Petro y el Concejo: la relación que no cuajó

A pesar de que el Distrito tramitó proyectos claves, su relación con el cabildo siempre fue tensionante, con epítetos de lado y lado y escasos acuerdos.

El alcalde Gustavo Petro, en una intervención en el Concejo de Bogotá. / Archivo - El Espectador
Que el concejal Miguel Uribe haya calificado al alcalde Gustavo Petro de “sinvergüenza” es tan sólo un episodio –muy ilustrativo, eso sí– de la difícil relación que han sostenido el Concejo y el mandatario durante estos tres años y medio. Por eso, más allá del escándalo que se armó en el recinto el jueves pasado, puede afirmarse que ese matrimonio, finalmente, no cuajó, muy a pesar de que allí hayan salido adelante proyectos muy importantes para la administración.
 
Los ecos del reciente agarrón dejaron al concejal progresista Yezid García como uno de los pocos que creen que en este mal ambiente Petro es víctima: “Ha habido un abuso en los términos del control político”, asegura. “Bienvenidos todos los debates, donde la administración ha contestado y controvertido, pero nadie está obligado a aceptar la grosería. El episodio es grave por los términos en que se ha dado. La mesa directiva del Concejo tendrá una reunión con la administración para normalizar las relaciones, porque no se puede permitir que el Distrito no vea garantías para asistir a debates de control político”.
 
En enero de 2012, apenas Petro pisó el Palacio Liévano, su entonces secretario de Gobierno, Antonio Navarro, les propuso públicamente a los concejales de partidos diferentes al Movimiento Progresistas contar con participación en cargos del Distrito. El objetivo: la gobernabilidad. Los progresistas en el cabildo eran tan sólo 8, de 45, y para sacar adelante el paquete de proyectos de la Bogotá Humana era necesario garantizar mayorías. A pesar de las críticas que le llovieron por una apuesta que unos consideraron clientelista, mientras otros la vieron como normal, más tarde se supo que, por ejemplo, a las secretarías de Ambiente y de Movilidad llegaron cuotas de los partidos Alianza Verde y de la U.
 
En el cabildo, a pesar de las declaraciones cáusticas del alcalde y de los fuertes debates de los concejales, que nunca bajaron al alcalde de mal gerente, pasaron el Plan de Desarrollo, los proyectos de presupuesto, la modificación a la valorización, la creación de la Secretaría de la Mujer, la conversión del Fopae en el Idiger y el cupo de endeudamiento. El concejal verde Hosman Martínez dice que la razón de esta aparente paradoja fue que, más allá de cualquier diferencia, a ellos les convenía aprobar recursos para obras. “Él necesitaba herramientas para actuar”, puntualiza.
 
En junio de 2013, sin embargo, se hundió la modificación al Plan de Ordenamiento Territorial (POT), clave en la apuesta de ciudad de Petro. “Desde ese momento él creyó que podría ejecutar sus planes solo y el Concejo creó una oposición casi inquebrantable”, opina el concejal Diego García, quien desde Progresistas comenzó haciendo oficialismo, pero terminó rompiendo su afinidad con el alcalde. El liberal Miguel Uribe piensa de forma similar. Para él, que desde un comienzo ha estado en la oposición, los tres años y medio no han sido iguales, pues los dos primeros tendieron a ser favorables a los proyectos del Distrito y “sólo después cambió el ambiente”.
 
La seguidilla de hundimientos que hubo en el segundo semestre de 2014 marcó un punto crítico en las relaciones: la modernización tributaria, la creación de la empresa Metro, vigencias futuras para colegios en concesión, la eliminación de corridas en la Plaza de Santamaría. En septiembre de ese año, según datos del propio Concejo, las iniciativas archivadas que habían sido autoría de la Alcaldía eran 21. La reacción de Petro fue declarar que “una parte de los concejales está llegando al extremo de irse contra la ciudad, rechazando proyectos, porque están sumidos en el síndrome del cartel de la contratación”.
 
Es cierto que, por cuenta del malhadado cartel, el Concejo se manchó, al punto de que todavía en este período han salido de la corporación Orlando Parada y Andrés Camacho, del Partido de la U, y Jorge Salamanca, liberal, para responder ante la justicia por su participación en la ola de corrupción del mandato de Samuel Moreno (2008-2011). Esos antecedentes, sin embargo, no le dan vía libre al alcalde para arremeter contra toda la corporación, piden concejales como Uribe y Hosman Martínez, este último de la Alianza Verde, que agrega: “En diálogos privados que tuve con él le dije que no puede decir que todos somos corruptos y miembros de las mafias. La mitad más uno somos nuevos en el cabildo, pero en vez de capitalizar eso, empezó a meternos a todos en una misma bolsa”.
 
Mónica Villegas, directora del programa “Bogotá cómo vamos”, que también maneja la veeduría “Concejo cómo vamos”, dice que el balance es negativo, pues, dado lo mediático de la tensión, Distrito y Concejo terminan afectando su percepción ante los ciudadanos. Lo que queda, dice ella, es una labor pedagógica que les haga entender a los ciudadanos que, por ejemplo, los proyectos se hunden no sólo debido a disputas políticas, sino a los análisis técnicos que también se han dado en el cabildo. La relación fue complicada, agrega, por el cambio en los secretarios de Gobierno, claves en las negociaciones con los concejales.
 
Difícilmente la administración insistirá, en los seis meses que le quedan, en presentar algún proyecto gordo que ya le hayan archivado, precisamente porque se expone a una resistencia generalizada. Está en curso, sin embargo, el estudio de la conveniencia de la consulta antitaurina, la última carta que se juega Petro contra las corridas en Bogotá. Además, deberá presentar el presupuesto del año entrante. Dos nuevos capítulos de un matrimonio que nunca tuvo acercamientos cariñosos y terminó, más bien, enfrascado en rounds de boxeo.