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La Personería de Bogotá abrió indagación preliminar en contra de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), porque al parecer contrató servicios que no estaban incluidos en el plan anual de adquisiciones, no realizó la publicación de toda la documentación de los procesos de contratación y habría realizado estudios previos que no concuerdan con lo que finalmente se contrató.
El ente de control encontró que la UAESP realizó contratos directos para asesorías, por cerca de $4.000 millones en 2016, “desconociendo las más elementales normas y principios rectores de la contratación estatal”.
Además, le llamó la atención que no hay claridad respecto a los criterios de remuneración a profesionales. Mientras unos reciben $8 millones mensuales, otros con calidades similares reciben $17 millones. (LEA: Denuncian irregularidades de la Uaesp ante la Fiscalía y la Procuraduría)
Por ejemplo, un abogado con diez años de experiencia fue contratado por $17.4 millones mensuales; en otro contrato un abogado con más de 12 años de experiencia le pagan $15.7 millones. Mientras que a un ingeniero ambiental, civil o sanitario con posgrado (maestría–especialización) y siete años de experiencia profesional, le pagaron $8.3 millones y en otros casos $9.5 millones. A un periodista o comunicador social, con más de siete años de experiencia, se le fijaron $11.6 millones. Por esta razón se pregunta si los supervisores no verificaron el cumplimiento de los contratos.
De acuerdo con el informe, la mayoría de los 31 contratos directos revisados -cuyo valor superaba los $90 millones-, no estaban contemplados en el Plan Anual de Adquisiciones (bienes, obras y servicios). Es decir, no obedecen a una planeación o estudio previo que determinara la necesidad para la UAESP de contratar esos servicios.
Los estudios previos de la etapa precontractual se exigían requisitos profesionales específicos de estudios y experiencia, pero fueron contratados, presuntamente, sin cumplir las exigencias establecidas por la propia UAESP.
A modo de ejemplo, la Personería asegura que la Unidad Administrativa estableció en estudios previos que necesitaba una persona jurídica con experiencia en la ejecución de más de cinco proyectos en temas relacionados con servicios públicos. Sin embargo, la UAESP lo adjudicó, presuntamente, a una empresa que no cumplía con tales exigencias: había acompañado estudios y diseños con asesoría técnica y legal, pero no había ejecutado ningún proyecto.
“Se evidenció que la Unidad no publicó todos los documentos de los procesos contractuales celebrados bajo modalidad de contratación directa, a partir de los $90 millones. En otros casos, algunos estudios previos fueron publicados de manera extemporánea, situaciones que no permitieron a la comunidad tener acceso a toda la información de contratación, especialmente a la justificación de necesidad y pertinencia del gasto”, dice el Ministerio Público.
El Espectador había revelado en octubre pasado que esa entidad había suscrito 17 contratos que superan los $3.200 millones, en su mayoría orientados a asesorías técnicas y jurídicas, los cuales justifican la necesidad de contratación. (LEA: Los asesores del negocio de las basuras)
De hecho, en noviembre de 2016, puso en evidencia que la directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, Beatriz Elena Cárdenas, fue señalada de entregar millonarios contratos de asesoría a personas con quienes trabajó.