ley no es excusa para quebrantarla, como en algunos casos han expresado algunos funcionarios con el fin de que no se les aplique la sanción correspondiente.
"Este no es tema de desconocimiento de la ley, y de ser así, son casos escasos. Aun así, no tiene presentación que para administrar unas localidades que manejan unos presupuestos tan grandes no se tenga conocimiento y preparación, para eso tienen asesores", dijo la personera.
De las 856 averiguaciones que la entidad tramita contra funcionarios de las alcaldías locales, 439 están en investigación disciplinaria, 308 en indagación preliminar, 65 en etapa de juzgamiento (después de cargos) y 44 son quejas recibidas recientemente que están en evaluación.
Además, se han proferido 38 fallos (correspondientes a 43 funcionarios), 27 de destitución e inhabilidad, 11 de suspensión y una advertencia severa escrita.
De las decisiones de primera instancia, hasta este lunes, 20 han sido confirmadas en segunda. De estos funcionarios, siete corresponden a la localidad de Suba, siete a Usme, cinco a Teusaquillo, cuatro a Kennedy, tres a Rafael Uribe, dos a Chapinero, Puente Aranda, Bosa, Fontibón, Tunjuelito y La Candelaria, uno a Barrios Unidos y otro a Santa Fe.
Las sanciones fueron aplicadas por irregularidades en contratación en 30 ocasiones, tres por vulnerar el derecho de petición, tres por irregularidades en el trámite de querellas, una más por pedir dinero y otra por no asistir a trabajar.