Personería pide reglamentar sanciones a jardines infantiles privados

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El ente de control advierte que no existen sanciones para quienes incumplan con su labor o presente fallas estructurales. Pide intervención de Ministerio de Educación e ICBF.

La Personería Distrital pidió acciones inmediatas al Ministerio de Educación y el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) para que se reglamenten las sanciones correspondientes a fallas e incumplimientos en la operación de los jardines infantiles privados, debido a que en la actualidad no existen acciones además de la vigilancia y control que hace la Secretaría de Integración Social.

De acuerdo con el ente de control, a pesar de que el año pasado dicha Secretaría Distrital inspeccionó 855 de estos jardines a ninguno se le impuso sanción o se le revocó la licencia de funcionamiento porque, según Integración Social ellos “hacen vigilancia, control, seguimiento y pide el acatamiento de los estándares establecidos por las normas, pero que no tiene competencia para sellar o aplicar ningún tipo de sanción”.

La alerta se lanza ya que en lo corrido de este año la Personería ha recibido múltiples denuncias con respecto a la operación de jardines privados, así como evidenció la existencia de “salas de cuidadores”, de las cuales no existe ninguna regulación en el país.

Ante la solicitud, el Ministerio de Educación aseguró que adelanta un acto administrativo con el que pretende regular las sanciones de los jardines privados en el país.

Esta es una situación que viene de mucho antes. A pesar de que dentro del Plan de Desarrollo del presidente Juan Manuel Santos se incluyó su reglamentación, en la que se establecería temas de infraestructura, tarifas y programas pedagógicos, esta no se ha podido sacar adelante.

Recientemente, un informe de la Secretaría de Integración social determinó que el 58 % de los jardines en Bogotá no cuentan con un documento ajustado a las orientaciones técnicas en caso de sospecha o presunto maltrato infantil, mientras que en 62 % no promueve ni implementa medidas para prevenir el maltrato infantil, así como la detección de casos de violencia sexual.

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