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Se van a cumplir cinco meses desde que a la Fiscalía llegó la denuncia sobre la posible falsedad documental en la que incurrió una de las empresas que conforman el consorcio que ganó el contrato para modernizar el sistema de semáforos y, a pesar de haber ordenado el dictamen de un perito, sigue sin pronunciarse. A raíz de esa incertidumbre y ante la urgencia de avanzar en la obra, el Distrito firmó el viernes el acta de inicio, con lo que se cumple el anuncio hecho a mediados de junio por el alcalde Enrique Peñalosa de comenzar los trabajos en septiembre.
Y es que, según la administración, sin un pronunciamiento de la Fiscalía es imposible seguir aplazando el inicio de la obra. Al menos, así lo señaló en su momento el mandatario, quien resaltó que la Alcaldía no era autoridad competente para definir si la información que dio esta empresa era válida o no. “Esta es una discusión que puede tomarse años en los juzgados. Por consiguiente, nosotros tendremos que proceder a poner en ejecución este contrato y llevar a cabo la instalación de los semáforos inteligentes con la empresa que se ganó la licitación”.
Con la decisión, pese a las denuncias, evidencias e investigaciones en curso, el Consorcio Movilidad Futura (conformado por Sutec y Siemens) finalmente podrá empezar a ejecutar el contrato por $173.000 millones y para el cual, según dijeron sus directivos a este diario, se empezaron a preparar desde abril, cuando la Secretaría de Movilidad adjudicó el contrato de interventoría.
El cuestionado contrato es para suministrar, instalar, programar y operar 1.420 intersecciones, en las que habrá sensores para saber en tiempo real cuál es el tráfico en algunas zonas y a partir de ello —de forma autónoma— asignar los tiempos de duración de las luces rojas, amarillas y verdes, así como dispositivos que les brindarán información a los peatones para saber el tiempo que les queda para cruzar las calles. Finalmente contará con una central automatizada para la operación, que estará asociada al Centro de Gestión de Tránsito.
El caso
Para quienes no conocen este lío, el resumen es el siguiente: la Secretaría de Movilidad abrió, el año pasado, una licitación para elegir la empresa que se encargaría de renovar la red de semáforos de la ciudad. A pesar de múltiples advertencias de la Procuraduría, en las que pedía revocar el proceso por posibles irregularidades, la administración adjudicó en diciembre el contrato por $173.000 millones al consorcio Movilidad Futura 2050, integrado por la firma Sutec de Argentina (99 %) y la multinacional Siemens (1 %).
Sin embargo, en marzo pasado se conocieron nuevos elementos sobre las posibles irregularidades en la adjudicación, cuando El Espectador publicó los detalles de una denuncia que señalaba que Sutec habría presentado en Colombia unos estados financieros que no coincidían (ni en datos ni en firmas) con los que había radicado en diciembre del año pasado ante las autoridades argentinas, en donde está su casa matriz. Mientras en Bogotá se mostraron como una empresa solvente, allá estaban al borde de la quiebra. Es decir, al parecer la firma ganó la licitación tras una falsedad.
Al principio, la firma desestimó la denuncia, diciendo que sí había cumplido los requisitos y que estaba lista para ejecutar el contrato. Sin embargo, ante la insistencia de la administración para que aclarara los hechos, hace más de dos meses envió una nueva explicación. En el documento, si bien reconoció que los balances que presentó en Colombia no correspondían con los que radicó en Argentina a finales del año pasado (confirmando la denuncia), se limitó a decir que estaba investigando y corrigiendo las cuentas. Agregó que, pese a todo, con sus nuevos balances cumplía las condiciones del contrato.
Investigaciones
A pesar de la decisión del Distrito, esto no quiere decir que se hayan cerrado las investigaciones alrededor de la forma como se adjudicó el contrato y contra la firma Sutec, señalada de cometer la posible falsedad documental. Por el contrario, la Procuraduría se prepara para adelantar el juicio disciplinario contra el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, y otros funcionarios, a quienes les formuló pliego de cargos, al encontrar evidencia de que omitieron varias alertas durante la licitación, permitiendo la adjudicación del contrato. De otro lado está el proceso que cursa en la Fiscalía que, si bien sigue en deuda, mantiene activa la indagación preliminar por la posible falsedad en documento.
A esto se suma el anuncio de acciones legales por parte de uno de los consorcios que perdió la licitación y que ya demandó el contrato ante la justicia administrativa. Según sus voceros, tras conocer la decisión del Distrito de firmar el acta de inicio, se alistan para pedir al juez que emita una medida cautelar y ordene la suspensión del contrato, para evitar un posible daño irreparable a las arcas del Estado.
Independiente de las dudas y de las investigaciones, es claro que la modernización de los semáforos parece no tener reversa. Ahora todo quedará en manos de los jueces, que deberán definir si en este caso hubo algo indebido o no.