Concluyó juez administrativo

Petro se extralimitó con modificación del POT

Desde que Gustavo Petro firmó en 2013 el decreto para la Modificación Especial del Plan de Ordenamiento Territorial (Mepot), con el que cambiaba excepcionalmente las normas urbanísticas establecidas desde 2004 y supuestamente preparaba a la ciudad para el cambio climático, le llovieron críticas.

Archivo El Espectador

Su decisión fue cuestionada, primero, debido a la forma: a pesar de que una comisión del Concejo Distrital rechazó la iniciativa, él siguió adelante por su cuenta y expidió la norma. En segundo lugar, sin importar las intenciones ambientales, se cuestionaron sus efectos directos en los costos para el sector de la construcción.

El Ministerio de Vivienda, los gremios y algunos entes de control atacaron la medida: que se extralimitó en sus funciones, que era un nuevo POT sin cumplir los requisitos legales y que creaba inseguridad jurídica y elevaba los costos para la construcción en la ciudad, fueron algunas de las críticas. 

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La norma fue demandada y luego suspendida. Finalmente, el caso se resolvió esta semana. Un juez administrativo declaró en primera instancia nulo el Mepot, por considerar que, en efecto, Petro se había excedido en sus funciones, ya que no tenía la competencia para expedir la norma. “Él asumió una facultad que le correspondía privativamente al Concejo Distrital”, dice el fallo.

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La decisión responde a una serie de demandas que se radicaron en contra del decreto, entre las que se encuentran la de concejales como Roberto Hinestrosa, el gremio de la construcción y algunos particulares. “Lo que intentó el exalcalde fue expedir un nuevo POT en Bogotá, al disfrazar un decreto como una modificación. En realidad buscó sustituir el POT vigente, desconociendo las normas legales”, dijo el concejal.

No obstante, según Petro, el espíritu de la modificación apuntaba a trazar un modelo de ciudad más compacta, con recorridos más cortos para los ciudadanos entre el trabajo y la vivienda, que dependía de la redensificación en el centro y menos urbanizaciones en la periferia, con más espacios públicos y zonas verdes y adaptada al cambio climático.

La norma permitía renovar algunos sectores, mezclaba uso de suelos en los barrios, obligaba a los constructores a financiar redes de servicios públicos y ceder terreno para espacio público, y ordenaba destinar entre el 20 y el 30 % de los lotes urbanizables para viviendas de interés social. Camacol, el gremio de la construcción, señaló en su momento que estas cargas harían inviables los proyectos urbanísticos.

Hoy, mientras los que demandaron la medida celebran la decisión, para María Mercedes Maldonado, exsecretaria de Hábitat de la administración Petro, la ciudad pierde, especialmente conociendo los detalles del nuevo POT. “Al menos en prevención del riesgo, pues en zonas que eran no mitigables por inundación, ahora se podrá edificar si los constructores hacen una serie de obras de adaptación. Además se podrá urbanizar gran parte del norte y la zona de manejo de preservación ambiental del río Bogotá será urbanizable. Cambiará todo el concepto de estructura ecológica principal para volverla espacio público, sin tener que estar ligada a temas de conservación ambiental”.

Por ahora, aunque la decisión es de primera instancia y podría ser apelada por la administración, todo apunta a que esto no sucederá, ya que se encuentra concentrada en el proyecto de nuevo POT que espera llevar en julio al Concejo.

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