En vivo: La justicia transicional a dos años del Acuerdo con las Farc

hace 1 hora

'La Personería pudo confundirse'

La directora del Instituto de Desarrollo Urbano, María Fernanda Rojas, responde a los cuestionamientos que el ente de control hizo al cálculo para liquidar la valorización.

María Fernanda Rojas, directora del IDU. / Archivo - El Espectador
María Fernanda Rojas, directora del IDU. / Archivo - El Espectador

Pocos debates han generado tanta polémica entre la ciudadanía como el cobro por valorización. Pocos, además, han tenido un trasfondo tan técnico, no sólo por la figura misma del cobro —establecida por el Concejo en 2005, en el Acuerdo 180—, sino por las complejas fórmulas matemáticas con las que se calculó la contribución.

Un informe de veeduría de la Personería Distrital, revelado esta semana por El Espectador, ha causado polémica debido a sus señalamientos de posibles omisiones técnicas por parte del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) a la hora de calcular la suma que cada ciudadano debía pagar en la segunda fase del cobro.

En el informe, la Personería acusa al IDU de haber demarcado los grados de beneficio de cada obra y sugiere que dicha demarcación provocó que algunos predios de estratos bajos, considerablemente alejados de las obras, terminaran recibiendo facturas onerosas.

Los grados de beneficio son cuatro anillos o subzonas que se establecen alrededor de cada obra, y hacen parte de un conjunto de seis variables que conforman la fórmula matemática para establecer el cobro (ver gráfico). La idea de su demarcación es que los predios más cercanos a las obras paguen más y que, en la medida en que la distancia entre los unos y las otras aumenta, la contribución disminuya. Las cinco variables restantes son: el área del terreno, su estrato, el nivel geoeconómico, el número de pisos y el tipo de uso o explotación económica.

En diálogo con El Espectador, la directora del IDU, María Fernanda Rojas, se defendió de los señalamientos de la Personería. Negó que haya sido un mal cálculo en los grados de afectación lo que causó el malestar de la ciudadanía; además, criticó el diseño del Acuerdo 180 de 2005 y sugirió que la Personería no comprende el esquema técnico del acuerdo.

A la fecha, el IDU ha recibido 37.000 recursos de reconsideración de ciudadanos indispuestos por el cobro actual y libra una dura pelea en el Concejo de Bogotá para que éste permita derogar la totalidad del esquema y financiar a través de endeudamiento parte de las obras contempladas en el “180”.

Yo no puedo certificar cada conversación de las más de 12.000 personas que trabajan en la entidad. Pero ahí están las actas de las reuniones. Hasta donde he podido constatar, no hay un registro de que se haya dado una conversación en ese sentido.

Puede caber una hipótesis: que los investigadores de la Personería hayan confundido los términos (zonas de influencia y grados de beneficio). Y en ese caso es importante que se conozca bien el Acuerdo 180.

Esas subzonas de hoy en día no las delimitamos nosotros; fueron delimitadas hace seis años, en 2007, para las fases I y II, por el Instituto de Desarrollo Urbano, y están en la memoria técnica de la fase I. De tal manera que si la Personería quiere cuestionar las subzonas, debe cuestionar las que se delimitaron hace seis años.

Sí, pero esa información está contenida en el Instituto. Si la Personería dice que las subzonas están en un plano en el Concejo, es que la Personería no entendió la metodología. Porque cualquier persona que sepa de valorización sabe que fue el Concejo el que definió las zonas y que los grados de beneficio dentro de cada zona son un ejercicio técnico que hace la entidad (el IDU).

Ese no fue el factor. La fórmula se aplicó correctamente.

Porque dentro de cada zona de influencia se aplican seis variables y no hay una sola variable que sea tan determinante como para distorsionar todas las demás. Lo importante es la combinación matemática del coeficiente, pues las variables están computadas de manera que una sola no hace la diferencia. Ahí aparece un error técnico (de la Personería): atribuirle a una variable una distorsión cuando además ésta no tiene la mayor diferencia entre sus coeficientes. Eso lo único que significa es que no se comprendió matemáticamente la fórmula.

Una serie de factores definidos en el diseño del Acuerdo 180, que generan que haya algunos puntos de la ciudad donde se recarga un poco el cobro. Lo que pasó en sectores como Engativá es que, como el acuerdo tiene esa división por fases, en cada cobro se está incluyendo la construcción de un grupo de obras y los diseños y los predios del siguiente grupo de obras. Cuando esto coincide con un grupo donde hay varias obras que se van a construir, se recarga una zona de influencia. Por ejemplo, en Chapinero Alto no hay obras, por eso no pagan o les llega muy bajito. Por el otro lado, donde hay más obras es donde más pagan. De ahí que cuestionen que los de Rosales no paguen nada...

Ese es el criterio de inequidad que está establecido en el Acuerdo 180. Y pasa porque se decidieron unas fórmulas sin que se hubiera probado el modelo para evaluar los posibles efectos que iba a tener.

La Personería sostiene que su equipo técnico dijo que en el Concejo de Bogotá estaban los planos que demarcan las subzonas de afectación de cada obra. Cuando los investigadores del ente de control consultaron los archivos del cabildo, se dieron cuenta de que no existían. ¿Qué explicación tiene esto?
Pero la Personería cita las actas...

¿En qué sentido pudieron haberse confundido los investigadores?
Las zonas de influencia están claramente definidas en el anexo 3 del acuerdo. Seguramente, los técnicos del IDU le dijeron a la gente de la Personería que esas zonas quedaron definidas en el momento del acuerdo, en 2005. A nosotros siempre nos dicen que cambiamos las zonas de influencia, cuando éstas son inamovibles. Ese fue un trabajo de meses que se hizo hace seis años. ¿Qué sentido tenía volverlas a demarcar?

Ahora bien, la Personería claramente se refiere a las grados de beneficio o subzonas de cada obra...
No se explica entonces por qué la Personería los acusa a ustedes de esconder la verdadera ubicación de las subzonas. O mienten ustedes o mienten ellos...

Ahora, independientemente de quién delimita las subzonas, los investigadores de la Personería sugieren que fue justamente un problema en su cálculo lo que terminó causando que sectores muy pobres recibieran facturas exorbitantes. ¿Puede haber sido ésta la razón de todo el malestar?
¿Por qué?

¿Qué falló entonces con el cobro de valorización?
Esa es la parte perversa del esquema de valorización...

jmaldonado@elespectador.com

@donmaldo