“No meto las manos al fuego”: Petro en investigación por contrato de motos eléctricas

El exmandatario y ahora senador fue llamado a declarar como testigo alrededor de las presuntas irregularidades en el proceso de contratación de 100 motos eléctricas para la Policía, que habría estado viciado por presuntos sobrecostos y fallas al momento de contratar.

Fondo de Vigilancia y Seguridad

En 2012, con una inversión que demandó recursos por casi $4.300 millones, la entonces administración de Gustavo Petro hizo una apuesta ecológica y amigable con el medio ambiente: adquirió 100 motos eléctricas para la Policía Metropolitana a través del Fondo de Vigilancia. Sin embargo, su intención se vio truncada por presuntos sobrecostos, irregularidades en contratación y falta de mantenimiento. Hoy, pasados seis años, aún es requerido por los aparentes líos alrededor del proceso de contratación, esta vez, en calidad de testigo. 

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Este jueves, en desarrollo de una audiencia en el complejo judicial de Paloquemao, el ahora senador, que ha insistido en que el contrato de compra de las motos eléctricas no fue irregular, en su declaración dijo ‘no meter las manos al fuego’ por el proceso.

“No, no meto las manos al fuego. El pecado no está en lo eléctrico, el tema está en investigar la forma cómo se contrató”, aseguró Petro durante la audiencia en declaraciones recogidas por Caracol Radio. “No es delito comprar motos eléctricas. La electrificación del transporte es una necesidad imperiosa para mitigar el cambio climático, los procedimientos de la licitación deben ser los de la ley”, agregó.

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Desde el momento mismo de la adquisición de las motocicletas, se advirtieron posibles irregularidades en la compra. Este negocio, según la investigación, supuestamente violó la ley de contratación, ya que, en vez de abrir licitación, se hizo a través de contratación directa. De acuerdo con la Contraloría, se provocó un posible detrimento patrimonial cercano a los $1.200 millones.

A lo anterior se suma que, desde mediados de 2014, el Fondo había intentado adjudicar un contrato de mantenimiento para los vehículos, pero el resultado en varias oportunidades fue la declaratoria de desierta por falta de proponentes.

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Por estos hechos, sumado al manejo de la contratación que se vivió en el Fondo de Vigilancia y Seguridad, en marzo de 2016 fue capturado el exgerente de la entidad, César Augusto Manrique Soacha, a quien procesan por interés ilícito en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

En su momento, el fiscal del caso, adscrito a la Unidad de Administración Pública, narró que los hechos ocurrieron en el año 2012, cuando la entidad distrital –en modalidad de contratación directa– adquirió 100 motocicletas eléctricas tipo cross para la Policía Metropolitana, cada una, por un valor cercano a los $44 millones.

 

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