Petro busca salvar el POT con tres decretos

Reactivar la construcción de Viviendas de Interés Prioritario (VIP), aumentar el espacio público y ampliar las redes de servicios para las zonas en donde llega más población son los objetivos principales.

El Distrito no ha dado por perdida la batalla ante el Consejo de Estado por salvar el POT Petro. Después de que el Alto Tribunal suspendió la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), decretado por el alcalde Gustavo Petro, la Secretaría de Planeación anunció que se firmará un “paquete de decretos para reactivar la Vivienda de Interés Prioritario (VIP) y garantizar el soporte urbano en las zonas de la ciudad, a las cuales puede llegar una nueva población”. Esta decisión se anuncia justo un día después de que el Ministerio de Vivienda expidió un concepto en el que señala que la norma de ordenamiento que rige actualmente en la capital es la expedida en 2004.

El primer decreto, según la Secretaría, “determina obligaciones solidarias de Vivienda de Interés Prioritario (VIP), defendiendo los porcentajes de cesión en suelo para los proyectos inmobiliarios en la ciudad”. En otras palabras, revive la norma del POT que obliga a los constructores a compensar con al menos un 20% de suelo para las VIP. El segundo, reglamentará artículos del Decreto 190 (POT del 2004), que establecían la posibilidad de aumentar el espacio público y ampliar las redes de servicios públicos en las zonas donde se va a incrementar la intensidad del uso del suelo. El tercer decreto qua va a expedir la Alcaldía está relacionado con el espacio público y las redes de servicios públicos: “tendrá en cuenta los tratamientos diferentes a los de renovación urbana; que generan un incremento en la ocupación o uso del suelo y por lo tanto también estarán sujetos a dichas obligaciones”, señala la Secretaría de Planeación.

El secretario de Planeación, Gerardo Ardila, señaló que “las pequeñas y medianas industrias que dentro del Plan de Ordenamiento Territorial habían encontrado la posibilidad de legalización, y como empresas legales habían tenido acceso a créditos, vuelven a quedar ilegales una vez más. En una pelea política, utilizando el POT como instrumento político, los que salen perjudicados son los constructores y la ciudad en toda su extensión”.

La entidad también advirtió que si queda vigente el POT de 2004 “se abrirá la posibilidad de solicitar, tramitar y obtener licencias urbanísticas para urbanización y construcción en 1,341 hectáreas de zonas inundables y áreas de protección por riesgo, cercanas al Río Bogotá. También quedarán expuestas 273 hectáreas de bosques, parques y humedales en el área urbana, concertados con la autoridad ambiental. Lo mismo sucedería con 48 hectáreas en zonas con alto valor ambiental y paisajístico en los Cerros de Suba”.

Vale la pena decir que en caso de que continúe el POT de 2004, el Plan de Ordenamiento Zonal de Usme quedará vigente, “aun cuando está en contravía de los asuntos concertados con la CAR (Resolución CAR 124 de 2013), donde se privilegió la contención del crecimiento urbano en el sur de la ciudad con el fin de conservar áreas de protección hídrica y para la producción de alimentos por parte de comunidades campesinas”. Con ese POT también se reactivaría la explotación minera en la ciudad. En el aire quedaría el plan de acción programado para 33 áreas en riesgo (2.256 hectáreas), donde habitan 439.785 personas.

En cuanto a las áreas del Páramo de Sumapaz, que están por fuera del Parque Nacional Sumapaz, y que ascienden a 11,615 hectáreas, quedan sin efecto las medidas de protección ambiental definidas en el POT de 2013. La suspensión también tiene efectos en el cumplimiento del fallo de los Cerros Orientales, pues según la Secretaría, “se suspende el marco normativo que permite la incorporación a suelo urbano de los barrios legalizados, y dificulta cumplir los procedimientos de las legalizaciones en curso; así mismo continúa sin regularse la situación de los 64 barrios localizados sobre los Cerros Orientales”.

 

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