Petro desvía discusión por escándalo en Línea 123

El alcalde de Bogotá responde a El Espectador a través de su cuenta de Twitter con afirmaciones alejadas de las denuncias realizadas por este diario.

Archivo El Espectador

Dos semanas después de que El Espectador advirtiera la crisis por la que atraviesa la Línea de emergencias 123 por cuenta de posibles irregularidades que giran alrededor del convenio que firmó con la ETB para modernizar su plataforma, el alcalde Gustavo Petro se refiere al tema pretendiendo desviar la atención, pues nadie ha negado la necesidad de dar ese salto tecnológico; sin embargo, él asegura que la corrupción se debe buscar a partir de quién quiere impedir ese proceso.

A través de su cuenta de Twitter habló del escándalo y dice: “buscan corrupción porque abrimos concurso para adquirir programa con poder suficiente para el 123 de Bogotá y no en por qué quieren impedirlo”.

En otro trino escribe: “Saben ¿por qué Rosa Elvira Cely no fue encontrada por más de una hora después de llamar al 123? Porque tenemos una tecnología vieja”.

Las posibles irregularidades alrededor del convenio que firmó con la ETB y que provocó una crisis de marca mayor en el Fondo de Seguridad y Vigilancia (FSV), ya están en conocimiento de la Fiscalía. Sergio Romero, único directivo del FSV al que le han aceptado la renuncia, en un último acto como funcionario radicó el martes una denuncia en la que pidió investigar el caso, para determinar si “existe o no la comisión de hechos contra la administración pública”. El documento, elaborado en papelería oficial de la Alcaldía de Bogotá, se le envió directamente al fiscal general, Eduardo Montealegre.

La denuncia se radicó justo después de que el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, le pidiera al gerente del FSV, Fernando Arbeláez, que renunciara a su cargo por haber incumplido la orden de firmar a toda costa (incluso, sin importar razones jurídicas) un otrosí al convenio con la ETB y autorizar un giro por casi $28.000 millones, pese a las múltiples advertencias de la Contraloría, de la interventoría y de funcionarios del propio Distrito, que señalan que el acuerdo tendría “irregularidades insubsanables”.

Esta situación provocó la reacción de algunos directivos del FSV, como el caso de Romero, que en respaldo a Arbeláez también renunció y antes de entregar el cargo radicó la denuncia. El documento, al que tuvo acceso El Espectador, relata pormenores de la firma del acuerdo, los posibles hallazgos fiscales y algunas de las posibles irregularidades. El documento está acompañado con 500 folios, en los que se incluyen copias del convenio, informes de interventoría, requerimientos del Fondo a la ETB y cruce de cartas, entre otros.

“Mi orden ha sido hacer saltar hacia adelante tecnológicamente el 123 con proceso 0 corrupción. Vamos a recibir presiones para impedirlo (…) Escoger en concurso nuevas tecnologías no está exento de corrupción "per se" pero mantener viejas tecnologías siempre es corrupto (…) Cuando compraron cámaras analógicas para la ciudad, el Fondo de seguridad estaba en manos corruptas ligadas a concejales y el cartel”, agregó Petro a través de Twitter.

Desde hace varias semanas se han presentado una serie de choques, desacuerdos y cuestionamientos alrededor del convenio interadministrativo, que firmaron en octubre del año pasado el Fondo de Seguridad y Vigilancia (FSV) y la ETB, para la modernización de la línea, lo que ha generado que luego de nueve meses el proceso esté estancado.

Hace unos días se habló que Bogotá estuvo a punto de perder la plataforma de la línea 123 como consecuencia de retrasos en pagos a Itelca, empresa dueña de la tecnología.

El Espectador conoció los documentos que demuestran que la empresa Infotic celebró un contrato con el Fondo de Vigilancia de Bogotá, el 29 de octubre de 2014, para realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica del convenio que busca la modernización de la Línea 123. Esto por $1.560 millones, durante cinco años, plazo que duraría la modernización. Sin embargo, para ese momento Infotic ya era contratista del distrito. Es decir, mientras suministraba las cámaras a la vez vigilaba el millonario contrato de modernización de la Línea de atención 123.

La denuncia realizada por Sergio Romero describe cómo el 3 de octubre del año pasado se firmó el convenio y, casi un mes después, el acta de inicio. Este trámite se hizo sin tener anexos técnicos, financieros, cronogramas, acuerdos económicos (con el que se definen inversiones y pagos) ni protocolos de pruebas para la nueva plataforma. Es decir, se empezó a ejecutar sin tener claras las reglas de juego. Tras nueve meses, tan sólo se tiene el cronograma (que se ha incumplido) y un anexo técnico incompleto.

De igual manera, señala como el aporte inicial de $15.000 millones, que hizo el Fondo para la nueva línea 123 y el funcionamiento de la vieja, la ETB los ha ido gastando sin presentar los soportes que justifiquen el uso de dichos recursos, algo que llama la atención si se tiene en cuenta que el cronograma del convenio presenta incumplimiento de casi seis meses y, a la fecha, no hay avances en el proyecto.