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La Personería de Bogotá prendió las alarmas por el “desmantelamiento” de los comedores comunitarios en la capital. De acuerdo con el ente de control, tras una investigación se constató que de 144 comedores que estaban abiertos a enero de 2016, 110 dejaron de funcionar: 90 fueron cerrados por terminación de contrato entre junio y julio de este año y otros 20 cerraron definitivamente.
Esta situación, según las cifras que maneja la Personería, ha dejado en riesgo alimentario a más de 28.000 ciudadanos de poblaciones vulnerables. Además, esto implica que entre marzo de 2017 y julio de 2018 se han dejado de entregar 499.485 raciones de alimentos a personas de escasos recursos o que requieren una ayuda nutricional. Solo el cierre de los 90 comedores en dos meses ha significado que se dejen de entregar aproximadamente 28.050 raciones de alimentos diarios. En cuanto a localidades, las más afectadas por los cierres son Antonio Nariño, Puente Aranda, La Candelaria, Tunjuelito, Santa Fe y Usaquén, en las que no se renovaron los contratos y entre junio y agosto de este año se han dejado de atender más de 5.830 personas.
El Ministerio Público distrital también encontró que en dos localidades de la ciudad, Sumapaz y Teusaquillo, ni siquiera se brinda el servicio de atención nutricional. Mientras en la localidad ubicada en el extremo suroriental de la ciudad este servicio se presta mediante la entrega de bonos canjeables por alimentos y canasta alimentaria, en Teusaquillo se brinda esta atención por medio del comedor de la localidad de Barrios Unidos.
“Estos comedores son para personas que no cuentan con recursos económicos y son planes sociales de suma importancia humanitaria y de ayuda a los más necesitados. Esa es la preocupación que nos tiene con las alertas prendidas porque son personas que también tienen condición de protección. Muchos colegios no tienen planes alimentarios y muchos niños acuden a estos comedores a tomar su almuerzo o desayuno antes de ir al colegio”, aseguró la personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda, para quien no hay claridad si esta situación se debe a falta de planeación o desacuerdo con esta política de atención.
“No entendemos por qué de un momento a otro se cierran de esa forma. No sabemos si no están de acuerdo con esa política de ayudar a los más necesitados. No entiendo por qué en dos meses se desmantelan los comedores comunitarios y tenemos una preocupación porque no sabemos si es un tema de improvisación o es la intención quitarle la comida a tantas personas que la necesitan”, agregó la personera.
Y aunque la Personería anunció que pedirá explicaciones a la Secretaría de Integración Social (SDIS), esta entidad afirmó que hay 124 comedores adjudicados a día de hoy, y solo faltan cinco por adjudicar porque en los procesos de contratación no se presentaron ofertas. Además, la SDIS indicó que el informe de la Personería se hizo en momentos en que se estaban actualizando los procesos contractuales en los comedores. Finalmente, la entidad aseguró que nunca se dejó de atender a ningún beneficiario de los programas de alimentación, debido a la emisión de bonos.
Según Juan Carlos Peña, director de nutrición y abastecimiento de la Secretaría Social “las personas que venían recibiendo el beneficio de comedores comunitarios han obtenido bonos canjeables por alimentos o canastas que garanticen la seguridad alimentaria a nuestros beneficiarios. Esas personas acudieron a las subdirecciones locales y entran a una nómina para reclamar el bono”. El funcionario aseguró que hay 96 comedores abiertos y que en el transcurso de esta semana se normalizaría la operación de los demás comedores. Para esto, agregó, se han evaluado ofertas de diferentes operadores para reabrir los sitios.
Efectivamente, la Personería verificó la entrega de dichos bonos y canastas. No obstante, el ente de control afirmó que esta medida no es suficiente. “No se da cobertura al total de la población, no son claras las estrategias de socialización y difusión con la comunidad de dicha alternativa, pues los beneficiarios no se acercan a las subdirecciones a reclamar los respectivos bonos por desconocimiento”, indicó la Personería en su informe.
Desde el Distrito indican que nunca se ha dado la instrucción de cerrar ningún comedor, y enfatizan en que se fusionaron varios comedores que no cumplían con la cobertura indicada. Pese a esto, la Personería ordenó una indagación disciplinaria para establecer quiénes son los responsables de no haber ordenado la prórroga o renovación de estos contratos y los motivos por los cuales sucedió esto.
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